La desigualdad tiene bloqueado al país

La organización actual, gradualmente más inequitativa y antidemocrática, ha montado bloqueos de décadas que no se franquearán sin cambiar su raíz.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Colombia es de los países más desiguales en la distribución del ingreso. En el periodo 2012-2019, el Banco Mundial lo ubica entre los cinco más inicuos cuando evalúa de cero a uno por el coeficiente de Gini. Mientras más cerca de uno, mayor inequidad. El país marcó en ese periodo desde 0,517 en 2012 hasta 0,499 en 2017, para subir a 0,513 en 2019. Vergonzoso que en el escalafón del Índice de Desarrollo Humano ocupe el puesto 83 entre 189 naciones, pero, al ajustarse por desigualdad, caiga al 95 (PNUD, 2019).

La iniquidad en el ingreso no es la única; se pueden contar muchas más. En la renta; en el patrimonio y la riqueza entre personas naturales, entre las empresas; en género; en educación; en seguridad social, tanto en la salud como en el sistema pensional; en el empleo; en la distribución de la tierra rural; en la propiedad urbana; en la inversión bursátil y el sistema bancario, en los que cuatro grupos controlan el 80 por ciento de los activos. En suma, un país muy antidemocrático.

Abundan los datos contundentes que permiten ratificar esa condición ilegítima. Es el tercero peor en repartición de renta en Latinoamérica después de Brasil y Guatemala (Cepal, 2017); el 1 por ciento más rico concentra el 40,6 por ciento del total de la riqueza (Londoño), y de cada 100 pesos de ingreso, al 50 por ciento de la población –los más pobres– solo le llegan 17, mientras que al 10 por ciento más rico le tocan 40 (Suárez).PUBLICIDAD

Tampoco está exenta de desequilibrios la estructura empresarial. De 1.380.000 firmas estudiadas, las primeras 3.600 acaparan 40 de cada 100 pesos de las utilidades totales, y algo similar o peor ocurre con la propiedad de los activos para la mayoría de los sectores (Acopi. Bogotá, 2018).

A estos cuadros se suman similares en distintas áreas de la vida social. Según el PNUD, Colombia ocupa el puesto 101 en desigualdad de género, por debajo de Cuba, Brasil, El Salvador o México, y se expresa con énfasis en el empleo. En la pandemia, en el trimestre junio-agosto de 2020, la desocupación en las mujeres llegó a una de cada cuatro. Sin embargo, entre las jóvenes subió a más de una por cada tres, y la brecha salarial con los hombres es del 13 por ciento menos (Dane, 2019).

En el empleo también se manifiesta el desbalance. La mitad de los ocupados está en la informalidad y el 88 por ciento con remuneración laboral gana menos de dos salarios mínimos (Dane, 2020). La educación no está exenta de las execrables exclusiones: de 100 niños y niñas que entran a primaria, 44 aprueban el grado once, pero solo 21 logran entrar a la universidad y apenas diez terminan la educación superior, lo que reproduce sin solución las diferencias por generaciones (Acrees).

Lo de la seguridad social es aberrante. Pese a leyes y sentencias, los planes de beneficio en salud siguen discriminando a los afiliados de los distintos regímenes, y el acceso real, la atención y el servicio dependen del bolsillo. En el sistema pensional apenas tiene mesada una de cada cuatro personas en edad de jubilarse. De lo más perverso es la distribución de la tierra. Aunque las pequeñas propiedades son 1,7 millones, apenas ocupan el 2 por ciento del área rural. En contraste, las que tienen más de 1.000 hectáreas engloban tres de cada cuatro de las hectáreas totales (Dane-CNA). Peor, imposible.

Distintos autores explican las causas de tan bárbaras expresiones de discriminación. Thomas Piketty, en El capital en el siglo XXI, asevera que el “análisis erudito jamás pondrá fin a los violentos conflictos políticos suscitados por la desigualdad”. Joseph Stiglitz, en el Capitalismo progresista, dice: “La desigualdad económica se traduce inevitablemente en poder político y quienes lo ejercen lo utilizan en beneficio propio”. Angus Deaton, en El Gran Escape, afirma que quienes logran escabullirse hacia el bienestar “pueden bloquear los túneles detrás de ellos” y Ha Joon Chang, de Cambridge, indica: “El fracaso de construir una economía más igualitaria e innovadora es lo que está en el corazón de las protestas latinoamericanas” (BBC).

El que los más pobres requieran 600 años para obtener con sus exiguas entradas un patrimonio igual al del 1 por ciento más rico (Espitia) o que deban pasar 11 generaciones, 330 calendarios, para salir de la penuria (Ocde) permite concluir que Colombia, fuera de ser de las naciones más desiguales, es, de facto, la tierra de absurdas desigualdades. La organización actual, gradualmente más inequitativa y antidemocrática, ha montado bloqueos de décadas que no se franquearán sin cambiar su raíz: “La globalización y la liberación de los mercados causaron un deterioro en la distribución que no se contrarrestó con el estado de bienestar de transferencias” (Sarmiento, 2020).

BUITRES

Los buitres del capital financiero metieron su Esmad para notificarnos, antes de tomar otro curso, que su filón estará a salvo, como humillaron a Grecia, a la que desvalijaron del bienestar social, o con Argentina.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En mayo de 2021, la deuda global, de los hogares, las corporaciones no financieras y los gobiernos, sumaba 221 billones de dólares (IIF), mientras que en 2000 era de 63,7 billones, tres y media veces menos. Si a la actual se añadiera la del sector financiero, alcanzaría la cifra descomunal de 289 billones (IIF).

Triplica la producción mundial de bienes y servicios y cubre uno de cada cuatro de los dólares que hay en dinero. Es la mayor de las modalidades especulativas y arrastra otras colaterales. La organización económica ha montado un casino de préstamos a futuro esencial en la financiarización de la economía.

El creciente endeudamiento de las economías se remonta a la última década del siglo pasado (Oxford). En la globalización entró a una nueva fase, pues las que van acumulando déficits en sus cuentas externas acuden a créditos y a capitales financieros prestamistas, un mercado tan jugoso que en los TLC se considera como inversión con garantías plenas.

