Prácticas non sanctas de Carrasquilla: ¿Qué dicen los entes de control?

Carrasquilla porfía en justificar la tercera reforma, dirigida en realidad a financiar beneficios tributarios enredados.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Carrasquilla dijo recién nombrado que al presupuesto le faltaban 14 billones de pesos de ingresos para cumplir la regla fiscal y que iba a cubrirlos con la Ley de Financiamiento de 2018. Anif y Mauricio Cárdenas advirtieron deficiencias, y Moody’s calculó que solo conseguiría 7 billones de pesos. La Corte Constitucional se la tumbó en octubre de 2019 por violar el debido trámite en el Congreso. En efecto, el recaudo de IVA y otros indirectos creció 5 billones de pesos, pero el de la renta, apenas 3 billones de pesos.

Inspirado en que “rebajar impuestos era el motor de la economía”, metió la Ley de Crecimiento, que rebajó la tarifa al impuesto de renta empresarial e introdujo beneficios tributarios con cargo al erario por 9,4 billones de pesos para 2021, 11,5 billones de pesos para 2022 y 19,4 billones de pesos para 2023, sin contar otras prebendas, y se guardó el as de las privatizaciones para cuadrar cuentas corrientes. Recambió los vencimientos de la deuda pública: bajó a 3,8 billones de pesos los 20,74 billones de pesos a pagar en 2020 y pasó el resto a 2025, cuando el monto será de 30,5 billones de pesos, legándole el chicharrón al Gobierno venidero (BanRep). El exministro Cárdenas juzgó que para pulir tales planes “se tiene que incurrir en prácticas non sanctas” (junio 2019) y que pensar que la reforma se pagará “a punta de mayor crecimiento, es un deseo más que una realidad” (noviembre 2019). Una vez en vigor la Ley de Crecimiento, Duque y Carrasquilla presumieron que ya había superávit antes del servicio de la deuda.

Las cuentas de la lechera estallaron con la pandemia, pero a Carrasquilla le sirvió para incurrir en nuevas prácticas non sanctas a fin de financiar el descuadre. El Observatorio Fiscal de la Javeriana reveló que los importes del fondo Fome, creado para la emergencia, no coincidían con lo publicado en los portales de Transparencia. A febrero de 2021 acumulaba 40,5 billones de pesos, pero desembolsados 22,6 billones de pesos, 2,1 por ciento del PIB, lo que hace del Gobierno de Duque uno “chichipato”.

Dado que varios rubros como la devolución del IVA estaban en el presupuesto, el dato final del PIB del gasto nominal del Gobierno en 2020 fue de 10,5 billones de pesos, mucho menos que en 2019, cuando no había crisis por el virus. Contra toda evidencia, Carrasquilla porfía en justificar la tercera reforma, dirigida en realidad a financiar los beneficios tributarios enredados, más aún con la caída por 11 billones de pesos del recaudo en impuestos el año pasado. Tampoco validan la reforma nuevas deudas en TES a largo plazo por 36 billones de pesos; ni la de 12 billones de pesos a diez años con el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), contraída en un raponazo a los entes territoriales; ni la del FMI por 5.300 millones de dólares, casi la mitad usada sin saberse en qué.

Nada la justifica, y menos si se descarga sobre una economía hundida en -6,8 por ciento. Es tan absurda que el exdirector de la Dian expresó: “Más importante fortalecer la Dian y perseguir a los evasores que hacer nuevas reformas tributarias” (SEMANA, 13/2/21). En la onda gobiernista y sin evaluación mayor, algunos centros de estudio propusieron una por 20 billones de pesos, plagada de impuestos al salchichón, a la gasolina y al gas. También en un esfuerzo por cuadrar el círculo, economistas apuntan a devoluciones y sobretasas para tornar progresivo el IVA. Carrasquilla, desaforado, sin regla fiscal, se arroja sobre la clase media y decreta la impropia toma hostil de ISA desde la entrampada Ecopetrol.

¿Impunidad a Carrasquilla? Pido a Procuraduría y Contraloría impedirlo y revisar sus “prácticas non sanctas”, que violan el principio constitucional de transparencia.

Buenaventura: neoliberalismo salvaje

Las trasnacionales anidan, la población huye y el desinterés oficial se oculta tras un ruidoso envío de 1.200 policías. ¿Falla el Estado o el plan es desalojar?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Entidades como Human Rights Watch, Taula Catalana, Fundación Ford, Usaid, la ONU, el caucus afro del Partido Demócrata norteamericano, la Iglesia católica y varias más han documentado las aciagas condiciones padecidas por casi 400.000 compatriotas, 90 por ciento afrodescendientes, en el primer puerto nacional sobre el Pacífico, y de los principales en esa costa en Suramérica.

Tanta información difiere con las soluciones. No porque no surjan, sino porque los planes, Conpes y las recetas se fundan en privatizaciones, capital extranjero y confianza inversionista –pilares del neoliberalismo–, por el supuesto efecto goteo de bienestar que se irrigaría sobre la población; pese a que de 10.000 trabajadores portuarios hace 25 años, hoy quedan 4.000, muchos de ellos tercerizados. Jugadores del negocio portuario global se tomaron la bahía. En la Sociedad Portuaria de Buenaventura, la mayor y privatizada en 1993, Harinera del Valle con otras firmas afines suman 30 por ciento de las acciones; la familia Parody, 21 por ciento; el Distrito de Buenaventura, 15 por ciento; y Dubai Port Authority-Capital Advisory-Hommes, 19 por ciento.

Además de agrias disputas societarias, se marchita por los fuertes competidores internacionales y por problemas de bajo calado para el acceso de buques de gran tamaño, que aminoraron la carga de 17 millones de toneladas en 2015 a 14,8 en 2019, de las que, por cada una de exportación, llegan casi cuatro importadas. La danesa Maersk controla el terminal de contenedores TCBUEN. Singapore Port Authority y la filipina ICTSI poseen 90 por ciento del puerto de Aguadulce. Compas, terminal cementero, es de Goldman Sachs, del grupo español Ership y la organización Corona. Invirtieron miles de millones de dólares, se ensancharon y construyeron vías e infraestructura adicional.

