Mes: octubre 2017

En economía, no a los mismos con las mismas

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

El 7 de agosto, hace casi tres meses, al cumplir siete años el mandato de Juan Manuel Santos, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, publicó un documento denominado ‘Colombia en cifras’, en el que muestra la evolución de algunas variables sociales y de la economía entre 2011 y 2016, entre ellas, la tasa de inversión, los montos de inversión extranjera directa, el coeficiente de Gini y la tasa de desempleo e informalidad. Incluye en él indicadores sobre el impacto de la inversión del Gobierno en infraestructura, seguridad, salud, vivienda, saneamiento básico, energía, educación y las TIC, entre otros.

Pero el ministro no anotó el valor de tales inversiones. Para saberlo, hubo que elevarles algunos derechos de petición a Planeación Nacional y a otras dependencias. El resultado, en números redondos: los más de 7 millones de conexiones de saneamiento básico costaron $ 7,43 billones; las 159.741 acometidas de energía eléctrica implicaron un costo de $ 1,38 billones; las 117.000 soluciones de vivienda gratis sumaron $ 4,7 billones y otros $ 2 billones más valió el apoyo a las 124.000 viviendas rurales VIS. Los programas Ser Pilo Paga, el aumento de la cobertura en la educación superior –con recursos para Icetex y para las universidades públicas– y la gratuidad en la educación suman $ 522.000 millones, $ 23 billones y $ 3,6 billones, respectivamente, entre 2011 y 2016 y desde que rige Ser Pilo Paga.

En salud, agregar 4,6 millones de personas al régimen subsidiado implicó un gasto de $ 3,15 billones y acrecentar el pie de Fuerza Pública en 23.100 policías más sumó $ 1,4 billones, a razón de $ 60 millones cada uno. En cuanto a infraestructura, entre segundas calzadas construidas y las redes viales primaria, secundaria y terciaria se destinaron $ 12,2 billones, según Invías. En conectividad, entre conexiones de banda ancha, de alta velocidad a municipios y tabletas y computadores a colegios, el Gobierno invirtió $ 2,5 billones. Los cálculos de la sumatoria total de esta inversión pública hechos por la economista y magíster Natalia Moreno dan $ 61,8 billones para el periodo 2011-2016, a razón de $ 10 billones por año. Es decir, la estrechez fiscal de Colombia no da a duras penas sino para pagar gastos básicos, o cuando mucho para asegurar derechos mínimos que deberían estar resueltos hace años.

No obstante, el análisis debe completarse examinando las fuentes de los recursos. Según el trabajo de Moreno, el recaudo de impuestos en dicho periodo fue de $ 655 billones, en pesos corrientes, y los gastos de funcionamiento, $ 595 billones. El excedente de $ 60 billones en esos años fue insuficiente para financiar presupuestalmente toda la inversión, máxime cuando la restante, excluyendo la que destaca Cárdenas en su documento, tuvo montos anuales superiores a $ 20 billones.

La contrapartida fuerte es el endeudamiento sin tasa ni medida del Gobierno central (GNC) y del sector público no financiero. Moreno afora la deuda del GNC contraída entre 2011 y 2016 en escandalosos $ 243 billones, y lo peor es que los intereses pagados suman $ 112 billones y las amortizaciones, con los cálculos tomados de las fuentes fiscales del Ministerio de Hacienda, fueron de $ 120 billones. Es decir, “Colombia se endeuda para pagar y paga para endeudarse”. Al final, el servicio anual menos el pago de intereses se va acumulando como deuda neta en un vertiginoso ‘debt rollover’ ‒“refinanciación de los créditos sobre sí mismos” ‒, lo que en plata blanca es una operación cruda de exacción sobre el ahorro nacional público y privado. Todo al debe.

El actual debate electoral debe pasar, así no lo quieran el ministro Cárdenas o la ministra Gutiérrez o los centros de pensamiento oficial, por un cuestionamiento a fondo de la política económica, que nos ha llevado entre el octavo y el noveno de los ‘anillos del infierno’ en este, el primer asunto público del país. Si en el pantano de la corrupción se clama por “no más los mismos con las mismas”, aquí, en la economía, cabe el doble.

Nariño: entre la trampa de pobreza y la economía encubierta

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

El ingreso anual por habitante de Nariño es de 2.500 dólares. En contraste, el agua de los acueductos es de alto riesgo para el consumo humano.