Dicho mercado abarca los gobiernos y empresas emisoras de bonos y otros agentes y requirió de entes que avalen confianza a los especuladores en sus operaciones. Cumplen la función tres firmas privadas de Estados Unidos, Moody’s, Fitch Ratings y Standard & Poor’s (S&P), un oligopolio de calificadoras de riesgo.

Esa trilogía ha sido criticada por distintos economistas. Dani Rodrik descree del poder regulatorio confiado a un número limitado de agencias “humanas y muy falibles” (2007). Joseph Stiglitz acusa que en 2008 “las agencias de calificación, así como la gran mayoría de los bancos inversores, cometieron fraudes masivos” (2020). Adam Tooze alude al ridículo de S&P cuando en agosto de 2011 rebajó la calificación a Estados Unidos por causa de un mal cálculo sobre un escenario equivocado de referencia (Crash, 2018) y Tepper y Hearn revelan que las certificaciones, por las cuales cobran, les reportan retorno sobre sus patrimonios hasta del 84 por ciento, ya que han hecho de ellas un gran lucro (2019).

Pues bien, con S&P a la cabeza, se lanzaron a desacreditar a Colombia a raíz del hundimiento de la reforma tributaria de Duque y Carrasquilla. El castigo es calificar los bonos de deuda del país como “bonos basura”, con lo cual los prestamistas cobrarían mayores tasas por sus créditos, algo extensivo a firmas como Ecopetrol o Banco Davivienda, que ya vieron la degradación. “Perdimos el grado de inversión”, gimen los idólatras de los mercados financieros.

La decisión resulta inexplicable en la lógica de los fundamentales de la economía nacional: no hay ni explosión inflacionaria, ni crisis cambiaria, ni resquebrajamiento patrimonial o de solvencia del sistema financiero. Ocurre luego de un préstamo de 750 millones de dólares del Banco Mundial y cuando se pronostica para 2021 un crecimiento del PIB entre 4 y 5 por ciento y más importante: los compromisos de pago de deuda a 2030 tienen un programa financiable y una tasa fija convenida (BanRep).

Al inferir que se trataría de una cuenta de cobro por los estragos de la pandemia, dos exministros de Hacienda, Ocampo y Hommes, se pronunciaron: las calificaciones crediticias “no pueden basarse en criterios de corto plazo”, dijo el primero, y “abusan de sus atribuciones”, manifestó el segundo.

¿Qué explica el atropello? El faltante en las cuentas externas, causado por la estrategia de libre comercio y capital extranjero, ha creado en las finanzas públicas un viacrucis de endeudamiento público. Colombia paga para que le presten y le prestan para que pague, un circuito dentro del Presupuesto que condujo a que en 2000 la deuda del Gobierno central por habitante, 1,8 millones de pesos, pasara en 2020 a 12 millones, 6,5 veces más, mientras el ingreso por persona solo se multiplicó por cuatro. El país, estatal y privado, vive del crédito provisto por agentes financieros globales, más que de petróleo o carbón como aducen quienes leen el desempeño económico con ligereza y lo acomodan a su retórica.

Con menor gasto y más recaudo impositivo, la fallida reforma tributaria creaba nuevos espacios fiscales que reforzaran tal círculo vicioso, para que a futuro los fondos de capital tuvieran negocio seguro en ese desequilibrio de 25 billones de pesos que se montaba a favor de la Hacienda. Pero la sociedad dijo ¡NO!

Los buitres del capital financiero metieron su Esmad para notificarnos, antes de tomar otro curso, que su filón estará a salvo, como humillaron a Grecia, a la que desvalijaron del bienestar social, o con Argentina, a la que le convirtieron bonos adquiridos por 48 millones de dólares en pagos por 1.330 (NYT). Cuando las colonias se resisten, ahora los poderes mundiales amplían el menú: de golpes de Estado, invasión o atentados a presidentes a reducir económicamente a las sociedades, elevar el agio y caer sobre la carroña.

Es el empleo, estúpido

Urge, en busca del pleno empleo, la intervención del Estado al menos en tres frentes: en planes de empleo público; en la modificación, enmienda o término de los TLC, como lo permite el capítulo 23 del de Estados Unidos; y en la política monetaria.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

¿Cómo crece la economía? Por el crecimiento del empleo y de la productividad. La fórmula, empero, no funciona igual para todos los países: donde el desempleo es bajo, la productividad es primordial, pero donde es alto, como en Colombia, debe predominar la expansión del empleo (E. Sarmiento, 2021).

¿Qué pasó en 30 años en el país? Tenemos el mayor desempleo de Suramérica y somos, de 34 miembros de la Ocde, el que más lo incrementó, en 3,7 por ciento entre febrero de 2020 y de 2021. Se pasó de 2,88 millones de desocupados a 3,8 millones; tres de cada cuatro cesantes lo estaban antes de la pandemia. ¿Qué no funcionó? Que el salario mínimo se elevó por debajo del ingreso por habitante fruto del dogma de “a menor remuneración, más empleo” y, en consecuencia, la participación de los salarios en el ingreso nacional se despeñó del 48 al 35 por ciento. Se cumplió el aviso de Keynes sobre el mercado laboral imperfecto y la población dijo ¡basta ya!

Urge, en busca del pleno empleo, la intervención del Estado al menos en tres frentes: en planes de empleo público; en la modificación, enmienda o término de los TLC, como lo permite el capítulo 23 del de Estados Unidos; y en la política monetaria.

Desde 2007, conocí un programa de empleo público esbozado por el profesor Álvaro Moreno. En septiembre de 2019, en respuesta a Bruce Mac Master (El Tiempo), precisé: “Dirigido a poblaciones sin enganche en el mercado –entre nosotros, jóvenes y mujeres–, para que desempeñen actividades de baja complejidad”, y dos años más tarde economistas como Ocampo proponen lo mismo. No obstante, en lugar de financiarlo con emisión monetaria, propongo, por razones de permanencia y equidad, una reforma fiscal con esa destinación específica, que grave con tarifas marginales crecientes la riqueza de 40.000 personas naturales poseedoras de entre un millón y mil millones de dólares (Reyes, 2019) y de 75 empresas con más de un billón de pesos de patrimonio. Cálculos moderados estiman entre 7 u 8 billones lo que se recaudaría para un inicio firme y bajar el desempleo a la mitad en el mediano plazo (Garay-Espitia). Deberían girarse a las regiones, según su tasa de desempleo, como capítulo del Sistema General de Participaciones.

