Un compendio de la evolución de las cifras básicas de la Upme del sistema eléctrico de Colombia en los últimos 20 años, realizado por el estudiante de economía de la Universidad de Antioquia, Andrés Trigos, lleva a una de las más dramáticas conclusiones que en este campo puedan tenerse.
Pese a la inversión, entre el 2006 y el 2015 de cerca de 18 billones de pesos, calculados, año a año, en dólares, según la respectiva tasa de cambio, para establecer un “colchón de seguridad” que atendiera situaciones de estrés como los daños técnicos o las sequías, los resultados son tanto o más insatisfactorios que en las funestas épocas del ‘apagón’. Poco o nada se ha ganado.
Veamos. Entre 1996 y 2005, acorde con las leyes de servicios públicos, se fijó un cargo por capacidad que llevara a crear un margen diferencial suficiente entre la potencia instalada en el sistema y la demanda máxima de potencia de los distintos agentes, y que borrara para siempre los oscuros recuerdos de 1992. Para 1994, la potencia instalada de todo el sistema era de 10.080 MW, y la demanda máxima de 6.896 MW. Es decir, que el ‘colchón’ era de 31,6 por ciento. Vale agregar que en el primer año la composición de fuentes de energía era en 78 por ciento para las hidráulicas, y en 22 por ciento para las térmicas. Al finalizar esa década, el margen entre oferta y demanda fue del 35,3 por ciento, casi 4 por ciento más, al crecer la potencia instalada a 13.348 MW y la demanda máxima a 8.639 MW.
La participación proporcional en la oferta total de las fuentes se modificó a 67,4 por ciento para las de origen hídrico, y a 32,6 por ciento para las de combustibles fósiles.
Desde cuando se creó, en el 2006, el cargo por confiabilidad, para expansión, reservas para combustibles y puesta a punto de todas centrales, que en los últimos diez años se ha estimado en la astronómica suma citada y pagada por los usuarios, no se ha producido cambio sustancial alguno.
En efecto, en el 2016, la potencia instalada es de 16.442 MW y la demanda máxima estimada es de 10.745 MW, o sea que el margen de seguridad del sistema, la diferencia entre oferta y demanda, cayó al 34,6 por ciento.
Luego de tan descomunal aporte salido del bolsillo del ciudadano común, aumentó la vulnerabilidad del sistema, tanto por el menor ‘colchón’ como por el alza de la participación en la oferta hidráulica sobre la térmica, ahora de 70 a 30 por ciento.
¿En qué se utilizaron, entonces, los billones de incentivos dados a las empresas generadoras privadas y públicas? El crecimiento de la demanda, en el periodo, entre el 2006 y el 2016, fue del 48 por ciento, y el de la oferta, del 55 por ciento.
¿Qué quiere decir esto? Que el grueso de los recursos recibido por las firmas en esa década no se destinó a acrecentar el margen de seguridad del sistema, sino a cubrir la ampliación natural del mercado dada por una demanda cautiva, que se hace efectiva casi que por la sola tasa demográfica y la expansión de la economía.
Los datos muestran que no se concretó el esfuerzo adicional que las empresas generadoras debían hacer para restarle inseguridad al sistema. Por el contrario, con buena parte de las casi dos billones de pesos anuales que los colombianos aportamos durante una década, y seguimos aportando, más los 10 pesos por KW-h, según el último decreto, las empresas financiaron la capacidad instalada cuya expansión les era menester para atender la tasa vegetativa del consumo. Y eso que la industria, un gran consumidor, ha tenido el suyo a la baja en los últimos cuatro años.
En la medida en que estallan Guatapé y Termoflores, seguramente por esfuerzos que exceden sus topes de operación y por las difíciles circunstancias para darles mantenimiento, mientras el fenómeno de ‘El Niño’ causa estragos, va quedando develado otro gran fraude –¿uno más?–, superior al ocurrido en Saludcoop o en Reficar.
Esta vez, con seguridad, en medio de mutuas inculpaciones, tampoco aparecerán los responsables. Y entre tinieblas y apagones, sí que será bien difícil encontrarlos.