En contraste, las comunas aledañas viven en el desamparo. El índice de pobreza multidimensional es lastimoso: 12,9 por ciento de los hogares tiene necesidades básicas insatisfechas; 14 por ciento vive en analfabetismo; 43 por ciento afronta desempleo de larga duración; 26 por ciento no tiene acceso a fuente de agua mejorada; 32 por ciento permanece con inadecuada eliminación de excretas, y 88 por ciento, en la informalidad (Dane, 2018). El coeficiente de Gini, para repartición del ingreso, marca 0,57 –más que en Quibdó– y el de Theil, de distribución de la renta, 0,63 (ProPacífico). A esta mezcla de grandes capitales con miseria se añadieron violencia y corrupción. En 1980 las Farc incursionaron en áreas rurales, rutas y cultivos incipientes de coca; penetraron comunas urbanas, secuestraron y extorsionaron, hasta que en 2000 las AUC, con Éver Veloza (alias HH), iniciaron la construcción de “redes de poder en negocios y proyectos empresariales” (Taula Catalana).

En 2005, tras la desmovilización paramilitar, mandos remanentes formaron La Empresa e implantaron dominios territoriales, monopolios en el expendio de alimentos y provechos sobre el narcotráfico exportable y el microtráfico, en disputa con los Urabeños y con complicidad de algunos miembros de la fuerza pública, denunciados y condenados. Casas de pique y sarracina son la pesadilla de los últimos años. Entre 1990 y 2014 hubo 548 desaparecidos, 26 masacres (Taula Catalana), y hasta 2018, más de 5.300 homicidios orientados por capos que dirigen sus mafias desde afuera, incluido el exterior.

Cuatro alcaldes están procesados por corruptos: Quiñones, Ocoró, Valencia y el prosélito de Dilian Francisca, Eliécer Arboleda. Su nefasta gestión se plasma en un presupuesto de 644.000 millones de pesos con un déficit de 570.000 millones –por un faltante acumulado de 137.000 millones y fallos judiciales en contra por 351.000 millones (!)– y deuda en Bonos-Agua-Carrasquilla por 31.000 millones de pesos más.

El estallido social presente, detonado por la guerra en La Empresa entre Shotas y Espartanos, es el cuarto de los últimos años por el pavor y el abandono, ya que al menos 400 hombres, fuera del Clan del Golfo y del ELN, aterrorizan con armas sofisticadas y de largo alcance. La protesta más fuerte fue el paro de 2017, que logró inversión oficial por 10,2 billones de pesos en ocho años y fue la base para elegir a Víctor Vidal como actual alcalde. El avance de lo prometido no llega al 5 por ciento; el acueducto, en manos privadas de Hidropacífico, va en 15 por ciento, y apenas aflora FonBuenaventura, la entidad administradora del proceso, aún con pocos recursos y sin estudios para 140 proyectos.

El desplazamiento de 152.837 personas entre 1990 y 2014 no se subsanó con 63.717 asentadas en zonas de bajamar (Taula Catalana). En los últimos años emigraron otras 13.018 y solo arribaron 781 (Dane), lo que explica el dato más trágico: de 94.656 viviendas censadas en 2018, había 14.352 desocupadas. Las trasnacionales anidan, la población huye y el desinterés oficial se oculta tras un ruidoso envío de 1.200 policías. ¿Falla el Estado o el plan es desalojar? ¿Hay mejor ejemplo de un neoliberalismo más salvaje?

Decreto 1174: Todos en el piso

Este decreto constituye un paso más en la cadena de rebajas salariales iniciada por la Ley 50 de 1990, con César Gaviria, y que continuó con la 789 de 2002, con Álvaro Uribe.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El 30 de abril de 2019, el Senado hundió cuatro artículos del Plan Nacional de Desarrollo, entre ellos, el 193, que ordenaba el piso de protección social. Al día siguiente, una jugadita de Macías como presidente, y a instancias de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, reabrió la discusión y, con mayorías aceitadas, celebró el Primero de Mayo a los trabajadores con ese obsequio. El Gobierno le dio curso mediante el Decreto 1174/020, que rige desde el primero de febrero de 2021.

¿En qué consiste? Para responder hay que recurrir al derecho laboral y a las matemáticas. Abogados laboralistas explican que para quienes tienen contrato por periodos inferiores a 30 días, y cuya remuneración-mes sea inferior a un salario mínimo mensual legal vigente, el Decreto 1072/015 (Sección 4) fijaba el esquema para vincularlos a los sistemas de pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar (S. Galeano).

La fórmula prescrita se entiende con un ejemplo: si un ingeniero de sistemas, de los que aludía Alicia Arango, va dos horas semanales a una empresa y gana 75.000 pesos por hora, devenga 600.000 al mes. Por concepto de seguridad social (pensiones y riesgos) y compensación familiar, la compañía, a tenor del 1072, debe pagar este año 41.084 pesos por cada semana de asistencia, es decir, 164.336 pesos mensuales. Para estas personas con “dedicación parcial a un trabajo u oficio o actividad económica” y con menos de un salario mínimo mensual, el 1174 dispuso ya no pagar dicha suma, sino solo el 15 por ciento del pago-mes. En el caso del ingeniero, serían 90.000 (15 por ciento de 600.000), de los cuales un 14 por ciento va para el sistema de beneficios económicos periódicos (Beps) y un 1 por ciento para un fondo de riesgo, pues se obliga a estar en el régimen subsidiado de salud. El empleador se guardará, en consecuencia, 74.336 pesos mensuales.

Algunos celebran este ahorro en aras de la “competitividad” en la globalización –objeto central del neoliberalismo dominante–, sin reparar que el beneficio al capital corre por cuenta del trabajador, que le traslada ingresos laborales como el subsidio familiar, quedando excluido del régimen pensional formal de prima media o de ahorro individual, o por la instauración del part time como en Estados Unidos, donde los empleos se demandan por tarea con secuelas develadas por Stiglitz como: contratos en ocupaciones separadas, jornadas partidas y agotadoras, desplazamientos y cambios de horarios y trabas a la organización sindical.