¿A quiénes y cómo enganchar? A mano de obra no calificada, del 40 por ciento más pobre, para desempeñar servicios oficiales y comunitarios, de los que se pueden contabilizar más de 30 tipos distintos, resaltando el sistema de cuidado, que debe impulsarse cuanto antes.

Ya hay semillas sembradas: mientras algunos políticos aterrizan de barrigazo en la idea, en Bogotá se adelanta el programa Reto (Retorno a las Oportunidades Juveniles), que apunta a 6.000 jóvenes, y espera ampliarse, para funciones como las mencionadas con acompañamiento en educación y transferencias monetarias, aunque lo ideal es a salario mínimo. Igual el Programa de Cuidado en la Capital, que empleará a cuidadoras que releven a quienes desempeñan dichas ocupaciones para darles tiempo libre y opciones de formación, experiencias que deben multiplicarse.

Pero solo con planes públicos no es posible reavivar el empleo. Hay que enfrentar el quebranto principal: el déficit externo cuyo foco son los TLC. Colombia importa 45 por ciento de los bienes industriales, finales, intermedios y equipo, y 65 por ciento de los cereales y las oleaginosas. Sin revisar las cláusulas vueltas yugo para el postrado aparato productivo, será imposible reactivar el ahorro empresarial nacional y el trabajo.

Si Colombia dejara de importar la quinta parte de maíz, trigo, cebada, soya y algodón, se salvarían 50.000 empleos permanentes, de 240 jornales, y 350.000 hectáreas. Redimir las confecciones y textiles, la metalmecánica y la química o suplir toda la gasolina o el etanol tendría un impacto ocupacional enorme, en un proceso de reindustrialización, y ni qué decir de relanzar un nodo automotor, incluidos carros eléctricos de bajo costo para el mercado interno y regional, donde por cada empleo en planta se arrastran cuatro en sectores complementarios.

La política monetaria, orientada solo a cumplir la meta de inflación, se ha convertido en talanquera para la demanda y la producción, tanto que ya uno de cada tres hogares apenas toma dos comidas diarias, limitada a asegurar rentas efectivas a establecimientos de crédito y valorización en pesos constantes a las inversiones foráneas. Modificarla forma parte de un cambio macro de la política económica, hoy también encriptada en los TLC, para definir una orientación diferente al libre comercio y al modelo de capital extranjero.

He aquí tres ideas hacia el pleno empleo, a disposición de quien quiera acogerlas, pero expuestas con la fuerza con la que James Carville le espetó la conocida frase a Clinton en 1992. La urgencia impulsa a formularlas así.

La emboscada a la protesta

El gobierno de Duque, fuera de aludir a la protesta con el término policial “vías de hecho”, ostenta una conducta reaccionaria al respecto.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El artículo 37 de la Constitución, en el título II sobre derechos fundamentales, dice: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. Los artículos 18, 20 y 40 lo complementan.

Los apartados 21 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas la resaltan como una “forma importante de ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión establecida” y tratadistas como Gargarella la nominan como primer derecho, pues de él se han derivado los demás.

Investigadores señalan que en Colombia “la protesta es una de las formas principales de participación ciudadana, y que en la gran mayoría de los casos, transcurre de manera pacífica. La gente suele acudir a la protesta en situaciones o momentos límites, cuando se agotan otros canales de participación o expresión del descontento ante situaciones injustas”. Estiman que entre 1975 y 2016 hubo 25.000 movilizaciones, que aumentaron “desde finales del decenio pasado, cuando aún era presidente Álvaro Uribe” y que “la tendencia se mantuvo con vaivenes bajo el Gobierno de Santos, con el que llegamos al pico de 1.037 en 2013” (Archila, García y Cinep).

El número descendió de 800 anuales a 300 entre 1975 y 1995, subió a 600 hacia 2007 y en adelante estuvo entre 800 y 1.000 hasta 2016 (Cinep). En los primeros tres meses del gobierno de Duque hubo 348 protestas, 59 por ciento más frente a igual periodo en 2017, cuando hubo 1,9 movilizaciones por día (FIP). Para 2019, tras el triunfante movimiento estudiantil de 2018, se activó la protesta contra el “paquetazo” de la Ocde que desató el paro iniciado el 21 de noviembre, teñido por el asesinato de Dilan Cruz con réplicas hasta febrero de 2020.

El Gobierno de Duque, fuera de aludir a la protesta con el término policial “vías de hecho”, ostenta una conducta reaccionaria al respecto: su primer ministro de Defensa, Guillermo Botero, previo a posesionarse hablaba no de garantizarla sino de reglamentarla, porque para él son minorías contra mayorías entorpecidas en su diario vivir. El fallecido ministro Trujillo debió presentar disculpas por excesos de la fuerza pública contra los protestantes, como le ordenó la Corte Suprema, y el actual, Diego Molano, es autor de la “genialidad” de confinar la protesta en un “protestódromo”.

Llueven críticas desde la comunidad mundial al Gobierno por su autoritarismo, que no cumple el protocolo acordado a instancias de la Corte de no usar armas letales, quizás orientado por la máxima instigadora de Álvaro Uribe del “derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad”.

Luego de 15 días, 2.700 concentraciones y 1.215 marchas en 750 municipios, el balance era 2.110 casos de violencia de la fuerza pública, con 40 presuntos homicidios, 34 con arma de fuego –el modus operandi que el 9 de septiembre de 2020 causó nueve crímenes similares y solo tres decisiones judiciales en Bogotá–, 362 víctimas de violencia física y 17 sexual, incluida Alison en Popayán, 1.055 detenciones arbitrarias y 168 posibles desaparecidos (Defensoría, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Indepaz y Temblores).

Deja mucho qué pensar que gatilleros de civil, en distintos episodios, sean vistos al lado de la Policía, la que, a su vez, tuvo 849 uniformados heridos y la muerte del capitán Solano al enfrentar un robo bancario en Soacha por vándalos que aprovecharon la manifestación.

También entrampan la protesta, al dificultar su carácter masivo, el vandalismo y el extremismo ejercido por anarcos, por la delincuencia organizada, gente descompuesta fruto de la misma crisis galopante, y por residuos insurrectos que persisten en suplir a las masas con acciones “heroicas” lanzándose “por el atajo de una insurrección imaginaria”. Estos modos, en lugar del dicho de los corifeos oficiales, no son criaturas de la protesta, son su contrario. Si se proscribiese la movilización civil y desembocara en la devastación, sería el caos.