El ingreso anual por habitante de Nariño es de 2.500 dólares, similar al de Laos y Yemen, a pesar de que ocupa el primer puesto con el mayor número de productores de varios tubérculos, de banano, durazno, fresa y lulo y también de especies animales menores. Cuenta con 45 mil predios de ganado bovino, está entre las cinco cuencas lecheras más importantes del país y ocupa el segundo puesto como productor de papa, yuca, cacao, papaya y cereales como avena y quinua. No obstante, el 85,7% de las Unidades Productivas son menores de 5 hectáreas, ocupan apenas el 7% del área de la superficie total rural y tienen un tamaño promedio menor a una hectárea. Muchas de ellas, 37.429 de las más de 218.000, son caficultoras. Vale añadir que este departamento es el número uno en mujeres productoras rurales.

A pesar de lo anterior, de la gran proporción de la población económica activa dedicada a la agricultura, la construcción es el sector con mayor participación en el PIB, con casi el 13%. En efecto, en términos de vivienda, es el 3% de la construcción en Colombia y en unifamiliares, el segundo más constructor después de Manizales. Entre 2014 y 2015, el área de licencia creció casi el doble para las viviendas VIS y un 50% para las No VIS. Sin embargo, en Pasto el crédito para ese último tipo de edificación solo subió 1,5%, con lo cual el 70% de este tipo se construye sin crédito, sin ninguna clase de préstamo oficial. Contra lo que se podría suponer, por encontrarse en zona de frontera, allí se origina apenas el 0,2% de las exportaciones de Colombia como consecuencia del peso tan exiguo de los demás sectores económicos en la producción, fuera de los ya mencionados. Y en la relación comercial externa, tuvo incluso una balanza negativa de 72,6 millones de dólares en 2015.

A contramano, cubre el 6,7% de la producción nacional de oro, principalmente en la Región Pacífico, la misma donde están ubicadas las mayores extensiones del cultivo de hoja de coca, de las 43 mil existentes en Nariño, con más de 510 millones de matas sembradas, lo que lo hace el primer productor de este género en el país. Todo lo anterior, en el marco de un desempleo que nunca ha bajado a un dígito y de una informalidad laboral superior al 50%.

Toda la zona fronteriza, la del Pacífico y la de la ex provincia de Obando, tiene 460 mil personas. En la primera, el 85% son afrodescendientes y en la segunda hay algunos municipios donde los indígenas pastos alcanzan una proporción similar. Persisten en ambas altos índices de mortalidad infantil y mortalidad materna, aun cuando en la primera la principal causa de muerte son los homicidios y la enfermedad infantil evitable; en la segunda, las cardiovasculares y cerebrovasculares. En todos estos municipios, incluyendo Ipiales y Tumaco, el agua de los acueductos es de alto riesgo para el consumo humano y sus comunidades étnicas registran indicadores superiores de desnutrición global, como también falta de acceso a los servicios de salud, por razones geográficas y económicas. Todo lo anterior, combinado con violencia, desplazamiento y minas antipersonales.

Para rematar, a pesar de su potencial agrícola, Nariño fue de los departamentos que más sufrieron por el alto precio de los alimentos en la reciente ola alcista; estos, más la vivienda, el transporte y los combustibles suman el 90% del IPC en la región.

Del recuento anterior puede inferirse que la combinación entre trampa de pobreza y economía encubierta parece explicar, no dos sendas de crecimiento diferente, sino complementarias. En un departamento con un porvenir tan incierto, el gobierno del presidente Santos, como la panacea, decide reforzar en más de nueve mil unidades la fuerza pública. Se pensaría que el primer mandatario se esfuerza más por obedecer órdenes foráneas que por dar solución a las deplorables realidades estructurales de Nariño.

Un ministro de Agricultura “urbanizador”

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Análisis sobre el recién electo ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga.

Cuando Juan Manuel Santos presentó a Juan Guillermo Zuluaga como nuevo ministro de Agricultura y dijo que “tenía gran experiencia en el sector”, quienes lo conocen bien quedaron atónitos porque, fuera de practicar team penning (deporte de vaqueros a caballo, según La Silla Vacía), no sabe ni siquiera “castrar novillos”, condición que esgrimía el anterior ministro Iragorri para validarse. Zuluaga ha hecho, ante todo, carrera política desde asesor del Congreso hasta alcalde de Villavicencio, mayormente al lado del Partido de  la U.