El tiempo necesario, que según la economía política es el requerido para conseguir la subsistencia, se vuelve todavía más pesado y extenso, y con el 1174 constituye un paso más en la cadena de rebajas salariales iniciada por la Ley 50/1990 con César Gaviria, y luego con la 789/2002, con Uribe. En tres décadas, contando salarios y compensaciones, la participación del trabajo en el ingreso nacional ha caído del 48 por ciento a apenas el 35 por ciento (Banco República-Dane). El 13 por ciento perdido se traspasó a las ganancias corporativas, a las rentas financieras y al Estado por vía de impuestos indirectos, y los resultados son: el 48 por ciento de los ocupados –9,5 millones de personas– gana menos del mínimo (Dane), una informalidad del 50 por ciento y el más alto desempleo de Suramérica, antes y después de la pandemia.

Frente a ese infierno laboral, que se trata de tapar con la falsa formalidad de “todos en el piso”, y con la drástica merma en el estándar de protección social que trae el 1174, hay conceptos encontrados entre la Ocde (2019), que recomienda estos inicuos regímenes, en particular para las mujeres, y la OIT, que rechaza tales “sistemas de ahorro voluntarios basados en cuentas individuales como mecanismos eficaces y capaces de garantizar, de manera suficiente y previsible, una seguridad básica”, por estar en contra de su Recomendación 202 y el Convenio 102 de seguridad social (I. Jaramillo).

Hay quienes exigen más. Ortodoxos neoliberales y un voraz sector de la patronal, al que le habla la vicepresidenta-candidata Marta Lucía Ramírez, piden más reformas laborales y pensionales fuera del 1174 y niegan la vergonzosa desigualdad imperante, cuya más notoria expresión en los últimos tiempos es el alza del salario mínimo en porcentajes inferiores al crecimiento anual del ingreso por habitante. El 1174 cae como anillo al dedo para enganchar a la barata al millón y medio de venezolanos “regularizados”, pero no se limitará a la mano de obra no calificada, y vendrán oleadas al finalizar contratos a término fijo que abarcarán, entre varios, a profesionales, obreros especializados, docentes de cátedra, dependientes de comercio, guardas de vigilancia y servicios domésticos. Duque prometió que no acudiría “por decreto a tratar de reducir la pobreza”, y tuvo razón: con el 1174 la acrecentará con mayor inequidad, fruto de tan mínima y vil versión del piso social.

Política energética: Importar fracking y exportar fracking

Con el documento firmado entre la Embajada de EE. UU. y el Gobierno, el modelo extractivista queda algo desueto, pues el país se aprestaría a traer el gas del exterior.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En noviembre de 2019 el gobierno de Duque firmó con la embajada norteamericana un documento que redefine la política energética y de infraestructura, ‘Marco para afianzar la cooperación en el fortalecimiento financiero y de mercado en materia de energía e infraestructura’. Expertos consultados y miembros de la industria dijeron desconocerlo, lo cual ratifica el secretismo frente a asuntos tocantes a los altos intereses de la Nación como con los contratos de las vacunas anticovid.

Duque suscribe una política más sumisa que la de Pastrana con la Ley 756/02, que retrocedió un siglo en el régimen de explotación de recursos naturales no renovables al revivir las concesiones y tumbar la participación del Estado con regalías móviles, como en el petróleo de 85 a 50 por ciento, o todavía menos si se contabilizan los perversos beneficios tributarios o los artificios contables a los que acuden las compañías. El Marco privilegia a Estados Unidos como puntal para “capitalizar capital privado y facilitar el crecimiento del mercado financiero en materia de energía e infraestructura mediante la identificación de oportunidades de inversión”. Pero no para ahí, también define las gangas: “Facilidades de importación de gas licuado e infraestructura de gasoductos” o “energías renovables no convencionales” o “exploración y producción de petróleo y gas, incluyendo reservorios convencionales y no convencionales” (léase fracking).

Dichas “áreas de cooperación” se asocian a mecanismos que facilitarán a los mercados de capitales actuar a sus anchas al inducir cambios en la regulación y en los esquemas tarifarios “que reduzcan los costos financieros” por cuenta de los usuarios. El timonazo es tal que el terminacho “modelo extractivista” queda algo desueto, ya que Colombia se apresta a importar gas para un mercado interno con potencial creciente, pues 34 por ciento de las industrias y 20 por ciento de los hogares lo usan, y compañías norteamericanas podrían traerlo, transportarlo y hasta distribuirlo. El Marco subraya el poder del capital financiero según el dicho “Sin bancos no hay petróleo” como en Ecopetrol, que ya les adeuda 33 por ciento de sus activos.

No son conjeturas. Duque anda obstinado en montar una planta regasificadora en Buenaventura surtida con gas foráneo y en contra de la industria gasífera nacional, cuyo principal agente es Ecopetrol. A Estados Unidos, primer exportador mundial de gas licuado por la abundancia del shale allá, le urge colocar inventarios que está acopiando. Desde 2015 acumula 50 millones de barriles, y sus exportaciones semanales de 400.000 barriles-día en ese año se treparon a más de 1,6 millones (EIA). Ni la planta ni las importaciones son necesarias.

Estudios muestran reservas probadas por diez años, sin necesidad de fracking para extraerse, y probables por 100 (Upme, Contrato C-041-2018). Todo indica que el eventual costo de 800 millones de dólares de la regasificadora de Buenaventura se cubriría con el mismo esquema de la ya existente en Cartagena, recargada en 65 por ciento sobre los estratos socioeconómicos uno y dos, con el agravante de que el gas importado es más caro que el nacional. Respecto al fracking en Colombia vale repetir que causa pasivos ambientales y males sociales de tal grado que violan el derecho al ambiente sano y varias convenciones internacionales como lo expuso David Boyd, relator de la ONU, en reciente audiencia en la Cámara de Representantes.

