¿Desaceleración o crisis? He ahí la cuestión

Afirmando que “no son los mismos con las mismas” y de que “me sorprendería”, Rudolf Hommes, por la vía de un chat, me hizo llegar el discurso económico de Humberto de la Calle en la Seap. En la línea de todos los analistas oficiales y del Ministerio de Hacienda, el ya candidato del Partido Liberal parte de que “la economía colombiana atraviesa por una coyuntura de desaceleración” y que el mecanismo expedito para superarla o evitar su agravamiento consiste en “sanar las finanzas públicas (…) para poner al país en una nueva senda de crecimiento”.

Es evidente que tanto su base de análisis como sus soluciones están en el marco de la misma política económica que rige hace 25 años. ¿Será apenas una simple desaceleración cuando, en 2017, la sumatoria del déficit de las cuentas externas con el déficit fiscal, como porcentaje del PIB, será del 7,6 por ciento ‒si el primero se estima en 4 por ciento y el segundo en 3,6 por ciento (Clavijo)‒, superior a la de 2014, del 7 por ciento, pero luego de haber ya agotado todos los instrumentos: la política monetaria, con alza y baja de la tasa de interés; la política cambiaria, que corrigió la tasa de cambio en torno a $ 3.000, y la saturación de la política fiscal, con la inicua reforma tributaria, que no aumentó el recaudo en pesos reales?

Nada se dice en términos de empleo y de incentivar la demanda efectiva. Las cinco ‘locomotoras’ de Santos apenas crearon, entre 2010 y 2017, 300.000 de los más de tres millones de nuevos ocupados, en tanto los desocupados siguen por encima de los dos millones de personas. Incluso la propuesta liberal que busca preservar el grado de inversión no apunta a detener el crecimiento exponencial del endeudamiento público, sino que quiere ‒por lo expuesto‒ garantizarle recorrido seguro. La propuesta tampoco protege al país de nuevos choques externos provenientes de alzas sostenidas en las tasas de interés de la FED o del Trump’s Corporate-Tax Plan.

Esto, sin debatir que el candidato plantea ahondar, de hecho, los TLC, con aranceles tope al 10 por ciento y sin reversa a los de 0 por ciento, y el modelo de capital extranjero. No sé si sean los mismos, pero sí son las mismas, de la misma línea de la excentricidad de Vargas de poner en 0 por ciento la tarifa de renta a los intereses cobrados por los fondos de capital extranjero que adquieren TES y que fue hazmerreír en Wall Street.

Como el talante verdadero de un gobierno se determina en los siguientes términos, según Voltaire: “El arte de gobernar generalmente consiste en despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una clase de ciudadanos para transferirla a otra”, me concentro en cómo lo propone De la Calle, dejando de lado las otras propuestas complementarias.

Presenta una reforma tributaria “progresiva”, la cual, paradójicamente, arranca fijando una tarifa de impuesto de renta corporativo “plano”, para grandes, pequeñas y medianas empresas, en el 25 por ciento, sin deducciones ni beneficios, omitiendo de entrada que las utilidades empresariales tienen un índice Gini del 0,82 (Acopi Bogotá, Suárez, Martínez), mucho peor que el del ingreso entre personas, que es del 0,52.

Es decir que los tres mil grandes contribuyentes de personas jurídicas que en 2016 pagaban tarifa del 41 por ciento bajarían 16 puntos de un tajo, más allá incluso del 33 por ciento en el que quedaría la tarifa nominal en 2018, en condición igual a las pymes, precisamente las que están pasando por su peor momento. Dicha rebaja se compensaría, anota De la Calle, ampliando la base del IVA, fuera de la canasta básica, al 16 por ciento. Es decir, menos impuestos directos y todavía más indirectos, con los costos que corren a cargo de los de a pie. En cuanto a personas, aboga que “nuestra contribución sea creciente en nuestro nivel de riqueza”, mas no precisa cómo hacerlo realidad. Lo acompasa con flexibilizar la regla fiscal y con el lugar común de “eliminar trámites” y “combatir evasión”.

