Matemáticas elementales para revisar el TLC con USA

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Con el TLC, Colombia ha retrocedido. ¿Por qué? La entrega del mercado nacional es razón primordial.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En 2005, en la negociación del TLC con Estados Unidos, escribí el artículo “Matemáticas elementales para el TLC”. Mostré que, de las importaciones de Norteamérica, la oferta de Colombia no satisfacía los bienes más demandados. El TLC exportador era espejismo.

Entonces el ingreso anual estadounidense era de 11,7 billones de dólares (con 12 ceros) y las importaciones, de 1,48 billones. El 90 por ciento del mercado norteamericano se surtía de mercancíaspropias, y las mayores compras externas eran combustibles, automóviles, autopartes y tecnológicos como computadores y accesorios, maquinaria industrial, equipo de telecomunicaciones, de medición, médico, aeronáutico, y semiconductores.

Colombia proveyó ese año 1,8 por ciento de los combustibles, 0,18 por ciento de los bienes de consumo final y 1,1 por ciento en alimentos y bebidas como café, banano, azúcar, galletas y camarones. Las exportaciones nacionales a Estados Unidos fueron 8.479 millones de dólares (Dane), 0,57 por ciento de las compras estadounidenses.

Al pensar en revisar el TLC con USA a los diez años de vigencia, y si, como dijo el ministro Ocampo, no es “proteccionista” y “todo lo que hay que hacer es fomento exportador” (SEMANA), sirve comparar las matemáticas de 2005 con las de 2021 para mirar si algo cambió.

Las importaciones de Estados Unidos en 2021 en 142 referencias sumaron 2,83 billones de dólares (Census.gov), el doble de 16 años atrás. El ingreso de 332,18 millones de habitantes suma 23,02 billones de dólares, a 69.288 dólares por cabeza, que dedican 12 por ciento del consumo a mercancías extranjeras.

Los renglones más importados son iguales a 2005: farmacéuticos, carros, celulares, autopartes, computadores, semiconductores, aparatos electrónicos, de telecomunicaciones y médicos, vestuario, textiles y camiones. Colombia, de ellos, no suministra nada o casi nada y en petróleo crudo abasteció 3,2 por ciento de 130.000 millones de dólares totales (Census.gov).

Tras una década de TLC, el hidrocarburo junto con café, banano, flores, carbón, “otros alimentos” (azúcar, galletas, confites, pescado, aguacate y cacao), fuel oil, metalmecánica y envíos de menor valor venden más de 200 millones de dólares anuales y la novedad es el oro, por 1.568 millones de dólares, como en la Colonia (Census.gov).

Se reitera al mirar las 50 primeras compañías exportadoras desde Colombia a todo destino. Hay 29 extranjeras, las 19 principales en el sector minero-energético y en la petroquímica, cinco en café y flores, pocas en industrias, automotriz, metálicas, agroquímicos, cosméticos y resinas (Portafolio, 2019).

De 137 referencias vendidas en USA, 112 registran menos de 50 millones de dólares, solo 15 entre 50 y 200, y confecciones y textiles combinados un poco por encima de los 200. De todo lo que importa Estados Unidos, por 2,83 billones, las mercancías colombianas suman 13.177 millones de dólares, 0,46 por ciento, peor que en 2005 (Census.gov).

Con el TLC, Colombia ha retrocedido. ¿Por qué? La entrega del mercado nacional es razón primordial. En 2018, por 100 pesos de consumo de bienes industriales, incluso insumos, 44 eran de origen extranjero. Si las exportaciones son excedentes de las ventas internas, ¿cómo conquistar mercados afuera? El calzado lo ilustra. De 110 millones de pares demandados al año por los colombianos, 70 son importados. A Estados Unidos solo se exportan 200.000 pares por 7,5 millones de dólares. ¿Se renegociarán los TLC para enviar otro tanto allá antes que recuperar demanda aquí?