Conspira contra la resistencia ciudadana la tecnocracia criolla, que no se explica cómo la “masa inculta” no entiende lo bueno de aumentar el IVA y oficia de eco de los mercados financieros, que castigarán la rebeldía justificada con la pérdida del grado de inversión a la economía y atemorizan con las calificadoras de riesgo que arrasaron en Grecia el estado de bienestar para calmar la voracidad de los especuladores. Tecnócratas alejados de la incertidumbre de 3,5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Duque procedió al revés. Primero recaudo de impuestos que gasto público eficaz, primero fuerza desproporcionada que negociación abierta, y primero discurso hosco que mensaje de concordia. ¿Seguirá emboscada la protesta?

Ley para el negocio de salud

El proyecto persigue, en línea con la Ley 100, elevar la tasa de ganancia de los inversores en salud. El interés principal del articulado, ya con distintas versiones, es consolidar economías de escala a las empresas más fuertes.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El proyecto de reforma a la salud, 010-Senado y 425-Cámara, no garantiza la sanidad general, pero avanza en el negocio de la salud. Se corrobora al confrontar el estado del sector con los cambios propuestos al sistema de aseguramiento, con núcleo en las EPS; a la salud pública y la atención básica; a la educación médica; a la red pública hospitalaria; a la medicina familiar y al registro de historias clínicas, entre varios.

En 2020 había 39 EPS, dos de las cuales solo tienen afiliados en el régimen contributivo, mientras que las demás operan en este y en el subsidiado. Había 19 sin capital mínimo y 21 sin patrimonio adecuado aunque, al consultarse el ejercicio financiero de 2020, cuando siguieron recibiendo la Unidad de Pago por Capitación (UPC) pero suspendieron diversos servicios por la pandemia, las utilidades acumuladas suben a 2 billones de pesos.

La OMS estima que el gasto en salud es de 5 por ciento del PIB, más de 50 billones de pesos. Seis EPS controlan la mitad de los afiliados al régimen privado y dos de ellas, junto con cuatro lideradas por Coosalud, administran una porción similar en el público, con cobertura del 95 por ciento de la población. La que reúne más usuarios, 7,4 millones, es la estatal Nueva EPS.

Entre 1999 y 2018 creció el número de tutelas judiciales para exigir atención y entre 2014 y 2019 las peticiones, quejas y reclamos anuales subieron de 600.000 a más del doble. La Contraloría General (2018) inventarió en 12,17 billones de pesos la deuda de las EPS con las IPS y los precios en salud entre 2000 y 2018 crecieron al año 6,39 por ciento, por encima de la inflación, de 5,08 por ciento (Banrep). La rentabilidad de las EPS sobre los activos en 2019, entre las principales, osciló entre 1 y 14 por ciento (cálculos con base en Supersalud).

Es relevante el aumento de capital extranjero en distintos eslabones. UnitedHealthcare Group se hizo a las intermediarias Colmédica y Aliansalud y a los centros clínicos Portoazul, Colina y Country. También están Keralty, Fresenius, Falk y Christus Health. La inversión foránea entre 2018 y agosto de 2019 fue de 620 millones de dólares (Procolombia), con algunos puestos en las 13 zonas francas sectoriales (M. Tache y otros, UN, 2020).

De ahí se infiere que el proyecto persigue, en línea con la Ley 100, elevar la tasa de ganancia de los inversores en salud. El interés principal del articulado, ya con distintas versiones, es consolidar economías de escala a las empresas más fuertes, aun en detrimento de otras. Recurre, en primer término, al mecanismo de regionalización de un oligopolio dominante del aseguramiento (artículo 35). No para ahí. El artículo 78 introduce la figura de matriz o “controlante”, brincándose con sus propias estructuras las limitaciones a la integración vertical de las EPS.

La UPC creció 132 por ciento entre 2000 y 2019 para el régimen subsidiado y 32 por ciento para el contributivo. Su unificación y un incentivo variable por cumplimiento de metas la incrementa (artículo 34). Pese a lo cual las EPS irían a la fija con el establecimiento de una póliza de seguro que responderá a las instituciones de atención en casos de siniestro en los pagos. A propósito, el Estado queda facultado para promover alianzas público-privadas en cualquier componente del sector, desde el aseo hasta los hospitales (artículo 54).

El proyecto habla del médico familiar. Pero se cuestiona que, en su desarrollo, las EPS ocuparían personal apenas capacitado en un programa básico, no especializado, en “competencias en medicina general con enfoque familiar y comunitario”, dándoles además funciones educativas (S. Abril, 2021). Asumir esa misión les permitiría también controlar las historias clínicas y, por ende, el sistema. Respecto al régimen laboral del personal público, si bien ratifica la contratación directa, según lo prescribió la Corte Constitucional, desconoce la carrera administrativa y autoriza al Estado a definir plantas, salarios y prestaciones (artículos 76 y 77).

¿Cuál el futuro del sector? ¿El Estado solo regulará? Como tiende a concentrarse en los grupos con más palanca financiera, los extranjeros tendrán las de vencer por las normas favorables ya descritas, que se reglamentarán mediante autorizaciones otorgadas al presidente y al ministerio, y contarán con el patrocinio de los capítulos de servicios, inversiones y propiedad intelectual de los TLC. No dice el proyecto con qué tasa de ganancia se diseña, la que realmente se persigue a cambio de excluir al Estado de funciones de salud pública y paliar los costos crecientes, hacia una fase superior de privatización lucrativa. Lo que sí es seguro es el menoscabo al derecho ciudadano en acceso real a prevención, atención y tratamiento.

COCA NO ES COCAINA

Perú y Bolivia crearon empresas estatales comercializadoras y exportadoras de hoja. Mientras en Colombia las mafias en febrero de 2017 compraron a los cocaleros 25 libras a 18 dólares cada una, en el comercio legal en Lima se transaron a 50 dólares.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

A instancias de Perú, que definió la hoja de coca como nociva para los indios andinos y desechó su valor cultural, la ONU produjo en 1950 un informe que la proscribió y en 1961 la incluyó en la Convención sobre Drogas Narcóticas.

