Mes: agosto 2017

El Caribe, una víctima de la política económica

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

El departamento de Córdoba es primero en agricultura, aunque el Caribe perdió participación en este sector a escala nacional en lo corrido del siglo, del 18,6% al 14,8%.

Economistas costeños como Jorge Vergara Carbó y Salomón Kalmanovitz han retomado aspectos del estudio del Banco de la República acerca de la “Evolución socioeconómica de la región Caribe colombiana entre 1997 y 2017”, para profundizar en las características más relevantes de los siete departamentos que la conforman. 

Vergara hace un parangón de esa economía regional con la de Bogotá. Anota que siendo el Caribe el 11,6% del territorio nacional y el 21,4% de su población, es sólo 15,2% del PIB. Comparando con la capital, que es el 25% del PIB nacional –y con los mismos diez millones de habitantes de la Región Atlántica si se consideran los 30 municipios que la integran como región–, el ingreso por habitante de los costeños es 70% del ingreso promedio nacional y apenas 50% del de los bogotanos. Como de cada cien pesos que se producen en la región caribeña 55 están en Atlántico y Bolívar, acota Vergara, el ingreso por habitante de los otros cinco departamentos es todavía más limitado.

Complementa su análisis mirando los sectores económicos y resalta la importancia de la minería para Cesar, Córdoba y La Guajira, que puede sumar el 20% del país, pero deplora las casi inexistentes contraprestaciones que por ello reciben. La industria, acota, solo existe en Bolívar y Atlántico, pero mucho más en Cartagena, donde se fabrica la mitad de las sustancias químicas del país y está Reficar. Allí la manufactura genera uno de cada cuatro pesos de la economía.

Córdoba es primero en agricultura, aunque el Caribe perdió participación en este sector a escala nacional en lo corrido del siglo, del 18,6% al 14,8%. Poco sirvió el crecimiento del área sembrada y la producción de palma de aceite, yuca, plátano y maíz en detrimento del algodón, del arroz y, sobre todo, de la ganadería, cada vez más reducida. Por lo demás, subió la construcción, y en el comercio, hoteles y restaurantes –con informalidad incluida– está el mayor número de ocupados. 

Kalmanovitz hace también un análisis sectorial. Destaca que el PIB del Caribe creció un poco más que el de Colombia, pero enfatiza en aspectos sociales lamentables: que el analfabetismo es del 14%; que el hacinamiento en viviendas es del 28%; que 30% de ellas no cuenta con disposición adecuada de excretas y el 18% tiene piso de tierra; que hay 31 muertos por cada mil nacidos y que, si bien la cobertura en salud y educación aumentó, la calidad y el acceso real son deficientes por “el clientelismo y la corrupción”.

Publicidad

Algunos elementos explican las causas del cuadro antes descrito: la vocación minera no compensó el bajón o la inexistencia de la manufactura regional ni la de la agricultura. En La Guajira, por ejemplo, la minería es el 50% del PIB departamental, pero sólo emplea a 2,5 de cada cien trabajadores. Y en el Cesar, pese a que en 2016 fue el 35% de la economía, solo contribuyó con el 3% del ingreso de los cesarenses. El resto corrió a bolsillos extranjeros.  

Así mismo, aunque Guajira y Cesar son el 8,6% de las exportaciones nacionales, su contribución para impulsar el crecimiento de las respectivas economías regionales es bastante inferior: de 550 mil empleos totales en este último departamento, sólo 20 mil corresponden al empleo minero. A contramano, Bogotá, que genera cerca del 5% de las exportaciones de Colombia, crea uno de cada cuatro pesos de la economía, fundada en el mercado interno.

El Caribe, exceptuando quizás la industria de Cartagena, está entrampado en la precariedad y la pobreza, como lo refuerza el estudio del Banco de la República al afirmar que “un departamento con bajo crecimiento tiene una alta probabilidad de mantenerse en el mismo nivel de crecimiento. No obstante, en la región Caribe el porcentaje es más alto (90,9%)”. Esa probabilidad está cimentada en razones expuestas por Vergara, como el centralismo y los TLC, o en las lacras de las corruptelas que señala Kalmanovitz, pero en especial, agrego, por ser víctima del modelo de Capital Extranjero con base en la locomotora minero-energética, que está dando los últimos estertores. Con todas sus secuelas.

¿“Apicidio” o genocidio?

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

El ataque a abejas y demás polinizadores pone en riesgo la seguridad alimentaria.

El ministro saliente de Agricultura, Aurelio  Iragorri, echa campanas al vuelo hablando del periodo de la mayor producción de alimentos en la historia e inclusive de la recuperación de la seguridad alimentaria nacional. Se fundamenta en el crecimiento anual del PIB agrícola en el primer trimestre del 2017 en el 7,7% y del 4,4% para el segundo.