La ventaja comparativa no opera. Tal es el caso de las confecciones en USA. En julio de 2021, los diez países más vendedores, China, Vietnam, Bangladesh, India, Indonesia, México, Honduras, El Salvador, Camboya y Pakistán, colocaron 6.989 millones de dólares. ¿Apelar a la guerra salarial como ventaja absoluta? (https://apparelresources.com).

Hay barreras insalvables. La manufactura norteamericana tiene subsidios para exportar y para competir adentro. En 2016 hubo 86.000 millones de dólares en subvenciones; los recursos públicos compran 20 por ciento del PIB industrial (Saqueo, pág. 117) y esta semana pasó una ley por 280.000 millones de dólares que “acelerará la fabricación de semiconductores en Estados Unidos, bajando los precios en todo, desde automóviles hasta vajillas”(NYT). Predominan además duopolios y oligopolios: “Docenas de industrias están tan atrozmente concentradas que vale requerir qué hacen las autoridades antitrust” (Tepper-Hearn, 2019). ¿Los derrotaremos?

Con ese panorama, la revisión del TLC en los capítulos comerciales, pocos entre 23, debe centrarse, incluso con la pretensión exportadora, en la reconquista del mercado interno. La realidad muestra lo irrisorio de solo buscar más apertura en Estados Unidos. Sería un engaño.

El agujero negro de Air-e

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¿El descomunal costo fiscal y los esforzados sacrificios de millones de costeños corren, revueltos con réditos de las subsidiarias de Utilities, a un agujero negro al exterior?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Desde 2005, antes y después de Electricaribe, los gobiernos nacionales gastaron 13 billones de pesos en subsidios sociales, inversiones, asunción del pasivo pensional y otros. Se subvencionó la operación y se abonó el terreno para Afinia y Air-e, que ganaron, en marzo de 2020, la subasta para el comercio y distribución de energía en la costa caribe.

En el caso de Air-e, la “adquisición de los activos” para operar en el Atlántico, Magdalena y La Guajira, avaluados en 2,44 billones de pesos, le fueron entregados por 285.000 millones, el 11 por ciento del valor. Resoluciones de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg) y decretos de MinMinas concretaron el artículo 318 del Plan de Desarrollo del Gobierno Duque –que llena los bolsillos “inversionistas”– y formaron un atractivo negocio en detrimento del servicio público.

A partir de “un régimen especial tarifario” para la costa caribe, las resoluciones 010 de 2020 y 078 de 2021 de la Creg colgaron sobrecargos y rubros adicionales, tanto que, de octubre de 2020, cuando se inició la operación, hasta mayo de 2022, la tarifa plena pasó de 487 pesos a 920, un exorbitante 88 por ciento que la Creg aprobó diferir por años y que ahora va en 713, el 46 por ciento, tras una tasa de retorno del 11,36 por ciento (Creg, Res. 007 de 2020). El viacrucis va en la mitad.

¿Cuáles las arandelas colgadas a la gravosa tarifa? Un kilovatio base más caro; las pérdidas eléctricas reconocidas del sistema, factor que en 2020 era de 41 pesos por kilovatio, se trepó a 280 en junio de 2022; el traslado del impuesto de renta al consumidor a tasa del 35 por ciento, cuando la efectiva es 17,6 (Villabona, UN); la financiación de las inversiones futuras imputada a la factura, aunque la ejecución del plan en 2021 para corregir pérdidas eléctricas, con corte al tercer trimestre, iba en 53 por ciento de la programada, y para la calidad de potencia apenas en 43 por ciento (Superservicios, abril/2022), y además la instauración de la leonina modalidad prepago. El Decreto 1231 de 2020 de MinMinas reforzó la facultad de hacer y deshacer.

Air-e, con la confabulación institucional, empuja la implantación de los contadores tipo AMI, que miden el consumo, el voltaje, la corriente y más datos, para hacer lecturas “inteligentes” a fin de garantizar plena recuperación de costos. Hay un plan piloto de 10.000 instalados en una zona de Barranquilla y es un pulso pendiente con la ciudadanía.