El Marco avanza en sentido contrario. Estipula maniobras financieras en mercados secundarios de deuda u otros derivados en los que el prestamista de Estados Unidos tendrá alto y rápido retorno del crédito en un sistema que quebró a más de 200 compañías allá. El proyecto de fracking con usura tendría a Ecopetrol en la mira como primer contratista de la ANH para explotaciones de carácter “investigativo”, que demandan alto volumen de capital debido a que 45 por ciento del crudo sale en los primeros años y no puede diferirse en el tiempo como en el modo convencional. Están en la fila Exxon y Drummond. Se habla también de adjudicar a operadores estadounidenses plantas de energías renovables que competirían con las que ya se habían asignado en una primera subasta con demanda copada, y un trino del ministro Diego Mesa con Bill Burlew de US-Colombia Business Partnership de 3-02-20 (7:14 p. m.) las define junto con el proyecto de la planta regasificadora del Pacífico como “oportunidades e inversiones” (@DiegoMesaP).

Es un fast track energy que pone el control del sector en Estados Unidos, con gas de fracking importado y crudo de fracking exportado. Dado que existe la posibilidad de terminarlo, ojalá el sucesor de Duque actúe en consecuencia, lo derogue y además proscriba el fracking, como en Uruguay, Costa Rica y Francia, y que Colombia recupere la menoscabada política energética.

Relaciones USA-Colombia: de república bananera

El cambio del halcón Trump por la paloma Biden traerá para sus neocolonias —fuera de alguna agenda nueva en medioambiente, tecnología y otras— el canje tradicional de big stick a carrot (garrote a zanahoria) como con Reagan a Clinton o con Bush a Obama.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Se discute sobre la relación del gobierno de Biden con el de Duque, y en la Cancillería repiten la frase de cajón: “Tenemos una alianza histórica entre los dos países”. Sí, historia en la que la superpotencia ordena y Colombia obedece, de república bananera, precisamente la categoría mencionada por George W. Bush a propósito de la turba trumpista y la toma del Capitolio en rechazo al resultado electoral. Desde 1900 Estados Unidos “convirtió la acción militar en el principal mecanismo de dominación en el Caribe y Centroamérica”, cuya máxima expresión de intervencionismo fue la separación de Panamá de Colombia en 1904, y volvió normal –diez veces hasta 1932– el uso del gran garrote de Theodore Roosevelt (García-Peña, 1994).

Estados Unidos buscó, además, la expansión económica con compañías petroleras y empresas bananeras de la mano del Departamento de Estado y con el crédito público que en 1928 ya sumaba en Colombia 217 millones de dólares en tiempos de la “prosperidad al debe” (Avella, 2007). Las concesiones Barco y De Mares se entregaron a Rockefeller e inversionistas gringos (Villegas, 1994), y la United Fruit creó un enclave en el Magdalena donde recurrió a la masacre con complicidad gubernamental.

La avanzada contó con el colaboracionismo de los gobiernos conservadores de los primeros 30 años del siglo XX, guiados por la máxima de Marco Fidel Suárez: “Mirad a la estrella del Norte” (respice polum) vuelta regla para gobernar a Colombia y retomada por los liberales con Olaya Herrera, que prometieron “desarrollar una política financiera de orden y economía” para atraer los mercados, en particular los de Estados Unidos (J. F. Ocampo, 1980). La Banana Republic fue forjándose a la medida de Washington en conchabanza con dirigentes de los dos partidos, tanto que López Michelsen dijo: “La corrupción empezó en Colombia con la United Fruit Company” (E. Santos Calderón, 2001).

El país ha visto pasar sinnúmero de misiones made in USA desde la Kemmerer en 1923, políticas agrícolas y educativas elaboradas en universidades norteamericanas, desiguales tratados de comercio e inversión, endeudamiento sin tasa ni medida, devaluaciones y revaluaciones según dicta la FED, alineación en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, Alianza para el Progreso y Tiar, neoliberalismo y el Consenso de Washington; hasta el Plan Colombia, violencias políticas y paramilitarismo con armas en buques bananeros porque “Washington quería reducir la violencia en Colombia” (Frechette, 2017), dictadura, Frente Nacional y revolcón, acuerdos con el FMI y dictados del Banco Mundial, “buenas prácticas” de la Ocde, concesiones mineras y petroleras, privatizaciones a la barata, desnacionalización del aparato productivo, inútil guerra contra las drogas y glifosato, injerencia en la justicia, la fuerza pública y la política social, y zonas de despeje y acuerdos de paz supervisados.

Colombia se moldeó al antojo del Tío Sam –que absorbe el néctar con pitillos o a porrones según le convenga– como inicua criatura: uno de cada tres pobladores se considera pobre, tiene el mayor desempleo de Suramérica (Cepal-2020-3T), el agro arruinado, la economía desindustrializada, estancada y proveedora de bienes primos, una posición internacional vulnerable y un ‘dolarducto’ instalado por donde sale más dinero del que entra.

El cambio del halcón Trump por la paloma Biden traerá para sus neocolonias –fuera de alguna agenda nueva en medioambiente, tecnología y otras– el canje tradicional de big stick a carrot (garrote a zanahoria) como con Reagan a Clinton o con Bush a Obama. En realidad lo novedoso ha sido la alineación de bandos nacionales con las facciones políticas en el Norte en tan deslucido espectáculo que el embajador Goldberg pidió “no involucrarse en las elecciones de Estados Unidos” (SEMANA) y donde no importa lo que “los gringos digan o quieran sino de cuán capaces seamos de sacarle provecho a las condiciones creadas a partir de sus lineamientos” (García-Peña, 1994) en un traslado al plano bilateral del nefasto tipo ¿cómo voy yo?

Además del cuadro de despecho de Iván Duque con llamada en espera desde la Oficina Oval, el mosaico de deshonrosas lagarterías contiene el ¡Hola! de Uribe y Pastrana a Trump en Mar-a-Lago recién posesionado; al embajador Pacho Santos engrudando afiches trumpistas o al Centro Democrático desplegado con la colonia paisa en Florida. Pero también los gritos criollos ¡Ganamos! con el triunfo demócrata y a Gustavo Petro en el clímax: “El programa de Biden es de la misma estirpe del de Colombia Humana en 2018”. Thanks, Mr. Petro!

A contramano, muchos pensamos como un conocido empresario: “Tenemos que dejar de ser los idiotas útiles de los países más desarrollados” (Mayer, SEMANA). ¿Quién, sin cálculo politiquero, nos representaría? ¿Quién que piense en futuras generaciones más que en próximas elecciones?