En lo que Zuluaga tiene experticia es en procesos urbanísticos, como los adelantados en su Alcaldía entre 2012 y 2015. Basado en un Convenio Interadministrativo con la Gobernación de Alan Jara, el 554 del 28 de junio de 2013 -que sumaba $126.561 millones-, y aunando esfuerzos para la disposición de 3196 viviendas VIS, impulsó a su vez, desde Villavivienda, el 005 del 25 de septiembre de 2013, para la construcción de 1874 de precarias especificaciones en la Ciudadela La Madrid, y el 006, del 4 de diciembre de 2013, para otras 1322 en la Trece de Mayo, ambas de  impacto inmobiliario al suroeste de Villavo. 

En el primer convenio, el 005, Zuluaga, en terrenos de propiedad del municipio, configuró como “aliado estratégico” al mayor contratista de ese departamento, Iván Pérez, escogido a dedo precisamente cuando Carmelo Pérez, primo del beneficiario, era secretario departamental de vivienda. Algo similar pasó con el 006, donde el “dedazo” fue para  Óscar Salamanca quien resultó domiciliado en el “escritorio del lado” en la misma oficina de Iván Pérez en el Parque Comercial La Primavera.

El valor de las viviendas se pactó a $43 millones por cada una y sus fuentes de pago fueron $28 millones puestos por la Gobernación; $6 millones aportados por los beneficiarios; urbanismo y terrenos auxiliados por Villavivienda y un exiguo monto por la firma MC de Pérez.

Ninguno de los dos proyectos llegó a término en sendos plazos de quince y once meses sin que se hubiera pactado prórroga para cubrir el desfase. En lo que sí hubo agilidad fue en vender 70 lotes en la zona más contigua de expansión de La Madrid, sobre las nuevas vías principales,  y varios a Pérez y a sus empresas. 

Publicidad

En el marco de legalizar tardíamente tales convenios, Zuluaga los introdujo en la revisión del POT de Villavicencio, sancionado a la sazón por el Concejo el 29 de diciembre de 2015, una vez había aprobado y ajustado los necesarios planes parciales el 31 de diciembre de 2014 y el 27 de octubre de 2015, mucho tiempo después de haber seleccionado a Pérez y a sus asociados. Este proceder enrevesado le valió hasta acusaciones de Pérez, quien lo calificó de “manejo improvisado y desordenado”. Ese POT se expidió en medio de un boom de mercado de tierras al voltear por expansión dos mil nuevas hectáreas y que en 2015 se expresó entre los tres mayores índices de precios de vivienda nueva en el país.   

Hay más cuestionamientos a la gestión urbanística de Zuluaga como la declaración de tres zonas industriales en el nuevo perímetro urbano sin siquiera tener servicios públicos y como el leonino contrato del Municipio para zonas azules -de parqueo permitido en calle- donde el socio privado se queda con el 80% del producido. También se critica el inicuo cobro de cesiones urbanísticas al Parque Comercial La Primavera a valores irrisorios, así como el negocio de la plusvalía que debía pagar la encumbrada firma Amarilo, en desarrollo de la construcción de miles de unidades de vivienda, canjeada por algunas áreas que al parecer resultaron localizadas sobre la línea de transmisión de gas, una servidumbre que impide cualquier utilización.

Si la labor de Zuluaga con el agro se equipara a la de su Alcaldía, con estos hechos que son de público conocimiento, le esperan al sector mayores tragedias que las que motivan la justa protesta arrocera desde el 12 de octubre.

Lo anterior no debe ir en detrimento de que haya un llanero en esa cartera, pero de los que abundan en dicha tierra de gente laboriosa, que conocen de agricultura y ganadería, no de duchos en pasar tierra rural a urbana. ¡Vaya paradoja!

Adenda: ¿Será que la investigación de la Fiscalía a Iván Pérez se extenderá hasta la Alcaldía de Villavicencio 2012-2015? Por menos hay unos cuantos ex alcaldes imputados y hasta detenidos.

La troncal de TransMilenio por la Séptima: un falso positivo, opinión de Aurelio Suárez

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

«Los miles de bogotanos que enarbolan la bandera Defendamos la Séptima están llenos de argumentos frente al alcalde Peñalosa».