Si se quiere ser progresivo, ¿por qué no una tarifa diferencial para empresas ‒según tamaño‒ o aumentar el impuesto a las herencias, defectuoso, o gravar capitales golondrina especulativos, o aplicar una tasa a los patrimonios personales en el exterior, sustraídos del torrente económico nacional, o revivir la que se aplicó hasta 2006 al giro de las rentas de subsidiarias extranjeras a casas matrices, tal como existe en Perú, Francia y España? Esas sí serían ideas distintas.

“Lo que gasto es más de lo que gano”

Contrabando e importaciones y la elevación de los costos lo tienen produciendo a pérdida. José Erney Vargas, se queja también de la negociación en la CAN, que permite a Perú y Ecuador traer arroz barato. Están entrando con el TLC más de 200 mil toneladas. Un caso empresarial.

Erney es hijo de uno de los más recios colonizadores del Ariari, por entonces un terreno selvático, que él desbrozó a fuerza de tesón para sembrar maíz y plátano. Provenía del sur del Tolima, desplazado por la violencia, y se instaló en el caserío de Dosquebradas, perteneciente hoy al municipio de Granada, Meta. Debió dejar atrás la casa, los enseres y una recua de nueve mulas, pero la nueva tierra fue pródiga con él y el sembrío le dio para levantar a sus siete hijos, cinco varones y dos mujeres.

El primogénito, José Erney, nacido en Ibagué en 1960, heredó el temple de su padre y la entereza de aquellos viejos inmigrantes que abrieron hace décadas las puertas de la Orinoquia y la Amazonia, 600 mil kilómetros cuadrados de una Colombia aún desconocida.

José Erney se inició como camionero, pero muy joven todavía decidió dar el paso a la agricultura del maíz, ya por entonces más tecnificada gracias a la influencia de Fenalce y a la del Comité de Cerealistas de Villavicencio, que
reunía a los pioneros en el impulso del cultivo.

Comenzó produciendo 3 toneladas por hectárea hasta llegar a 7 en el mejor momento, con combinadas, tractores y transferencia de tecnología, a nivel empresarial. Fue una labor difícil, reconoce, por los graves problemas que  perturbaron durante muchos años la región del Ariari, escenario de continuos enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares. La enturbiaba además el narcotráfico, grupos y grupos de bandidos que terminaron acaparando el territorio e imponiendo su ley. “Los más perjudicados fuimos nosotros los civiles, empresarios, trabajadores, campesinos, víctimas de extorsiones o secuestros y no menos de las fumigaciones aéreas, que acabaron contaminando el suelo”.

Fue por aquella época cuando decidió abandonar otros géneros para concentrarse en el arroz, aun cuando la familia combina todavía ambos cultivos en la finca paterna, de 120 hectáreas, sembradas en su totalidad. Con 3 tractores,
2 combinadas, la sembradora, varias encaladoras, cultivadora, rastras, rastrillos, boleadora y fumigadora, el cosechero produjo en 2014 entre 4 y 5 toneladas por Contrabando e importaciones y la elevación de los costos
lo tienen produciendo a pérdida. José Erney Vargas, se queja también de la negociación en la CAN, que permite a
Perú y Ecuador traer arroz barato. Están entrando con el TLC más de 200 mil toneladas. Un caso empresarial.
23 Efectos del TLC Colombia-EE.UU. sobre el agro – Los rostros – hectárea. Pero se queja de que el equipo y la maquinaria se le quedaron obsoletos, porque no hay excedentes para renovarlos.

¿La razón? El arrocero une su voz a la protesta unánime de campesinos y empresarios que se escucha en Colombia de La Guajira hasta Nariño: “Desde cuando empezó a aplicarse el TLC, estamos produciendo a pérdida. Lo que gasto es más de lo que gano”.

Y precisa: “Los costos de combustibles e insumos se han incrementado, los márgenes de rentabilidad disminuido por la caída de los precios, la maleza ha adquirido resistencia a herbicidas y fungicidas y, frente a tantas y crecientes dificultades, el gobierno no tiene una política de apoyo al productor nacional. Nos ponen a competir con los agricultores norteamericanos, pero sin los subsidios de los que ellos sí disfrutan”.