No obstante, otras cifras amargan las fiestas ministeriales. Por ejemplo, las importaciones de los principales 24 capítulos del Arancel de Aduanas de alimentos y productos del ámbito agropecuario, sumaron en 2017 -de enero a junio- 6’785.891 toneladas mientras en ese mismo periodo para 2016 fueron de 6’721.740. De junio a junio, para 2016, dichas compras externas valieron 5.938 millones de dólares y a 2017 sumaron 6.371. Así mismo, sigue nuestra inferioridad en cereales: Colombia continúa importando más de 4 millones 100 mil toneladas semestrales. (DANE, Junio 2017).

La incertidumbre alimentaria en Colombia se agrava por otros hechos adicionales a los TLC. Tiene que ver, por ejemplo, con las denuncias que los apicultores han hecho sobre la eliminación de colmenas en los últimos años. Como algunos preguntarán sobre la relación de este “apicidio” con la dieta, hay que recordar que los insectos, y entre ellos las abejas melíferas, cumplen papel clave en la autopolinización y polinización de muchos cultivos para su reproducción en cantidad y calidad.

Según IBPES,  Plataforma Intergubernamental de Política de Ciencia en Biodiversidad y Servicios a Ecosistemas, decenas de miles de especies polinizadoras, entre las que sobresalen las abejas melíferas, son colaboradoras para la producción y la calidad de al menos el 75% de los cultivos. Entre los más relevantes están: manzana, ciruela, pera, durazno, cereza, kiwi, alfalfa, repollo, zanahoria, coliflor, pepino, colza, cebolla, berenjena, melón, sandía, girasol, con cosechas que vale centenares de miles de millones de dólares al año. En otros casos, como el maíz en Estados Unidos, los agricultores alquilan colmenas para aumentar la productividad.

A escala global esta organización y otras como PBS.org denuncian la grave afectación para las especies polinizadoras, en especial para las abejas melíferas, en la que se está constituyendo el uso indiscriminado y descontrolado de pesticidas en ciertos cultivos propiciando un proceso de extinción de insectos, un “apicidio”.

Se señala a los neonicotinoides, en especial con base en Clotianidina, calificados como “borradores” que acaban con todo tipo de insecto  y al Fipronil de incidir, como -además del cambio climático, de la deforestación y de los cultivos transgénicos- catalizadores para poner en vía de exterminio al 16,5 % de los polinizadores invertebrados en áreas terrestres, al 9% de abejas y mariposas de Europa y al 30% que habitan en islas. El Colegio de Ciencias Ambientales y Agricultura de la Universidad de Illinois destaca 60 pesticidas como de alta toxicidad para las abejas con exposición directa en zonas de fumigación o porque los transmitan a las colmenas, afectando sus defensas, facilitando enfermedades como el virus de alas deformes y parasitarias.

En Colombia se replica el fenómeno. El colectivo Abejas  Vivos, que aglutina a 1.174 apicultores, de 3.700 registrados en total, de 22 departamentos con 35.216 colmenas ha denunciado que 29% de ellas están amenazadas de mortandad, habiendo perdido cerca de $10 mil millones en empleos y miel. Este hecho difundido en distintos medios, y pese a la realización de pruebas de laboratorio que brindan evidencia de la intoxicación recurrente de abejas por Fipronil–como en Guasca-, solo ha producido en las autoridades fitosanitarias la ratificación de que esos tóxicos tienen licencia.

A contramano, en Europa, donde acaba de establecerse que en 19 países se encontraron huevos con fenilpirazol (Fipronil), prohibido allí desde 2013 y  utilizado, quizás por razones de economía por compañías especializadas en desinfección de granjas como “bomba” para eliminar toda suerte de pestes, se han desechado todos los lotes contaminados.

El ataque a abejas y demás polinizadores pone en riesgo la seguridad alimentaria. El asunto requiere actuación de las entidades correspondientes, como el Instituto Humboldt, y exhorta, como piden muchos, a adoptar otro modelo tecnológico agrícola ya que el actual, dominado por un oligopolio global, puede conducir al genocidio tanto por privación definitiva de géneros alimentarios básicos como por crecientes y ocultas intoxicaciones colectivas.

Ciudad Verde: ganadores y perdedores en megaproyectos de vivienda

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

El estudioso, Aurelio Suárez Montoya, analizó la situación del crecimiento de las ciudades modernas.

El crecimiento de las ciudades modernas está supeditado tanto a la inevitable migración, que en Bogotá es de 120 mil personas al año, como a la política que se adopte para vivienda popular. Debe agregarse el crecimiento demográfico, que es del 1,1%, y la demanda de la clase media, que tiene en una casa su sueño patrimonial.