¿Qué tal la suerte de Air-e con tan generosa regulación? Los estados financieros depositados en la Cámara de Comercio de Barranquilla, fuera de registrar cartera por 426.000 millones de pesos, alguna heredada, arrojan pérdida neta en 2020 por 153.164 millones y para 2021 por 373.165. Esas cifras están afectadas por el rubro contable “deterioro de valor de activos” por 123.953 y 493.830 millones en 2020 y 2021.

Si a los números rojos de este último año 2021 se les quitara ese “deterioro”, una estimación contable proyectada por una consultora, afloran ganancias en pesos corrientes de 120.665 millones. Sin la artificiosa depreciación de activos, que también reduce el pago del impuesto de renta, de la contabilidad para 2021 resulta una rentabilidad sobre ingresos de 3,8 por ciento y 3,1 sobre activos (ver estados financieros Air-e).

Nada extraño, solo que 99,5 por ciento de Utilities Inc. nació como propiedad de firmas domiciliadas en Panamá, tuteladas por el bufete Obaldía y García de Paredes, con un carrusel de funcionarios comunes. A las originales Globus Capital Corp., Tiznow Finance, Barnes Finance y Ramber Latinoamericana, se añaden otras –locales y panameñas– en una intrincada telaraña. Por ejemplo, la asamblea de Utilities Inc. de agosto 13 de 2020 en Bogotá, en la carrera 8a. n.° 69-67, decidió que 99 por ciento de las utilidades del conglomerado se girarían a Globus Capital Corp. (ver acta art. n.° 6). Típico Panamá Papers.

¿El descomunal costo fiscal y los esforzados sacrificios de millones de costeños corren, revueltos con réditos de las subsidiarias de Utilities, a un agujero negro al exterior? Ojalá veedores sociales o la Liga de Usuarios del Atlántico o frentes amplios ciudadanos, como el de Riohacha, destapen a quienes declaran quebrantos contables en Colombia, pero giran jugosos dividendos a Panamá o quizás a otros destinos.

Las herencias de Pipe

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¿Pasará la herencia de Pipe por encima del “cambio” o será parte del variopinto Acuerdo Nacional, recargado por “los mismos con las mismas”? Veremos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Al iniciar su periodo conversé con Felipe Córdoba y le dije que esa posición podría ser plataforma para sentar un precedente contra tanto ladrón tradicional del erario y el despilfarro de recursos públicos. La era de Córdoba se rigió por el Acto Legislativo 04 de 2019, que adicionó el control preventivo y concomitante, y concretó un sistema de advertencias que aumentó el número de funcionarios a 6.829 y el presupuesto a 1,33 billones, triplica el de 2019 (SEMANA 15/1/2022, “Control descontrolado”).

Terminó en chasco. Según denuncias de Valeria Santos y Sebastián Nohra en Blu Radio, a dos contralores delegados que visaban proyectos del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), luego de ser aprobados, les valió para cobrar coimas. Eran parte de un carrusel con alcaldes, congresistas conservadores como Merheg, Ape Cuello y Manzur, señalados en la investigación, y el director de regalías de Planeación Nacional (DNP), Álvaro Ávila, “coterráneo y copartidario” del director, Luis Alberto Rodríguez. Se estima el desfalco en centenares de miles de millones de pesos, y los contralores Quiroz y Gualdrón, de acuerdo con la acusación, pedían 2 por ciento de la contratación tramitada.

Córdoba deshonró asimismo la gestión de la Contraloría en el proceso de Hidroituango contra Sergio Fajardo. Con el escándalo en plena campaña electoral, fue evidente la dañina motivación cuando, como se había advertido, el seguro cubrió los costos del detrimento patrimonial. En la firma del pago de la póliza entre Mapfre y EPM, tras haber puesto en la horca a Fajardo y a 25 personas más, dijo con solemnidad: “En el momento en que se salden los 4,3 billones de pesos no habrá inhabilidades ni sanciones para ninguno de los 26 (sancionados)” (El Tiempo, 10/12/2021). Sentó el funesto precedente del control fiscal amañado como arma política.