Vacunas antiCovid-19: con el pecado y sin el género

La desigualdad entre países explica buena parte de la inequidad mundial, brecha que amplió la globalización y es más visible en la industria, en la que los poderosos se fortalecieron fabricando los bienes de mayor complejidad, y los débiles, los productos comunes.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Nota: Cuando Alberto Lleras y Jorge Zalamea fundaron SEMANA, la mira fue crear un medio promotor del análisis, una línea mantenida en las etapas siguientes por los columnistas que me antecedieron en esta tarea, que, por invitación de las actuales directivas, haré con independencia y criterio personal, como conducta constante de que digo lo que pienso y lo digo pegado a los hechos.

La desigualdad entre países explica buena parte de la inequidad mundial, brecha que amplió la globalización y es más visible en la industria, en la que los poderosos se fortalecieron fabricando los bienes de mayor complejidad, y los débiles, los productos comunes. Los primeros gozan de exceso de demanda, en cambio a los segundos les sobra oferta. Entre los renglones apropiados por las potencias, en particular por Norteamérica, está la farmacéutica. Las Big Pharma responden por 50 por ciento de la inversión mundial para investigación y desarrollo en esa rama, son 4 por ciento del PIB de Estados Unidos, perciben ingresos superiores a un billón (millón de millones) y medio de dólares anuales, emplean un millón de personas en investigación, soporte técnico y manufactura, y a 5 millones en toda la cadena (www.selectusa.gov).

Su dominio posa en las cumbres de Washington y Wall Street. Un informe del National Center for Biotechnology Information (NCBI) sobre el lobby político de las Big Pharma para proteger y aprobar normas favorables en los estados, a nivel federal y en el mundo, registra la suma de 4.700 millones dólares en apoyos a candidatos presidenciales, congresistas nacionales y estaduales norteamericanos entre 1999 y 2018, por encima de cualquier otra industria. La más beneficiada fue la dupla Obama-Biden, con 5,5 millones de dólares entre 2008 y 2012. En 2020 Biden recibió 5,9 millones, mientras que Trump, la cuarta parte, 1,5 millones. Las Big Pharma apuestan a ambos bandos (globaldata.com).

El imperio económico tras Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, creadoras principales de las vacunas anticovid-19 y ahora al alza en las bolsas de valores, son los fondos financieros The Vanguard, BlackRock, Fidelity, Capital Research & Management y State Street, que como accionistas institucionales suman entre todos entre 15 y 22 por ciento del patrimonio en cada caso. Las ganancias correrán así a las mismas arcas, cualquiera que sea la vacuna aplicada. Es la figura conocida en el mundo bursátil como horizontal shareholding, que los mismos fondos usan para el control en las Big Oil (petroleras), en las de “economía verde”, de energía solar y eólica y en las primeras firmas contratistas del Pentágono (marketscreener.com).

Con base en la propiedad intelectual, considerada “la sangre del sector privado”, montaron un mercado con normas de hierro para garantizarse el monopolio mediante el sistema de patentes que imponen en tratados como ADPIC, TBI y TLC, con derechos específicos incluso sobre vacunas, patentes que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera un “mercado” antes que un bien de dominio público. Por ello, Estados Unidos y Gran Bretaña, entre varios, basados en los juicios de Albert Bourla, CEO de Pfizer, se opusieron, contando con la vergonzosa abstención de Colombia, en la Organización Mundial del Comercio (OMC) a adoptar esa justa calificación propuesta por Sudáfrica e India para las anticovid-19, idea respaldada por personalidades de la comunidad internacional como el nobel de paz 2006, Muhammad Yunus.

Con la lógica del monopolio se hicieron los contratos para la adquisición de vacunas contra el coronavirus, pese a ser desarrolladas en 85 por ciento con fondos públicos y filantrópicos (Airfinity). Según Bloomberg, los han firmado 189 países con distinta cobertura poblacional, pero es inicuo el comportamiento de los países ricos, que con 14 por ciento de la población acapararon 53 por ciento de la producción inicial (Oxfam). Colombia ocupa el puesto 62 con 33 por ciento de cubrimiento reconocido, debajo de diez países de América Latina, más atrás en la fila de lo anunciado en el programa televisivo presidencial Prevención y acción. De hecho, más de 50 países están vacunando y aquí vamos en cero.

La confidencialidad, con cláusulas onerosas como la de anticipos, que podrían subir a 1,5 billones de pesos, la de datos de los vacunados, la exoneración de responsabilidad a las Big Pharma por eventos adversos prescrita en la Ley 2064, el reconocimiento del monopolio y la exclusión de la farmacéutica nacional, los precios y cuántas más cláusulas desconocidas movieron a un alto funcionario a decirme: “Aurelio, nos arrodillaron”. Tan crudo balance, cierto para muchos países, lo será peor para aquellos con Gobiernos de corvas flojas, entre los que se encuentra el de Iván Duque por no acudir a la cláusula de excepción de protocolos internacionales (TLC) que en casos de epidemia garantiza el acceso sin la extorsión de las Big Pharma. Con el pecado y sin el género.

Teoría de juegos para el tarjetón 2022

¿Se devolverá el péndulo del poder desde la extrema esquina del uribato? ¿Hasta dónde?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Tras la malograda designación de Néstor Humberto Martínez como embajador en España, Iván Duque dijo: “Estará en una comisión de lucha contra el crimen”, y conviene saber si en tal condición Martínez escribió en SEMANA: “Ni Fajardo ni Petro estarán en el tarjetón 2022”. Esa intimidación es parte de las conjeturas sobre las próximas elecciones presidenciales, muchas guiadas por el deseo, aunque hay una que parece cobrar cierta fuerza: serán tres las pistas por donde correrán agrupadas las precandidaturas, no por ser izquierda, centro o derecha, pues en tiempos de confusión “los límites de cada uno distan de estar fijados” (Anderson, 2005), sino por pragmatismo político, lo que tampoco las despoja de eje ideológico.