En la capital de la República ha habido dos ejes en la construcción de vivienda: el “pirata”- que ha construido el 50%, incluyendo invasiones- y el negocio inmobiliario, que ha evolucionado bajo distintas modalidades. El mercado de la vivienda involucra tres factores: la tierra, el capital –principalmente como crédito– y los materiales de construcción. 

Antes de 1972, el BCH y el ICT, corrían con la financiación, en oportunidades asociados con bancos comerciales. Luego vino el UPAC, que volvió rector al capital financiero con bancos y hasta capitales foráneos involucrados. Además de la cuota inicial, se creó un filón con préstamos de largo plazo y baja tasa de interés, tanto que los costos del capital en la construcción en 1982 ya eran 19%, el doble de una década antes.

El deterioro de la economía, según Álvaro Montenegro en 1998 cambió el préstamo UPAC de “una tasa de interés de 7,5% para préstamos y con una corrección igual a la inflación”, donde “el margen de intermediación… era de 5%”, a uno “tres veces mayor”. Como consecuencia, el sistema estalló en 1999 y 800 mil hogares perdieron sus viviendas. En Bogotá, de 48% de hogares con casa propia se cayó al 41%. El INURBE, creado en 1991 para apalancar con subsidios esa operación, fue arrastrado y liquidado en 2002.

En cuanto al suelo, según Samuel Jaramillo, ha habido una especulación “estructural” e “inductiva” para explicar los sobreprecios que se agregan cuando se “voltea” su uso. El índice del precio del suelo para Bogotá (IPS), de 100 puntos en 1960 pasó a 1.998 en 2016 y, por ende, entre 2003 y 2015 el precio de la vivienda, nueva y usada, creció 2,5 veces. 

La industria colombiana de materiales de construcción es “madura y fuerte”,  exporta cientos de millones de dólares y su principal mercado es la vivienda y la VIS, el 30% de las construidas, que goza de devolución de IVA. Hay un oligopolio cementero; en cerámica existe posición dominante de pocas firmas y también en elementos básicos como tubería plástica, ladrillos, tejas y hierro y acero. El Índice de costos de construcción de vivienda anual entre 2006 y 2017 varió en torno al 3,5%.

Las empresas constructoras, que facturan $27 billones al  año, también se concentraron en un grupo selecto. Amarilo, Cusezar, Grupo Colpatria, Constructora Bolívar, Marval, Prodesa, Urbe Capital, Coninsa Ramón H, Ospinas y Cajas de Compensación tienen lugar relevante.

Como solución “novedosa” se dictó el artículo 79 en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 con la figura de Macroproyectos de Interés Social Nacional, que dio lugar a 20 planes de este tipo, entre ellos Ciudad Verde en Soacha, contiguo a Bogotá. Entregaba al Gobierno Nacional la facultad para adelantarlos por encima de las autoridades territoriales y enganchar socios privados. Más tarde, la sentencia C-149-2010 de la Corte Constitucional, lo declaró inexequible por “desplazar las competencias constitucionalmente asignadas a los concejos municipales”. No obstante, permitió los que se estaban ejecutando.

Ciudad Verde es emblemática. Luego de seis años, se han ubicado 36 mil familias, de 42 mil proyectadas. Las de la primera etapa, que colonizaron el proyecto, fueron plantadas en la parte más occidental del terreno, una antigua propiedad rural de la familia Puyana y de otros, a un kilómetro de donde se planea la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas, zona que el POT de Soacha no tenía dentro de las 230 hectáreas contempladas para expansión sin afectaciones ambientales ni inundaciones. El proyecto, en una suerte de “volteo”, siguió desde ahí hacia el oriente.

Las quejas de la población habitante, además de los malos olores en áreas circundantes, son múltiples: quedó tirada en este territorio con colegios insuficientes para la cantidad de estudiantes; sin un centro de salud para urgencias; con transporte deficiente e inexistente en horas nocturnas y a la hora de ir a trabajar; con una sola guardería donde se hacinan 600 niños; inseguridad creciente, con pandillas y microtráfico, ante la falta de Policía; exorbitantes tarifas de los servicios públicos, como la del aseo, a nivel de estrato cuatro, sin una prestación adecuada y con defectuoso suministro de acueducto.

Se trata de hogares con uno y dos salarios mínimos que acceden a subsidios de $22 millones pero que aun así no logran pagar las cuotas de amortización de crédito y  administración de sus conjuntos, por lo cual 60% de los habitantes son arrendatarios.

Cuando se evalúan las políticas de vivienda popular, VIP, VIS o Gratis, los ganadores son los mismos y los perdedores los de siempre. ¿Será posible un cambio con dicha estructura oligopólica e integrada bajo los mismos intereses financieros, de especulación inmobiliaria y alta concentración del negocio? Me temo que no, que toda “mejora” irá en peor.