A los desatinos institucionales, del control preventivo vuelto previo o del abuso para afectar carreras electorales, se añaden espinosos asuntos que envuelven a Felipe Córdoba. El primero es el deliberado ocultamiento del valor real de una mansión de 1.083 metros cuadrados en un lote de 4.158 en la zona de mayor valorización en Pereira, Malabar, a medio millón de pesos por unidad de terreno, que construye la “sociedad conyugal vigente” con Marcela Yepes (El Espectador, julio 3 de 2022).

En la crónica sobre esta edificación se relatan asimismo los vínculos que ha tenido con empleados y recursos técnicos de la firma constructora Grupo Rivera, la misma que le vendiera a la Contraloría un edificio en obra negra para la sede en Pereira, por 5.184 millones de pesos, después de adquirirla, tres meses antes, a un banco por 3.200. Al mismo contratista se le adjudicó la obra de adecuación por otros 6.973 millones. ¿Cómo fueron los concursos para el terreno y para los acabados que ambos beneficiaron al mencionado grupo? (El Espectador, idem).

El segundo es el doctorado exprés, que le permite a Pipe cargos futuros en las cortes o la Fiscalía. La documentación exhaustiva, de disímiles fuentes, da cuenta de que, en ejercicio de funciones de tiempo completo, en “dos años y medio se graduó de abogado de la Universidad Politécnico Grancolombiano y obtuvo, además, el título de un doctorado en la Universidad de Jaén en España”, con reconocimiento cum laude. Una revisión académica y periodística, que encontró inconsistencias, plagios y manipulaciones ideológicas en el trabajo de grado, dio para el sonoro titular: “Summa cum fraude” (Caracol Radio, 2/6/2022).

Antes de que el Tribunal de Cundinamarca resolviera “rehacer la lista de elegibles” por razones de mérito y género (14/2/2022), Córdoba había formado un elenco de diez personas para la sucesión. Ocho de su cuerda: seis burócratas de la Contraloría, incluidos Quiroz y Gualdrón, más el excontralor de Bogotá, Andrés Castro, y Luis A. Rodríguez, exdirector del DNP, enredado en la manchada tramitación de proyectos PDET.

Toma fuerza María Fernanda Rangel, directora de una división de la Contraloría, la Diari, que recibía las hojas de vida recomendadas por los politiqueros y colocaba la clientela, como la del corrupto Mario Castaño. Tiene trayectoria, de empleada o contratista, en la Presidencia, el Ministerio del Interior, el Senado, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y la Previsora, siempre apadrinada, y es de oídas su cercanía con Roy Barreras, el eficaz lobby a su favor del “gordo” Bautista, paisano cucuteño, y el segundo grado de consanguinidad con los dueños de la emproblemada empresa operadora del relleno Doña Juana de Bogotá. La campaña a la Contraloría, con base en el directorio cordobista, está en marcha. ¿Pasará la herencia de Pipe por encima del “cambio” o será parte del variopinto Acuerdo Nacional, recargado por “los mismos con las mismas”? Veremos.

¡Dios salve a Belén de Umbría y Mistrató!

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A tan apacible y productivo municipio llegó la zozobra. Su ubicación en la falla de San Jerónimo, donde hay yacimientos de minerales, lo puso en la mira de las mineras multinacionales.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Belén de Umbría es el primer municipio cafetero de Risaralda y de los mayores del país, con 800.000 arrobas anuales. Tiene 32.000 habitantes en 180 kilómetros cuadrados y su vocación agropecuaria se extiende al plátano, el lulo, la mora y los cítricos. Se plantan en 55 veredas y su fundación, en 1890, fue fruto de la expansión de la frontera agrícola en la colonización antioqueña.

Aunque hubo violencia liberal-conservadora y del conflicto armado, predomina la vida pacífica y organizaciones no gubernamentales locales trabajan para combinarla con el atractivo del Paisaje Cultural Cafetero, incluido el 25 de junio de 2011 por la Unesco como Valor Universal Excepcional, que atrae el turismo (Conpes 3803).