La denuncia es explícita: “No se ven los beneficios del TLC, porque el tratado era supuestamente para traer materias primas importadas baratas, pero hacia los productores no sirve. Sembrar una hectárea de arroz cuesta alrededor
de 4 millones y medio de pesos y llevamos dos y tres años perdiendo plata, porque todo ha subido. Nos perjudican además las sequías en el verano y las inundaciones en invierno, los bajos precios del producto y los problemas de
comercialización”.

Reafirma: “Los agricultores queremos seguir adelante y no le creemos al gobierno cuando dice que el futuro del agro son las uchuvas u otras clases de productos. La realidad es que el gobierno está mintiendo cuando afirma que se
genera empleo. Hoy en día uno invierte plata o capital en el estudio para sacar a la familia adelante, pero no hay oportunidades”.

José Erney es claro en afirmar que la situación económica del empresariado arrocero ha ido desmejorando: “El panorama es gris oscuro para cualquier cantidad de gente que lleva décadas haciendo patria. Los pocos bienes que hemos hecho a través de la historia de nuestra vida están a punto de perderse, porque los bancos nos tienen embargados o reportados y a punto de quedarse con ellos”.

El crédito, una dependencia amarga, no sirve para avanzar

Como todos los empresarios, José Erney Vargas, depende del crédito. Por el año 1990 vivió su primera amarga experiencia amarga de otras que seguirían iguales o perores. Fue con un préstamo de fomento otorgado por el hoy
Banco Agrario para adquirir una máquina combinada. La entidad le concedió 32 millones de pesos, pero él terminó pagando en total 240. Hasta le embargaron la propiedad, que alcanzó a salvar a última hora.

Hace tres años recibió un crédito de la banca comercial por 120 millones de pesos, con dos años de plazo, para atender una emergencia por la ola invernal. Hasta ahora ha cancelado el 60% y consiguió reestructurar el saldo a otros dos años. El crédito estaba a una tasa de DTF y con la reestructuración le quedó por encima del 1% mensual.

El balance es desalentador: “La presión de las deudas es enorme. Voy a cumplir 55 años y no he logrado avanzar. Vivo con las mismas deudas y los mismos problemas que tengo desde hace 25 años”.

Por el lado del precio tampoco pinta bien el panorama. Hace dos años el arroz estaba en 106 mil la carga de 125 kilos, un precio impuesto por los molineros, que no equivale al valor real, puesto que el arroz puede tener humedad, impurezas y grano partido y en la práctica sale apenas en 90 mil pesos, un nivel que los molineros mantuvieron en el 2014, pese a que los insumos y demás costos se han incrementado en forma casi exponencial. Producir una tonelada de arroz paddy le cuesta entre 800 y 850 mil pesos y está sacando alrededor de 5, laborando todos los días y a toda hora. En solo semillas certificadas, fertilizantes y agroquímicos se le va el 60% y el resto en arriendo, mano de obra, recolección y transporte.

“En los bajos precios —explica José Erney— inciden las importaciones permitidas por el TLC, que ya superan las 200 mil toneladas, como también el contrabando y la negociación del libre comercio con la CAN, pues Ecuador y Perú producen un cereal mucho más barato, que entra a Colombia importado legalmente con cero arancel o de contrabando”. Y esto sin contar el factor climático y el problema de los ácaros y bacterias, agrega.

Él, como el resto de maiceros y arroceros, adquiere a crédito los fertilizantes comprándolos a los grandes distribuidores con almacenes en Granada. Toca apelar a veces a intermediarios de otras firmas, añade, porque no pocos agricultores están reportados o vencidos en sus créditos. “El gobierno nada ha hecho por bajarles el costo —dice—. Nada absolutamente nada, el ministro es un leguleyo. Tampoco presta ningún tipo de asistencia técnica”.

Comenta que en la región han disminuido las siembras de arroz y ya tan solo con una cosecha al año. Hoy en total no hay más de 15 mil hectáreas sembradas.

Con el ánimo en baja ante el receso productivo y la falta de apoyo estatal, José Erney Vargas no deja a veces de sentirse tentado a vender la finca y a vivir de la renta, junto a su anciana progenitora, que está a su cargo, la esposa y los dos hijos. “Pero no me decido, porque no sirvo para eso”.

Por ello no ha recurrido al expediente usual en estos casos, el despido de los trabajadores. “Mantengo siete trabajadores diarios, entre tractoristas y combinadores,
y pago en salarios 350 millones de pesos al año”.