Los Gobiernos norteamericanos, demócratas y republicanos, incitados además por la acción criminal de los carteles, que en Latinoamérica desviaron la producción hacia la cocaína para proveer a millones de adictos en el Norte, desplegaron la Guerra contra las Drogas, cuya meta primera es destruir los cultivos. Montaron cuerpos antinarcóticos y la violencia escaló a niveles descomunales, más cuando las Farc, tras la caída del bloque soviético, se valieron del narcotráfico para financiarse, e igual todos los grupos armados, incluido el paramilitarismo. “Una Guerra sin Fin”, dice Rafael Pardo.

La aspersión aérea con glifosato y surfactantes fue arma predilecta. Desde 1994 hasta 2014 cubrió 2.086.750 hectáreas, ocho veces la superficie construida de Bogotá; 830.162 más entre 1994 y 2020 por erradicación manual, forzosa o voluntaria, y se destruyeron 50.000 laboratorios de pasta básica (Daniel Mejía, Observatorio de Drogas). Entrado el Plan Colombia con considerables contratos a firmas estadounidenses, el senador Joe Biden presentó un balance: “Los objetivos en la reducción de drogas no se cumplieron; pero la seguridad ha sido mejorada” (GAO, 2008).

Estudios de Daniel Mejía brindan más evidencia: 1) La aspersión aérea es la estrategia menos efectiva y más costosa, al gastar entre 72.000 y 110.000 dólares para eliminar una hectárea; 2) Con Adriana Camacho, luego de más de 5 millones de observaciones de consultas, hospitalizaciones y procedimientos, entre 2003 y 2007, encuentran efectos estadísticamente significativos sobre enfermedades dermatológicas, respiratorias y abortos espontáneos; 3) Entre 1994 y 2008, el aumento del mercado de cocaína y la estrategia contra las drogas explican 3.800 homicidios anuales, y 4) La participación del cultivo en los ingresos de la cadena total es 9 por ciento, en tanto la del tráfico es de 70.

La desconfianza hacia las instituciones crece donde se libra la guerra (García, 2015) y se prueba la contaminación de ecosistemas y fuentes de agua, como en un trabajo de campo de trazabilidad del glifosato de la organización Terrae que Dejusticia expuso ante la Corte Constitucional. De 160.000 familias cocaleras, 57 por ciento vive en pobreza (FIP), y la tercera parte es microfundista, también con cultivos de pancoger y ganado, afectados por la fumigación indiscriminada.

Las políticas antidrogas buscaban, al atacar la oferta, subir el precio del gramo de cocaína en las calles y tumbar la demanda. Entre 1990 y 2017, filtrado por pureza, fue en promedio de 144 dólares, al inicio de 167 y en 2018 de 160, porque los consumidores norteamericanos entre 17 y 25 años solo caen del 6,7 por ciento en 2002 a 5,8 en 2018 (UNODC). Fracaso.

En contravía, Perú y Bolivia crearon empresas estatales comercializadoras de hoja, que la venden a industrias de 30 subproductos y exportan. Mientras en Colombia las mafias en febrero de 2017 compraron a los cocaleros 25 libras a 18 dólares cada una, en el comercio legal en Lima se transaron a 50, y en La Paz, a 85 (Troyano y Restrepo, 2018).

Esa dinámica se cimienta en estudios como el primer bromatológico en hoja de coca (Duke-Plowman, Harvard, 1975), que la halló superior al promedio en calorías, proteínas, carbohidratos y fibra. Tenía más calcio, fósforo, hierro, vitamina A y riboflavina, y “satisfacía el complemento dietético diario de esos nutrientes, así como de vitamina E” (Davis). Se corrobora al compararse 250 gramos de base seca con una cantidad igual de lentejas, fríjol, maíz y plátano, excepto el fósforo con las leguminosas (Troyano y Restrepo, 2018).

No es nuevo. El químico corso Mariani en 1863 patentó un tónico con licencia de la Academia Francesa de Medicina; Carl Koller “descubrió propiedades anestésicas”; y la boticaria Parke-Davis surtía en 1880 ungüentos, galletas y el coctel Coca Cordial. En 1885, Pemberton, farmacéutico de Atlanta, registró French Wine of Coca: Ideal Nerve and Tonic Stimulant. Luego eliminó la cocaína, añadió nuez de coca, aceites cítricos, reemplazó el agua con soda y “en 1891 vendió la patente a Asa Griggs Candler, que fundó la Coca-Cola Company” (Davis). Con este y varios fines, Stepan Company de New Jersey importa hoy 120 toneladas anuales de hoja.

Cuando Duque decidió reiniciar las fumigaciones con glifosato, no contempló nada de lo anterior, ni menos las prioridades prescritas en el acuerdo de paz, solo colaborar al Tío Sam en el interés geoestratégico, cualquiera sea el inquilino en la Casa Blanca, alentado por el amañado cambio de la “chispa de la vida” a “la mata que mata”: perseguir a la coca más que a la cocaína.

La jugadita tributaria

Rebusca 32 billones de pesos para un “gasto social” de máximo 6,5. Está en evidencia la regresividad del proyecto impositivo; la desfachatez en la supuesta “transformación social” por esta vía.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Al presentar su tercera reforma tributaria como “transformación social”, el Gobierno de Duque, con el ministro Carrasquilla a la cabeza y alentado por la Ocde, en una jugadita imita a quienes recurren a doble contabilidad para evadir o eludir obligaciones tributarias. No solo infla programas sociales intrascendentes, sino que tapa las gravosas cargas que se pondrán sobre asalariados, jubilados, consumidores y usuarios de servicios públicos con IVA; sobre la clase media.

Arrancó desde la campaña electoral con el incumplido lema “más salarios y menos impuestos”. Los primeros crecen por debajo del ingreso por habitante y mucho menos que las rentas del capital, y lo segundo se desmiente con tres reformas expedidas para elevar gravámenes a las mayorías.

La marca de las carpetas con motes como Ley de Crecimiento, de Financiamiento y Solidaridad Sostenible es otra argucia. La de 2018 trajo un mediocre avance económico del 3 por ciento, basado en la expansión del crédito de consumo y las importaciones; la segunda, con el coronavirus, agravó los déficits creados por los beneficios otorgados a los megainversionistas, como lo reconoce la Andi; y esta tercera acrecentará las diferencias socioeconómicas al poner más IVA a bienes y servicios, ampliar la base de contribuyentes a la renta, y adicionar impuestos indirectos verdes a fin de estrangular –como hacía el Monstruo de Frankenstein con sus víctimas– ingresos disponibles, cesantías, salarios y pensiones.