Al revisar la literatura actual sobre evaluación de proyectos de infraestructura, la metodología del Centro de Economía Aplicada de la Universidad de Kansas, utilizada en múltiples casos, parte de la premisa de que un análisis de decisión completo requiere tanto estudios Beneficio/Costo como de Impacto Económico Neto. Afirma –textualmente– que todo plan que carezca de ellos será un falso positivo.

Ambos estudios deben permitir responder preguntas como: ¿Hay ancho suficiente en todos los tramos de la vía en construcción? ¿Cuál es el resultado del vector de movilidad, en relación con el presente? ¿Cuántos accidentes se evitan? ¿Es suficiente el número de carriles? ¿Cómo funcionarían las intersecciones? ¿Cuál es el costo (VP) de la construcción? ¿Cuál es en valor presente el costo que tendrá la comunidad durante el periodo de construcción? ¿Cuál es, en términos ambientales, el beneficio por reducir la contaminación del aire y visual? ¿Cuál el intangible de destruir edificaciones de patrimonio cultural?

Un ejercicio del economista y magister egresado de la Universidad de los Andes, Mateo Hoyos, para el cuestionado plan de Transmilenio por la Séptima, demuestra que trayendo los flujos de caja que obtendría el Distrito una vez entre en funcionamiento esa troncal –a una tasa de retorno del 4%– apenas recuperaría en el año 2300 los $2,4 billones que Peñalosa y sus funcionarios han dicho de afán que valdría la obra. Agrega Hoyos que, de aplicarse una tasa del 7%, estándar a nivel internacional, la vía quedaría como programa a fondo perdido para el Distrito. ¿Nada va a decir la Contraloría Distrital al respecto?

Resulta peor cuando se evalúa el costo social de este Transmilenio por la Séptima. Desatendiendo el documento CONPES 3093, que jerarquiza troncales que atiendan “áreas con alta densidad de generación (…) comunicando en su mayoría zonas de vivienda de estratos 1,2 y 3”, el TM se va a implantar sobre las localidades de Chapinero y Usaquén las de menor presencia de esta población. Entre las dos solo suman el 3,1% del total de Bogotá; apenas 10% de las viviendas y 8% de las personas. Entre tanto se relegan otras, como la de la Avenida Ciudad de Cali, que impactarían a dos millones de personas. A esto, el alcalde Peñalosa responde que estará feliz viendo “a los ricos en el transporte masivo”.

El balance es más grave cuando se nota que, como la Troncal por la Séptima no cumple tal condición del documento CONPES, su costo, como lo ha admitido la propia Administración, debería imputarse al del “Metro esbelto y elevado” a cargo del Distrito. De ahí resulta que para las finanzas de Bogotá dicha solución, seleccionada como la más barata, resultó más costosa: $6,3 billones, al sumarse estos $2,4 billones a los $3,9 billones del aporte distrital al proyecto global.

Tampoco la Troncal aliviará la movilidad. Para 2021, Transmilenio moverá 3.288.000 pasajeros al día y la Troncal de la Séptima, que tendrá una capacidad de 20 mil pasajeros-hora-sentido, a lo sumo absorbería la demanda creciente, pero no resolverá el colapso. Al final, se justifica como vía alterna a la Caracas cuando esté en construcción el esperpento del Metro “elevado” sobre los buses rojos; es decir, Peñalosa acude a esta absurda solución intentando enmendar su imperdonable error histórico: haber suplantado en el año 2000 del Metro por Transmilenio. Una equivocación para corregir una anterior.

Ambientalmente, aun en el caso de que miles de automóviles fueran reemplazados por 150 buses diésel, la ecuación inicial de contaminación no aparece positiva. Los primeros generan mucho menos gases de Efecto Invernadero (GEI) como CO2 y NOx, e igual sucede con el material particulado. Y si las unidades no fueran diésel sino eléctricas, cuyo costo de adquisición es mucho mayor, el tiempo de recuperación de la inversión es casi el doble, lo cual incidirá en la tarifa a los usuarios.  

A estas alturas, la Administración de Peñalosa no logra responder las objeciones expuestas, fiscales, ambientales, de movilidad y sociales y muchas otras más, porque carece de estudios mínimos que al menos comparen el costo de oportunidad del cuestionado plan frente a otras alternativas de gasto público. Y todo con el silencio cómplice de los organismos de control.