José Erney Vargas Perdomo es un destacado dirigente gremial, desde hace veinte años presidente del Comité de Cerealistas, miembro de la junta directiva de Fenalce, directivo de Agameta —cuya lucha acompaña desde hace trece
años— e integrante de Dignidad Nacional Agropecuaria. Abriga la convicción de que es solo así, mediante el esfuerzo unificado de todos, empresarios y campesinos, como se le puede hacer resistencia a la ofensiva contra la producción
nacional.

 

Tomado del libro ‘Efectos del TLC Colombia -EE.UU. sobre el agro. Los rostros y las cifras.’ 

¿Y qué fue del Eje Cafetero?

La zona cafetera del país era considerada una “Suiza” entre las regiones de Colombia, ahora, el panorama, es diferente.

Durante décadas Caldas, Quindío y Risaralda se consideraron como una “Suiza” entre las regiones de Colombia. Fruto de la importancia del café en la economía nacional y en las exportaciones, este Eje ostentaba liderazgo nacional: los tres disputaban el mayor nivel de rendimiento por hectárea entre 12 y 13 cargas, lejos de Huila y Antioquia, que –luego de 20 años– los desplazaron.

En 1980-1981, cuando el café era el 5,8% del PIB total y cerca del 20% del PIB agrícola, los tres tenían en conjunto más de 220 mil hectáreas sembradas, casi la cuarta parte del país, y eran el 30% de la producción cafetera nacional. Al contrario, en 2014, acorde con el Censo Nacional Agropecuario, dicha participación en conjunto bajó al 16% tanto del porcentaje del área sembrada como de lo producido, casi igual que Antioquia y Huila pero cada uno por separado.

Las tres últimas crisis cafeteras, la de 1995, la de 2001 y la de 2013, dejaron a los departamentos del entonces Eje Cafetero como principales damnificados, se perdió el norte de la vocación y no se ha retomado ni menos encontrado otra diferente ni siquiera en el sector agropecuario, cuyo primer renglón sigue siendo el café, sólo afloran los call centers. En Caldas, que es quinto productor nacional, según el DANE, es aún 40% de la producción agrícola en volumen; en Risaralda, que es séptimo, es el 45%, y en Quindío, que ha caído al puesto número doce, sigue siendo 96,6% de las exportaciones quindianas y 62% del producto agropecuario. Allí la contribución del ecoturismo, al que se convirtió un número grande de fincas, es sólo el 5,6% del PIB departamental, menos que toda la agricultura. 

Depender todavía del grano, pero menguado y debilitado, ha hecho que en el Quindío el 73% de la población económicamente activa esté entre el desempleo y la informalidad y que uno de cada cinco risaraldenses se fuera de su región, que viva en España, Francia o Chile, siendo las remesas de estos emigrantes la variable de cierre de la demanda de los hogares para adquirir vivienda y bienes importados y suntuarios. En Caldas, el que la industria sea 15% del PIB y casi 20% del de Manizales, ayuda a una situación menos frágil que la de los otros dos casos donde la manufactura declinó. Como economías en decadencia en ninguna el ahorro de capital local logra financiar la inversión necesaria, las captaciones en el sector financiero son inferiores a las colocaciones.

En estos tres departamentos, la clase política inescrupulosa y una dirigencia económica, que abandonó los criterios cívicos fundacionales de esta comarca, se dedicaron a feriar los patrimonios públicos construidos por décadas. Empresas de energía, de telecomunicaciones y de aseo, alumbrados y aeropuertos (el de Manizales acabó en un desfalco) cayeron en manos de terceros e importantes activos regionales del gremio cafetero como las corporaciones financieras –para impulsar el desarrollo– se extinguieron. Los recursos derivados de las privatizaciones se esfumaron y no pocos congresistas, ex gobernadores y ex alcaldes han sido destituidos y encausados por corrupción y otros desaguisados.  