La justificación es el Programa de Ingreso Solidario (PIS), la devolución de IVA y matrícula gratis en universidades públicas para estratos uno, dos y tres, que con cara dura llaman “transformación social”. ¿Cuál es su costo? Los apoyos mensuales estarán rasurados y “focalizados” a la baja por el Sisbén IV, por una manipulable fórmula de asignación y con la reducción del déficit fiscal del 2 por ciento del PIB al año, como techo al gasto público, según acordó Colombia con el FMI para el préstamo de 5.300 millones de dólares. Suerte igual correrá la devolución del IVA, que excluirá a grupos de ingreso bajo y no retornará completo a los beneficiarios lo que les sacarán de un bolsillo para meterlo en el otro, y sumará solo 2,8 por ciento del recaudo total de IVA, que fue 66 billones de pesos en 2019. La gratuidad a universitarios y promoción de empleo joven llega a 0,8 billones de pesos.

El PIS está lejos de una auténtica renta básica. No dará ni un dólar en promedio al día por persona, cuando la cifra mínima de ingreso en países de ingreso medio-alto, para no ser tenida como pobre, es de 5,50 (BancoMundial) o siquiera 4, según el Dane.

No hará ni cosquillas a la penuria, pero se muestra como panacea. Los padres de familia de los estudiantes de las universidades públicas, con ingresos mayores a 2,9 millones de pesos mensuales en 2023 y a 2,5 millones en 2024, pagarán impuesto de renta y así no costearían la matrícula de sus hijos en las tesorerías universitarias, sino en la Dian.

Nada salvará a los pobres de 2 billones de pesos que les caerán encima al pasarse, de bienes exentos a excluidos de IVA, las materias primas para alimentos como pollo, leche, arroz, huevo, cerdo y salchichón. Ni del alza del IVA a la gasolina y al diésel de 5 a 19 por ciento, que recaudará 2 billones de pesos más, ni de la depuración de la base para los subsidios a la energía, ni del recargo en computadores, teléfonos de gama baja, bicicletas y ladrillos, ni en productos de cuidado menstrual.

¿Cuál es la verdadera contabilidad? Por concepto del ajuste al impuesto de renta, al que incorporará uno de cada tres asalariados formales en 2022 y a tres de cada cinco en 2023, se recogerán más de 17 billones de pesos; por IVA, 7,3 billones, 4 billones con personas jurídicas y otros 4 por tributos verdes indirectos. Rebusca 32 billones de pesos para un “gasto social” de máximo 6,5.

Está en evidencia la regresividad del proyecto impositivo; la desfachatez en la supuesta “transformación social” por esta vía; la agresividad en tiempos de pandemia contra clases medias y aún vulnerables, y la cosmética austeridad que decretaron. A Duque y a los suyos no los sacará del caldero político ni el clan Uribe, que acude a su rescate con palabras remilgadas y en asalto a la candidez, declarando que la criatura de Frankenstein está muerta porque ya no subirá el IVA a la sal, al azúcar, al chocolate y al café.

Falso. Como he comprobado y lo ratifica el texto final, la reforma está más viva que nunca, resurgió reforzada, y para enterrarla de verdad son forzosas las protestas ciudadanas, como la programada para el 28 de abril, tanto por este Monstruo en sí como en respuesta al Gobierno Duque, que funda la política fiscal en la pretendida ignorancia de la ciudadanía, a la que busca escamotear con la narrativa de una contabilidad mentirosa, una jugadita.

La avionada de Duque

Es una aberración fiscal gastar $14 billones en guerra en medio del acuerdo de paz y en plena pandemia, con déficit fiscal de $77 billones y deuda pública que supera 65 % del PIB.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El gobierno de Duque adquirirá 24 aviones caza F-16 Bloque 70 a Lockheed Martin por US$4.500 millones ($14 billones), en un paquete que “incluye mantenimiento, armas, apoyo de ingeniería, infraestructura y tecnología”. Así, Colombia, “mientras los Kfir estén operativos”, tendrá “83 aviones de combate”, en tanto “Chile tiene 45, con una flota de 35 F-16; Venezuela tiene 44, de los cuales 16 son F-16 no operativos; Brasil tiene la flota más grande con 120” (Noticias Caracol).

Iván Duque emula con sus antecesores. El Gobierno de Barco adquirió 12 aviones nuevos Kfir y otro de segunda mano a Israel, y la compra se complementó en 1991 con un Boeing 707 cisterna. Uribe, en su segundo mandato, compró otros 13 y repotenció 11 de los existentes. Para 2014, la FAC contaba con 21 unidades Kfir de distintas referencias.

En 1992 Colombia adquirió 15 helicópteros Black Hawk, sumados a 12 efectivos, para vigilar yacimientos de petróleo. En el Plan Colombia, hasta 2003, con Pastrana y Uribe, se llegó a 27 helicópteros UH-1N, 13 UH-60L y 24 HUEY II. En 2005 se compraron ocho MI-17 rusos (Conpes 3353) y 25 aviones Super Tucano de la brasileña Embraer, y hoy suman 38 de esta clase. El principal proveedor, incluidos contratos de soporte y tecnología, ha sido Lockheed Martin, y por esto y más Colombia, enfilada en la “lucha contrainsurgente”, era en 2018 el país de más gasto militar de la región, 3,1% del PIB (La República).

El negocio de los 24 F-16, iniciado en la Feria Aeronáutica Internacional F-AIR-2019 (Infodefensa.com), desató en redes sociales y en la oposición una justa oleada de críticas. Es una aberración fiscal gastar $14 billones en guerra en medio del acuerdo de paz y en plena pandemia, con déficit fiscal de $77 billones y deuda pública que supera 65 % del PIB; pero, ante todo, con una regresiva reforma tributaria que extraerá de las clases laboriosas más de $30 billones entre alza del IVA, impuesto de renta a uno de cada tres trabajadores formales y tributos indirectos verdes.