No obstante, más allá de las suposiciones hay contradicciones que las candidaturas deben resolver para ser viables, algo más realista y menos especulativo. A Petro, por ejemplo, lo acosa la circular de Interpol para Juan Carlos Montes, vinculada a la amenaza hecha por Martínez Neira. Asimismo, se enfrenta al dilema de mantener crispadas a las “barras bravas” –45 por ciento de la gente lo cataloga de extrema izquierda y 35 por ciento, de izquierda (Ecoanalítica)– o de atraer al establecimiento, como intenta con el “acuerdo” que le lanzó a Biden con el telón del cambio climático a ver si cubre el arcoíris desde Washington y sale del aislamiento.

El Partido Verde, eventual núcleo de otro agrupamiento, tiene las alcaldías de Bogotá y Cali y depende de ellas para avanzar, como también de cuajar la unidad entre el conjunto variopinto de tendencias y de contar con candidaturas de peso, pues las que suenan no parecen hervir para la hora. De captar a Ángela María Robledo le daría duro golpe a Petro, y por adelantado tendría buen tiquete de salida. En ese ámbito está Sergio Fajardo, puesto en el foco de la coerción del exfiscal por Hidroituango, y ya con planes de empleo de “emergencia” o para cerrar las brechas en la educación, pero que debe decidir si se allega a los verdes o sigue con su Compromiso Ciudadano, pese a que quizás sea dicha indefinición la que sustenta una favorabilidad del 57 por ciento, ya que 35 por ciento de la opinión no lo ubica políticamente (Ecoanalítica).

Por ahí podrían correr alfiles santistas, como Alejandro Gaviria, Roy, De la Calle, Cristo o los neosocialdemócratas. También Jorge Enrique Robledo, sobre quien, por mi conocimiento de vieja data, coincido con Jimmy Mayer: “De gran integridad y preocupado por el bien del país”, y con Antonio Caballero: “El más serio, tiene inteligencia, coherencia”, pero ni esto ni el atrayente movimiento Dignidad le bastan. Tiene el reto, fuera de oponerse a disparatadas reformas tributarias atiborradas de impuestos indirectos, de hacer razonables pero audaces propuestas sobre empleo, corrupción, paz, salud, equidad de género, ambiental, fiscal y otros temas básicos, además de renegociar el TLC. En suma, “salirse de la fila” para hacerse alcanzable a quienes lo desconocen. Galán es marca en política, aunque a veces se refiere indistintamente a la memoria de Luis Carlos o a Carlos Fernando o Juan Manuel. El relanzamiento del Nuevo Liberalismo será la cuota inicial, pero tendrá una tarea enorme en aras de construir un proyecto factible bajo el precedente del fracaso en 2011 y 2019 en la campaña a la alcaldía de Bogotá, que fuera su plaza.

El peregrinaje al Ubérrimo, que marca la tercera pista, está sellado por el reaccionario Gobierno de Duque y el desprestigio creciente de Uribe, imputado penalmente. Hacen fila Fico, Char, Dilian, Paloma, Trujillo, Nieto, Pinzón y demás. Cargarán, como el exalcalde de Curramba, con pecados propios y también con las nuevas violencias incontroladas y la irracionalidad contra el acuerdo de paz. O con el neoliberalismo repugnante de Carrasquilla. O con el mayor desempleo de Suramérica y con la cuña hereditaria de Tomás (¿cabeza del Centro Democrático?), cuyo talante se mide por la frase: “La JEP hay que acabarla, es muy costosa”.

En el Conservador la enseña la porta Marta Lucía Ramírez, pese a emproblemados negocios familiares, a mil desatinos verbales, a ser vicepresidenta de Duque y hasta de contraer covid por desechar el tapabocas, como Trump. En perspectiva, la colectividad azul seguirá de apéndice del Partido del Presupuesto, según predicó Roberto Gerlein.

Al liberalismo lo ronda la indefinición: no se sabe si está con Duque o es independiente, porque una cosa expresa su jefe en los noticieros, y otra, los congresistas con sus votos, adecuando a Horacio Serpa: es más chicha que limonada. ¿Cultivan acaso la precandidatura dinástica de Simón Gaviria? Sobre el mapa descrito y sin noticias de Vargas Lleras o del insaciable Peñalosa, caben dos hipótesis centrales en el juego: ¿se devolverá el péndulo del poder desde la extrema esquina del uribato? ¿Hasta dónde?

China

A futuro, el país delineó la inteligencia artificial como la primera carta de navegación.

La opinión mira –en esta coyuntura– hacia oriente, quizás sin conocer los fundamentos de la República Popular China (China). Esta columna, sin agotarlos, pretende describir algunos. Tiene 1.400 millones de habitantes y un producto interno bruto (PIB) de 14 billones de dólares. Es la segunda economía, y si en 2018 creció 6,6 %, entre 1978 y 2010 lo hizo 10 % anual, apalancada por crédito irrigado a hogares, empresas, gobiernos locales, bancos y gobierno central, que suma 300 % del PIB. Sus reservas externas alcanzan 3,12 billones de dólares, con 1,14 en bonos del Tesoro norteamericano.

Es fuente comercial de 140 países, responsable del alza mercantil entre 2002 y 2012 y del crecimiento global. Conviven “dos sistemas”: empresas estatales estratégicas y un sector privado que aporta 66 % del PIB y 70 % del empleo e incluye 338 multimillonarios. Los mercados financieros de Shenzen y Shanghái –solo superados por Wall Street– cuentan con miles de firmas emisoras que transan billones anuales en acciones, bonos públicos y privados con retornos en 20 años hasta del 20 % e inflación media del 4 %. A futuro, China delineó la inteligencia artificial como la primera carta de navegación.

Su iniciativa exterior es “One Belt, One Road”, nuevo “Camino de la Seda”, motor en construcción de puertos, ferrocarriles, hidroeléctricas, gasoductos, industrias e infraestructura logística

El 19.o Congreso del Partido Comunista, encabezado por Xi Jin Ping, tras sacar 270.000 miembros corruptos, anunció una “nueva era del socialismo con características chinas” que definió como la contradicción principal “entre las necesidades de las personas por una vida mejor y un desarrollo desequilibrado”, e instó a “una sociedad moderadamente próspera”, con “el mercado en la asignación de recursos” y “fuerzas armadas fuertes y modernas”, sometidas al Partido.