Los miles de bogotanos que enarbolan la banderaDefendamos la Séptima están llenos de argumentos frente al Alcalde que, a contramano, estuvo libando y celebrando por el endeudamiento que el Concejo le aprobó para este –técnicamente hablando– falso positivo.

Quién expone a Avianca, ¿sus pilotos o sus propietarios?

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Desde que en mayo se debatió en Blu Radio la venta de Cafesalud al grupo Prestasalud, se sembraron muchas dudas sobre la factibilidad económica y la eficacia de esa transacción. Se iban a ver severamente afectadas tanto la estructura financiera de la liquidación como la prestación del servicio a los 5,6 millones de usuarios que en ese momento estaban afiliados a dicha EPS.

Las razones para cuestionar “el negocio” son abundantes: por un lado, de los $1,4 billones ofrecidos y aceptados por el proponente Prestasalud y los agentes liquidadores y la Supersalud, más de $400 mil millones constituyen un canje entre las deudas de Cafesalud y algunas de las IPS que conformaron el consorcio comprador, entre ellas, el Grupo San José, Fundación Saint, Fundación Esensa, Servicio Aéreo Medicalizado y Fundamental MedicalFly, Medplus Medicina Prepagada (de exsocios de Carlos Palacino), Medilaser y Centro Nacional de Oncología, varias vinculadas por presuntos actos de corrupción en el sector.

El resto podrá ser pagado en cuotas por cinco años. Es decir, nada entrará como efectivo inmediato para atender las acreencias pendientes y el saldo será alimentado en parte por el pago a futuro de cada uno de los 5,6 millones de afiliados que quedaron bajo su tutela, pago hecho por el mismo gobierno –en el régimen subsidiado– y por los usuarios del contributivo.

Cuenta además la revista Semana que fue necesario para este cambalache que Prestasalud creara otra sociedad compradora y, a la vez, Cafesalud se escindiera en dos, a saber: Newscos y la IPS Esimed. Al final, si se divide el monto total de la compra, de $1,4 billones, por el número de asignados, 5,6 millones, el negocio se hizo del modo más mercantil: un equivalente de entre 85 y 90 dólares por cada cabeza, como clientes de un supermercado.

Los reparos de la Procuraduría y demás entidades de control sobre la verdadera palanca financiera para ese “nuevo modelo de negocio” en salud tuvieron como respuesta que el grupo español Ribera, del cual es propietario en un 50 % la compañía norteamericana Centene Group, se comprometiera a capitalizar la operación: que adquiriría el 80 % de una de las dos nuevas sociedades y el 20 % en la otra.

Al indagar sobre Ribera, “líder en concesiones administrativas sanitarias en España”, como se llama a sí misma, se descubre que su sistema de gestión ha recibido cuestionamientos, pues como gestor privado –APP en salud– se lucra de la infraestructura y de los recursos públicos. Ha reconocido además que recibe comisiones por comprarles medicamentos a los mismos laboratorios que los suministran a sus hospitales concesionados. Ya está también en Perú y Chile y es la cabeza de playa de Centene en América Latina.

https://www.elespanol.com/espana/politica/20161115/170983550_0.html

No es extraño entonces que, como fruto de tanto cambalache, en los primeros dos meses de atención al público se haya suscitado una oleada de diez mil quejas y, aún más grave, se denunciara el insólito abandono de niños pacientes con cáncer en Bucaramanga y en Cali, desafuero que no pudiera explicar el gerente al aire en Blu Radio. Tantas anomalías juntas impelieron a la Procuraduría a solicitar a la Supersalud la intervención de Medimás, el nombre que Prestasalud le puso a su EPS.

Finalmente, en un blog de Alberto Donadío en El Espectador se ha denunciado que en Medimás “decidieron anular los casi 2 millones de autorizaciones de servicios de salud que Cafesalud tiene pendientes, obligando a millones de colombianos a tener que ir (…) para solicitar (…) de nuevo el servicio que no les fue prestado”.

Si la Procuraduría cumple con velar por la vida y la salud de los colombianos, no se entiende por qué no disciplina a quienes, en vez de resolver en Cafesalud los desmanes de Saludcoop, terminaron empeorándolos. Y que después buscaron cómo deshacerse de ella en lugar de mejorar la muy ruin atención que se brinda a los colombianos, millones de los cuales consideran la falta de salud como su mayor problema.