El asunto trasciende lo fiscal. La organización de monitoreo de transferencias de armas Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) señala que ese comercio se inclina a la corrupción por el secretismo inherente a la seguridad nacional; la intimidad entre compradores, proveedores e intermediarios; la opacidad en las cadenas de producción, transporte y finanzas; las especificaciones técnicas de los productos y las recompensas financieras que se estilan. World Peace Foundation compendia 41 casos de corruptela en el comercio exterior de armas, y Transparencia Internacional denunció que Estados Unidos suavizó en 2020 controles a las ventas militares y agrandó los agujeros por donde pasa la podredumbre.

Lockheed, primer contratista del Pentágono con US$75.000 millones en 2020 y conocido como “Walmart de la guerra” porque brinda una amplia gama de bienes y servicios para seguridad y defensa, no está libre de pecado. Forbes denunció que Lockheed tuvo que pagar una multa de US$4,7 millones por un lobby fraudulento al utilizar dineros provenientes de pagos del Estado para cabildear un contrato de más de 2.400 millones mediante una compañía subsidiaria. Es práctica común en la industria de armamento, en la que cada dólar de lobby rinde miles en contratos, usualmente con los Estados. ¿Alguien ganará una comisión de éxito en Colombia?

Las exportaciones estadounidenses de armas, que entre 2016 y 2018 valieron US$30.600 millones (OpenSecrets.org), son autorizadas por comités del Senado, halcones de los que a su vez dependen las ganancias de las industrias militares. Que no son pocas. Lockheed tendrá en la transacción del lote total de los F-16 un margen de beneficio del 11,4 %, que significa US$7.000 millones sobre US$62.000 millones de ventas totales (Rich Smith). En las arcas de State StreetThe VanguardCapital Research & Management y Black Rock, fondos de capital dueños de 30 % de dicha empresa, parará el alza de tributos sobre productos de consumo masivo, merced a la reforma tributaria de Duque.

¿A quién se bombardeará? Según el senador Bob Menéndez, del comité de Relaciones Exteriores, y algunos analistas, Colombia “es país ejemplar con cooperación extensiva”, y frente a los Sukhoi de Venezuela habría “respuesta coordinada por tener superioridad de aire” (Evan Ellis). ¿Ataque interno o escaramuzas bélicas en las fronteras? En la incómoda compañía de regímenes como Marruecos, Jordania y Baréin o puntas de lanza como Taiwán, compradores de esta versión de F-16, Colombia hará parte del grupo de países secuaces, no socios, de la Otan. Aviones a las órdenes de Washington, aunque logrados con dineros de los contribuyentes nacionales.

Los ocultos $4 billones del impuesto verde

Duque deberá mostrar la contraprestación de Colombia, que apenas es responsable de 0,28 por ciento de la contaminación global, a los capitales financieros volcados sobre la economía verde como nuevo filón.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Mientras que el análisis común de la tercera reforma tributaria de Duque se enfoca en los ajustes al alza en el IVA o en los millones de asalariados nuevos contribuyentes de impuesto de renta, hay una carpeta oculta con 4 billones de pesos más en impuestos indirectos verdes, con lo que se rebasarían los 30 billones de pesos en el recaudo.

Pese a que ciertos criollos fungen de autores intelectuales del impuesto al carbono, la propuesta original es de William Nordhaus, Premio Nobel de Economía en 2018. En el libro The Climate Casino (2013), expone que la mitigación es la estrategia indicada para reducir la emisión y concentración de CO2 y de gases de efecto invernadero en la atmósfera, como causa del calentamiento global, y la considera como “la más cara en el corto plazo”. Consiste en revertir la acumulación de los gases mediante políticas que afecten las decisiones de miles de millones de personas; de tecnologías que reduzcan la emisión neta de CO2; de una operación industrial más eficiente y del desarrollo rentable de tecnologías limpias.

El punto es ponerle precio al carbón y Nordhaus sugiere dos vías: una, el pago al Gobierno de un importe por derechos de emisiones, con un límite permitido, de las firmas que intercambian bienes con contenido de carbono; y la otra, que califica como “la más fácil”: poner un tributo a las emisiones de CO2, el impuesto al carbono, que fue la escogida por Duque y Carrasquilla en la avalancha de alcabalas que se han empeñado en imponer.

En la Ley de Crecimiento Limpio y Desarrollo Sostenible, presentada en marzo de 2020, Planeación Nacional delineó el paquete bomba que se arrojaría luego sobre los oprimidos presupuestos de los hogares colombianos. Proyecta alzar los impuestos verdes de 0,4 por ciento del PIB a 2,5 por ciento; fija para los combustibles fósiles en 17.211 pesos la tarifa por tonelada de CO2 y reduce los subsidios del Estado en la energía para inculcar el “consumo razonable”.

En consecuencia, en el capítulo de ‘Redistribución de externalidades ambientales’, la reforma tributaria prescribe varias suertes de impuestos verdes pagaderos por los consumidores sin discriminación alguna, a tabla rasa. Para todos los usuarios de energía 7 pesos por kilovatio hora consumido, con el que piensan recoger entre 1,2 y 1,8 billones de pesos; por cada vehículo, fuera del impuesto de rodamiento, una contribución por contaminación, que incluye motos, carros públicos y particulares, de pasajeros y de carga, por el que aspiran a recaudar hasta 2,14 billones de pesos más, que se cederán a los entes territoriales; el de plásticos de un solo uso y el de consumo de plaguicidas, que extraerán entre ambos casi 100.000 millones de pesos.

Calculan que la noble causa verde de resistir el calentamiento planetario, o de que el país reduzca hasta 5 millones de toneladas las emisiones de CO2 a 2030, justifica todo, así se acreciente la regresividad tributaria mediante el diluvio de impuestos indirectos. Significa, además, encarecer en 1,25 por ciento la factura mensual de energía, teniendo en cuenta el valor de la tarifa media en 2021, y en más de 100.000 pesos los tributos a los 16 millones de vehículos que hay en Colombia. Nordhaus avisa que el impuesto al carbono trae impactos inflacionarios y un menor ingreso disponible, y habrá de sumarse a los efectos depredadores de los capítulos ya debatidos de la reforma en la peor crisis de demanda y en picos de pandemia.