Proclama un “rejuvenecimiento nacional”, pues 15 % de su población supera los 60 años, y en 2050 la edad media será de 46; la población en edad de trabajar ha caído a 900 millones y la económicamente activa es de 770 –con alta informalidad rural, donde existen 50 millones en pobreza absoluta–, aunque desde 1990 emigraron a las urbes cerca de 220. China gasta 4 % del PIB en educación, frente al 7 % promedio mundial; cobija en pensiones al 60 %; en salud, el gasto de hogares es un elevado 30 % del total –para medicinas, consultas y hospitalización a 95 % de las personas–; el resto es gasto social y público.

China cobra influencia global basándose en relaciones económicas: Según Heritage Foundation, exportó capital –entre 2005 y junio de 2018 por inversión directa y contratos de infraestructura– por 1,87 billones de dólares a 150 países en 2.907 transacciones, 953 en Asia oriental y occidental y 521 en África subsahariana. Por sectores, 861 fueron a energía –importa 67 % del petróleo y 34 % del gas– y 840, en construcción y finca raíz. Ha adquirido tierras en casi 30 países por un millón de hectáreas.

Su iniciativa exterior es “One Belt, One Road”, nuevo “Camino de la Seda”, motor en construcción de puertos, ferrocarriles, hidroeléctricas, gasoductos, industrias e infraestructura logística y de intercambios en ciencia, tecnología y comercio vía corredores económicos a través de Asia, Europa y África.

Xi Jin Ping, que avizora “una oportunidad estratégica”, reorganiza el Ejército Popular de Liberación (EPL) a alto nivel tecnológico, apoyado en un complejo-militar-privado y perfilado a operaciones externas que jerarquizan Asia y los mares circundantes. Con una primera base externa en Djibouti, divide sus tropas combinadas de 78 brigadas en cinco teatros geográficos: las terrestres, con 7.400 tanques, 10.600 piezas de artillería y 915.000 efectivos; en las aéreas destacan 1.490 cazas, 130 aviones de misión especial y 530 bombarderos y las navales con un portaviones, 56 submarinos, 28 destructores, 28 corbetas, 51 fragatas y 346 entre patrulleros y guardacostas. Contabiliza entre 75 y cien misiles intercontinentales, de 16 a 30 intermedios y más de 1.500 de mediano y bajo rango, y puede cargar 280 ojivas nucleares en tanto Rusia y Estados Unidos poseen 1.550. Es el segundo ejército, que también adelanta cibertareas, con presupuesto de 150.000 millones de dólares anuales.

Michael Beckley desestima “el inminente riesgo de Estados Unidos de ser sobrepasado”, pues colige que los países populosos reducen sus recursos netos luego de descontar los gastados en alimentar y proteger a su gente, y además argumenta que las empresas chinas carecen de eficiencia, y su equipamiento militar, de alcance, potencia y precisión, y Krugman afirma que China “está llegando a su muralla”.

A contramano, en el ‘Orden mundial’, Kissinger advierte que en quince casos históricos, cuando “interactuaron una potencia en ascenso y otra establecida”, diez terminaron en guerra. En medio de la crisis de la globalización, la tensión escala y va tornándose en primera contradicción mundial.

¿Generación E o Generación D? Es la contradicción

La UNESCO define la Educación Superior como derecho humano universal y, a la vez, como bien público social de calidad que es deber del Estado garantizar. ¿Ha cumplido Colombia dicho mandato? Algunas cifras permiten responder

En Educación Superior, según la OCDE (2016), el gasto privado en nuestro país es 64% del total, mientras que el público es apenas 36%. De 37 países analizados, estamos entre los 7 donde esa relación está invertida frente al papel prescrito al Estado de “hacer posible el acceso a todas las personas”. A contramano están 27 países, encabezados por Finlandia, Alemania, Francia y México, donde el importe estatal supera 70% de las expensas generales.

De 43 países estudiados (OCDE, 2017), Colombia ocupa, con el 28,1%, el puesto 36 en términos de la población entre 25 y 34 años con educación superior (incluyendo la tecnológica), mientras que el promedio en países de la OCDE es 44%. Hay solo 16 países en que dicho porcentaje es inferior al 40%. Estados Unidos es donde menos ha crecido dicha población con respecto a hace 30 años, al subir solo del 42% al 47%.

Precisamente, Colombia copió el modelo fallido de Estados Unidos: el del negocio financiero, incentivando la demanda educativa por la vía del crédito, gestando un filón cuyo monto supera allá los 1,4 billones de dólares (millones de millones) y abarca a más de 44 millones de deudores.

Aquí el ICETEX, convertido en banco de segundo piso y en eslabón clave, tiene 640 mil clientes de crédito, casi uno de cada tres estudiantes. 406 mil de ellos son atendidos con recursos propios, más del 90% de estratos 1,2 y 3, y otros 232 mil mediante diversos fondos administrados por $2,6 billones, incluidos $900 mil millones de Ser Pilo Paga. Su cartera total es de $4,7 billones, con 52.228 créditos morosos que suman el 8,8% del total prestado. El ICETEX acumuló utilidades por $550 mil millones entre 2015 y 2017 y acrecentó su patrimonio en 30% con rentabilidades promedio del 10% anual.

A tan jugoso desempeño contribuyó además que, en 2017 y 2018, se desviaron para el ICETEX recursos esperados de reformas tributarias tanto por IVA “social” como por CREE por cerca de un billón de pesos. Se desviaron, porque eran para instituciones públicas de educación superior. Igualmente, el Capital Extranjero montó allí un nicho: el Banco Mundial, el BIRF y la Agencia Francesa para el Desarrollo le han provisto cientos de millones de dólares para su objetivo de costosísimo prestamista.

La propuesta de Generación E, escudada tras un superlativo, la Excelencia, relanza el Ser Pilo Paga (SPP), aun cuando empeorándolo: Los estudiantes del SISBEN con menos de 57 puntos, con puntaje mayor a 360 en pruebas SABER y que vayan a universidades privadas –no son ni el 3% de los aspirantes– tendrán un componente de la matrícula por la vía del “crédito condonable”. El “impulso” a las universidades públicas, como apoyo del gobierno, estará sujeto apenas a estudiantes admitidos y con SISBEN de menos de 32 puntos.