Todo al final decanta en agravamiento de males sociales: En Pereira crecen los adictos a la heroína y su edad promedio es de 16 años. De diez ciudades analizadas por Uniandes y otras entidades sobre el crecimiento del Índice de Progreso Social entre 2009 y 2014, Pereira ocupó el octavo puesto, con puntaje de 66,63, mientras el promedio nacional fue 68,85. Armenia ha estado entre las tres ciudades con más desempleo en los últimos años y el PIB del Quindío ocupa el puesto 22 entre todos los departamentos, superando solo a Chocó, Arauca, San Andrés y Vichada y a los seis de la Amazonia. También Quindío y Risaralda están entre los de mayor prevalencia de VIH. Caldas, por su parte, tiene tasa de migración negativa y la demográfica crece por debajo de la nacional. Se volvió región expulsora.

El antes denominado Eje Cafetero, víctima de la política económica de los últimos 25 años y de cabecillas que asaltaron el barco en medio del naufragio, requiere recuperar la senda del progreso. Aquí cabe la máxima: “las sociedades cambian cuando sus gentes cambian”: ¿llegó el momento de otros dirigentes?  https://static.bluradio.com/apps-frame/index.html

Valle del Cauca: la caída de la tasa de ganancia del capital local

El crecimiento promedio del Valle entre 1991 y 2015 fue de 3,3%.

La economía del Valle del Cauca sigue siendo la tercera del país, aunque su participación en el PIB nacional disminuyó entre 2003 y 2015 del 10,7% al 9,5%, precisamente en el periodo en el que se acentuó la revaluación, cuando la tasa de cambio promedio cayó de $2.877 a $1.868, en el marco del modelo de atracción de capital extranjero por la vía de los beneficios tributarios, la “locomotora” del petróleo y la minería e incentivos adicionales.

El resultado no sorprende. Datos recopilados por el ingeniero Julián Rincón de distintas fuentes, al mirar el crecimiento promedio del Valle entre 1991 y 2015, 3,3%, lo ubica por debajo de Santander, Antioquia, Bogotá y Atlántico, mientras que entre los años 2000 y 2015 (en precios constantes de 2015) el ingreso por habitante permaneció entre $11 y $12 millones y sus exportaciones apenas se duplicaron entre 2003 y 2013, rezagadas respecto a regiones petroleras y mineras. Los damnificados, como era de esperarse por los claros síntomas de Enfermedad Holandesa, fueron los sectores transables –agricultura e industria–, cuya participación de conjunto en la economía regional bajó del 28,3% al 21,5%.

A propósito, la agricultura vallecaucana ha vivido como la que más los efectos del libre comercio y se ha refugiado en cultivos tropicales o permanentes: en efecto, de 74.300 hectáreas de cultivos de cereales, algodón, soya, sorgo, millo y otros transitorios en 1990, tan solo restan ahora 19.600, la mitad en maíz. A contramano, el cultivo de la caña de azúcar pasó en estos 25 años de 106.600 hectáreas a más de 201 mil. Junto con los frutales -que hoy ocupan 30 mil hectáreas- fueron el destino de esa forzada operación de sustitución agrícola.

Dicha concentración se reflejó también en la manufactura. Los mismo cuatro sectores que en 1992 reunían el 64% del valor agregado, alimentos, sustancias químicas, bebidas y papel y cartón, para 2012 acumulaban el 72% en un proceso de convergencia explicable dado el poco espacio de crecimiento por las condiciones del comercio internacional para otros renglones. El sector de alimentos –que genera uno de cada tres pesos de dicho valor agregado– tiene como base, según lo destaca el economista Mario Valencia, 14 ingenios, que a su vez arrastran 12 cogeneradores de energía, 6 destilerías, una fábrica de papel, 40 industrias alimenticias, 3 de gaseosas, 8 de vinos y licores y 2.750 proveedores agrícolas. No hay duda de que ante la tragedia “revaluacionista”, durante los dos gobiernos de Uribe y el primero de Santos, se buscaron encadenamientos de protección.

Pese a esas esforzadas iniciativas, a partir de cálculos del estudiante del último año de Administración Empresas de Univalle, Pedro Cruz, la relación entre el valor agregado y los activos industriales entre 1990 y 2015 y con base en la EAM del DANE, cayó de 1,7 a 0,6. Igualmente, la relación producto/capital para dicho sector, descontado el monto total de salarios y prestaciones, estimada por el método de Dumenil y Levy, cae en picada entre 1990 y 2012, de 3,4 a 1,2, y tiene para 2015 una breve recuperación a 1,6, pero muy lejos de los valores de hace dos décadas.