En simultánea, la jefa de gabinete, María Paula Correa, ostenta la invitación de Biden a Duque a un encuentro virtual (Summit) de Cambio Climático en abril, para el cual, con otros países advenedizos y agregados a los 17 mayores responsables de 80 por ciento de la contaminación global, lo impele a compartir “cómo su gobierno contribuirá a mantener la meta dentro del alcance de 1,5 grados centígrados” (de calentamiento) y le anuncia “estrategias” que “movilizarán más fuerte financiación pública y privada” (créditos e inversión extranjera) hacia la transformación de tecnologías, dado que también estarán presentes “líderes de negocios”.

Duque deberá mostrar la contraprestación de Colombia, que apenas es responsable de 0,28 por ciento de la contaminación global, a los capitales financieros volcados sobre la economía verde como nuevo filón. En lugar de increpar a las potencias a esforzarse por dejar de intoxicar y a expedir una agenda nacional ambiental autónoma, llegará con el paquete de 4 billones de impuestos indirectos verdes de soporte para sufragar los costos de insertarse en este, convertido en nuevo gran negocio, que no pagarán las compañías energéticas ni la gran minería de carbón ni las petroleras, estas responsables de 10 por ciento de las emisiones de CO2 desde 1996, sino la ciudadanía toda.

Reforma tributaria #19: argucias e inequidades de Duque y la OCDE

La Ocde, Duque y Carrasquilla, según la inecuación de 25 billones de pesos en garrote y una diminuta zanahoria, sacan con argucias de abajo y del medio para acarrear hacia lo más arriba, hacia los magnates.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Muchas reformas de las finanzas públicas en Colombia las hicieron extranjeros, misiones como Kemmerer, Taylor, Musgrave y Bird-Wiesner (mixta), del Banco Mundial y el FMI y ahora de la Ocde refrenda los análisis y propuestas de Rosenbloom, Arnold, Owens y demás para, sin contar otras disposiciones atinentes, delinear la decimonovena reforma tributaria en 30 años.

El Congreso ordenó una comisión en la Ley 2010 de 2019, “de crecimiento económico”, para evaluar los beneficios cedidos a contribuyentes dentro de la Confianza Inversionista. El Gobierno y la Ocde desviaron este objetivo y se dedicaron a hurgar en el IVA y en el impuesto de renta para personas naturales y pretermitir las ventajas corporativas, que cuestan 10 billones de pesos anuales, concedidas cuando Carrasquilla ha manejado la Hacienda y que él llama “derechos adquiridos”. Se enfocaron en el costo fiscal anual por beneficios en el IVA en 52 billones de pesos y en 17 billones de pesos en el impuesto de renta de personas naturales. No vieron lo que sí la Contraloría en un documento: “Por cada peso pagado en impuestos el Estado le dejó de cobrar 51 centavos al sector financiero”.

En tan tendencioso empeño se “recomendó” revisar el cobro del IVA a 83 bienes y a los servicios para recabar 10,5 billones de pesos e incorporar al impuesto de renta a las personas naturales con ingresos de más de 2 millones de pesos mensuales, el 35 por ciento de los trabajadores formales, para 16,8 billones de pesos más, también con la supresión del 25 por ciento de su ingreso laboral depurado de exenciones y deducciones, y además el gravamen a las pensiones. Se omitió que en 2019, por 100 pesos recaudados, 54 vinieron de impuestos indirectos y regresivos, de los cuales el IVA aportó 42 y al resto ayudaron otros IVA disfrazados como combustibles, bolsas plásticas, consumo y carbono.

A contramano, los tributos directos, de renta y patrimonio, contribuyen con 46 pesos (Dian, 2019). Se tapó que la tarifa efectiva del impuesto de renta al sector financiero –al dividirlo por la renta líquida– es 22 por ciento, diez puntos menos de la nominal (Contraloría) o que personas naturales y jurídicas de nivel alto pagan tasas menores a las de ingreso medio en claro “sesgo pro rico” (Garay-Espitia). La estructura tributaria es regresiva y empeorará, ya que a las cúpulas económicas apenas se les cargarán tímidos aumentos en el tributo sobre dividendos, un exiguo porcentaje sobre abultados patrimonios y nada a los giros de ganancias de subsidiarias foráneas a sus casas matrices.

La comisión se apropió de la versión oficial del hueco fiscal: “La pandemia redujo los ingresos y aumentó los gastos. En periodos de crisis todos debemos hacer sacrificios” y escondió que el roto está en la Ley 2010 de 2019, que instauró contratos de Estabilidad Jurídica por 20 años para megainversiones superiores a un billón de pesos y 400 empleos creados, con tarifa del 27 por ciento, exención de renta presuntiva y patrimonio, o por diez años para proyectos agropecuarios con inversión superior a 856 millones de pesos y diez empleos, o para negocios de economía naranja por siete años con tres empleos, mantenidos todos en el proyecto de Reforma. Al sumarse a tanto regalo, la baja en la tarifa empresarial de renta de 33 a 30 por ciento; el descuento del 50 por ciento del impuesto de Industria y Comercio, ICA; la devolución del IVA en la importación de bienes de capital y la caída del recaudo en 2020 por 11 billones de pesos, se encuentra la mayor porción del déficit de 77 billones, en exceso sobre cualquier cálculo de gasto público en la pandemia.

La falsa narrativa contagió: Fescol y centros de estudio corrieron a proponer un recaudo de 20 billones de pesos venidos en parte por impuestos al salchichón, la cerveza, combustibles y servicios digitales; Fedesarrollo planteó acopiar 30 billones de pesos universalizando el IVA, eliminando el régimen pensional y arrinconando al sistema de compensación familiar, y Anif pidió tarifa plena paulatina de IVA del 18 por ciento a 2024 y aumentar el recaudo por renta en personas naturales en 8 billones. Duque justifica la iniquidad con “zanahoria social”, que implicará gasto adicional neto máximo por 4 billones de pesos, en tanto la Contraloría insiste en examinar el cumplimiento de los objetivos de los tratos preferenciales a empresas y advierte que aumentar el IVA afectaría a “millones de pobres”.

Como colofón, citar a Voltaire: “El arte de gobernar generalmente consiste en despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una clase de ciudadanos para transferirla a otra”. La Ocde, Duque y Carrasquilla, según la inecuación de 25 billones de pesos en garrote y una diminuta zanahoria, sacan con argucias de abajo y del medio para acarrear hacia lo más arriba, hacia los magnates.