Al margen quedaron por tanto el sistema estatal como el grueso de la población estudiantil, la cual podría llamarse Generación D, aquella que reclama el ingreso a la educación superior por ser un Derecho fundamental, tal como lo dicta la UNESCO: para ambos poco o nada hubo en la propuesta de Duque. Los rectores del sistema estatal (SUE) afirmaron que el aumento de la demanda, en cuanto les atañe, causaría nuevos gastos y que en el “escenario crítico”—con faltantes de caja por más de $3 billones— obliga más a reducir que a crear nuevos trámites ante el ICETEX. Explicaron que la Generación E es un programa similar al SPP, con financiación incierta, y que la propuesta de incrementar lo transferido, bajo parámetro anual del IPC + 1,8%, es insuficiente, ratificando la necesidad de fijarlo en IPC + 4%, como sostienen estudios demostrativos de que el “gasto docente” crece mínimo 3,5% por encima de la inflación (Acosta,2018).

Luego de dos semanas de movilización y anormalidad académica en más de 20 universidades, el presidente Duque, quien hace anuncios por twitter y en monólogos sin citar al indispensable diálogo, persiste en poner el crédito y el ICETEX como protagonistas del sector educativo superior, y, para colmo de males, sus copartidarios tramitan al mismo tiempo en el Congreso la resurrección del ánimo de lucro como leitmotiv  de la educación.

Así las cosas, el gasto particular de los hogares para educarse continuará predominando; la población educada será poca; las universidades públicas verán prorrogado su marchitamiento y quienes aspiran a acceder a ellas como un derecho, la Generación D, seguirán excluidos por barreras económicas y presupuestales. ¿Hasta cuándo resistirá el engendro?

Bogotá: ¿del limbo al infierno?

Planeación Distrital presentó el Avance Físico del Plan de Desarrollo de Bogotá Mejor para Todos 2016-2020. Los programas deberían estar en un 50 % de cumplimiento, descontando tiempos de inicio y empalme, pero, por lo registrado, el balance es desalentador, en particular, en áreas cruciales.

En educación, de 30 colegios nuevos prometidos se han construido solo dos, y de 32 restituciones de sedes educativas van en una tercera parte.

Tres programas claves de dicha Secretaría están en cero: la reforma institucional, la alfabetización para adultos y los 35.000 cupos adicionales en educación superior. También como tortuga va la infraestructura sanitaria. De 40 CAPS (Centros de Atención Prioritaria), 22 se adaptaron en los eliminados Camis; no se ha puesto un ladrillo en los CEUS (Centros de Urgencia del Sur), ni en la reposición de cuatro hospitales, incluido el de Usme, ni menos en dos hospitales nuevos proyectados.

La atención de las personas no inscritas en régimen alguno, “los vinculados”, escasamente llega al 40 %. Y aunque se diga que en 2017 la EPS Capital Salud ganó $41.000 millones, el concejal Manuel Sarmiento demostró —con pruebas— pérdidas por $1.300 millones. Además, el saneamiento de dicha entidad, según Planeación, está apenas en 38 %.

Los damnificados de Peñalosa II son los niños y niñas. La Personería evidencia que de 723 mil, entre los cero y cinco años, el Distrito solo atiende al 17 %; es decir, a 125.436 en 366 jardines infantiles, muchos con notorias deficiencias. Por otro lado, se clausuraron 47 servicios diurnos y nueve nocturnos, como lo ratificó el informe de Planeación, que asigna un cumplimiento del 31,9 %. Los demás menores atendidos asisten a centros privados.

La alarma se prende en materias económicas y sociales. El crecimiento del PIB fue de 2,96 % en 2016 y 1,61 % en 2017, por debajo del resultado nacional de 3 % y 1,7 %, respectivamente; la pobreza monetaria creció, frente a 2015, de 10,4 % a 11,5 %, la extrema de 2 % a 2,5 % y el desempleo de 8,3 % a 10,5 % en mayo de 2018. En infraestructura social, va 21,9 % en ciclorrutas y 16 % en nuevo espacio público; de 60 mil viviendas VIS marcha apenas la tercera parte y lo planeado en alcantarillado alcanza un irrisorio 10 %.

En seguridad, pese a bajar los homicidios, el robo se disparó. El de bicicletas subió 66 % en los cinco primeros meses de 2018 con respecto a 2017; el de residencias se trepó a 8,6 %; los distintos robos que afectan a las personas aumentaron 56 %; el de celulares al 70 % —seis cada hora—, el cual se produce principalmente en el transporte público; el de autos y motos disminuyó marginalmente y los reportes por narcóticos aumentaron 9 %.

Movilidad es un fracaso. Para dejar el metro en un 30 % de avance solo se ha hecho el 10 %, lo que significa, como dice el concejal Hinestrosa, apenas un 3 % del gran proyecto de Bogotá. Ni un kilómetro de troncal; la malla vial arterial en buen estado ha decaído (según Veeduría-IDU); sigue en crisis el SITP, aún con billón y medio de pesos trasladado a los operadores, y el provisional permanece aplazado por dos años, mientras que tampoco tiene éxito la “guerra a los colados”.

En 2017, el 89 % de la contratación —por valor de $2,13 billones, que representa el 35 % del monto total— fue a dedo y tres licitaciones (aseo, semaforización y grúas-patios) están glosadas por organismos de control por graves motivos, lo que deja al descubierto un vacío de transparencia en la Bogotá de Peñalosa II.

Como afirmó el concejal Flórez, por la licitación de TM, continuarán miles de “buses-chimenea” de marca conocida, pero, al final, no se iniciará obra alguna, quizás el funesto Transmilenio por la Séptima. No obstante, quedará un cúmulo de contratos firmados con endeudamientos por décadas, pero sin estudios completos; el metro seguirá envolatado; se elevarán los impuestos confiscatorios, y el POT se guiará por marcados negocios inmobiliarios. Para rematar, Peñalosa ferió el 16% de la Empresa de Energía y atenta contra la ETB, que la ciudadanía espera salvar.

El libro Bogotá en el limbo, que presenté en noviembre de 2017, sintetizando los últimos 25 años, incluido Peñalosa I, corre el riesgo de perder vigencia: con Peñalosa II parece empezar el tránsito al infierno.