En medio de tan incierto panorama, el gobierno Santos ha iniciado, disfrazado de Alianza Pacífico, un TLC con Australia, el segundo exportador de azúcar del mundo, un país que dedica 85% de su producción a la exportación, que muele el doble de toneladas de caña al año, que tiene zafra permanente, que duplica la producción colombiana y que, pese a que domina el comercio azucarero en Asia, ha perdido espacio allí, vacío que con seguridad busca recuperar allende el Pacífico.

A junio de 2017, el comercio minorista registra crecimientos negativos en Cali y también el Índice de Confianza del Consumidor está en zona roja. Y de remate, cada vez las colocaciones de cartera son superiores al ahorro captado en el sector financiero del Valle, lo cual induce a pensar que no está generando el capital suficiente para sus inversiones.

Se configura aquí el típico caso de cómo el capital nacional es actor de reparto en la política económica dominante, no hay ni un solo ingenio azucarero entre las cien mayores empresas de Colombia, en tanto el capital extranjero es el protagonista de cierre. Hasta los emires árabes reciben gabelas y beneficios, mientras se carga el costo a la producción y al trabajo local.

Cauca: café y conflictos en el posconflicto

En el departamento existen 15.000 hectáreas de coca en municipios como El Tambo –entre los 5 primeros de Colombia–, Balboa, Miranda y Corinto.

Casi uno de cada cinco caficultores de Colombia está en el Cauca. Cuenta el exdirector del periódico El Nuevo Liberal, Manuel Saa, que en la época de la bonanza, por los años setentas del siglo pasado, su padre llevó las primeras semillas, vistas entonces por allá como exóticas. Hoy noventa mil minifundistas producen ocho millones de arrobas, cien millones de kilos, un millón seiscientos mil sacos, cerca del doce por ciento de la cosecha nacional.

De dichas proporciones se deduce que la producción individual es de muy poco volumen, de 17 sacos, 8 y media cargas, lo cual arroja a cada productor un ingreso bruto de solo $600.000 mensuales y cuyo saldo neto resulta muy precario.

Estando así el café en dichos niveles, que en algunas zonas caucanas recibe precios superiores por ser de categoría especial, los demás renglones agrícolas tienen aún rentabilidades inferiores. Entre todos los departamentos, la región cuenta con el mayor número de cultivadores minifundistas de plátano, yuca y otros tubérculos. Así mismo, la siembra de caña de azúcar se ha extendido hasta las estribaciones de la cordillera, donde los ingenios con sus plantaciones hacen del Cauca el segundo del país en este género, con el 18% de la superficie sembrada y con solo 7.700 unidades productivas.

A contramano, en el Cauca existen 15.000 hectáreas de coca en municipios como El Tambo –entre los 5 primeros de Colombia–, Balboa, Miranda y Corinto. Según ciertos relatos, el tamaño promedio de este cultivo genera cien arrobas de coca trimestrales, que les significa a los cultivadores cerca de $4 millones de ingreso en ese lapso. Al final, acorde con las cuentas de los propios campesinos luego de descontar costos, se causa un ingreso neto de $700.000 al mes, superior al de muchos cultivos. Y aquí surge un primer gran conflicto: ¿cómo y cuándo y a cambio de qué se sustituirán las casi 200 millones de matas existentes?

El 20% de los caucanos son indígenas que reclaman los territorios que consideran propios según cédulas coloniales expedidas cuatro siglos antes. Así mismo, el 21% que son afrodescendientes en pueblos como Guachené, surgidos de los descendientes de los cimarrones rebelados contra la esclavitud, corren el riesgo de quedar ahogados ante el avance de la agroindustria en áreas colindantes. El gran ausente para dirimir estas disputas y concertar su solución es el Gobierno de Santos, que no actúa como árbitro sino como observador pasivo, aunque en no pocas ocasiones recurre al ESMAD.

Hoy están movilizados campesinos e indígenas en las principales vías reclamando que al menos se cumplan las propuestas reformistas consagradas en los acuerdos de terminación del conflicto. El gobierno debe atenderlos, tanto por el bien de los sectores reclamantes como para aclimatar la convivencia y el bienestar general.