En Belén de Umbría hay un ecosistema hídrico y biodiverso con distintos cuerpos de agua. El río Risaralda lo bordea y la principal quebrada es la Santa Emilia, que surte el acueducto, construido en 1976 en un convite cívico para aprovisionar a 15.000 habitantes del casco urbano. Tiene depósitos cuaternarios acuíferos y, aunque se carece de estudios hidrogeológicos, los hay de más de 200 años. Para proteger el agua se consolidó el parque natural, también llamado Santa Emilia, de 528,5 ha (ipt.biodiversidad.co).

A tan apacible y productivo municipio llegó la zozobra. Su ubicación en la falla de San Jerónimo, donde hay yacimientos de minerales, lo puso en la mira de las mineras multinacionales. Datos preliminares calculan 0,151 gramos de material cuprífero por tonelada de roca y asociado a oro, que motivó la codicia del capital extranjero extractivo, el que, quizás con dicha información, requirió títulos mineros, inclusive antes de que la Agencia Nacional de Minería (ANM) expidiera la Resolución 233 del 17 de diciembre de 2021, que creó el Área Estratégica Minera (AEM) en Belén, Mistrató y una porción de Guática.

Esas AEM aparecen en los planes de desarrollo de Juan Manuel Santos y fueron ratificadas en el artículo 336 del de Iván Duque. Se decretan donde haya minerales “estratégicos” como oro, platino, cobre, fosfatos, potasio, magnesio, carbón metalúrgico y térmico, uranio, hierro, niobio y coltán, o arenas negras o industriales. Los dirigentes criollos no pelean cuando de feriar la riqueza nacional se trata.

Hay solicitudes de concesión de títulos por 8.944 hectáreas dentro del escandaloso porcentaje de 97,1 por ciento que la ANM considera en Belén de Umbría como “Área susceptible para el desarrollo de proyectos mineros”. Bajo tan insólito concepto, si se otorgan, se sufrirá una transformación total, se desecharán la vocación agrícola tradicional con el empleo de 10.000 familias, y se desplazará a 1.500 de ellas.

¿Quiénes gozarán este potosí? Desde junio de 2016, cinco años antes de declarar el polígono de la AEM-Belén de Umbría y Mistrató, la compañía Northern Colombia Holdings Ltd. pidió la adjudicación de 5.921 hectáreas para el contrato de concesión L685, que abarca 17 veredas de Belén, 21 de Mistrató, y su casco urbano, y cinco de Guática.

La Northern era de la Anglo Gold Ashanti, que en 2019 la vendió a la Royal Road Minerals (RRM), con 36.000 hectáreas de concesiones firmes en Nariño y Cauca, y 215.000 más de “derechos para adquirir”, por 4,6 millones dólares, cifra tan baja que provoca suspicacias de suplantación (Rumbo Minero, 03/0 7/2019). Ahí cayeron Belén de Umbría y Mistrató. La ANM concretó esos “derechos” y acolitó que entre multinacionales –como moneda de cambio– se trocaran territorios y subsuelos nacionales, la vida y también la práctica económica de centenares de miles de compatriotas.

Otras empresas, la Mining Systems S. A. S., al parecer nacional, demanda 149 hectáreas sobre otras cinco veredas belumbrenses, y Mataje-Colombia, de propiedad de Salazar Resources, firma asentada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, está tras 3.851 hectáreas, que caen sobre 13 más. Belén de Umbría se desintegraría entre concesiones mineras.

La canadiense RRM también está asentada en Nicaragua, de propiedad de Agnico, otra de ese país, y del inglés Timothy Coughlin, cazafortunas mineras por décadas y exgeólogo de la Anglo Gold. De obtener el título, la cobijaría el tratado de libre comercio (TLC) con Canadá y anularlo obligaría a un tribunal internacional.

No se sabe el volumen de minerales preciosos y cobre que se extraería y menos los millones de toneladas de roca que se descompondrían, ni dónde se depositarían los deslaves y ni los circuitos subterráneos que se abrirían con explosivos, con daños a decenas de acueductos y al río Risaralda. Y mientras míster Coughlin entona gozoso en la feria de minería como súbdito el himno “¡Dios salve a la reina!”, la respuesta cívica ha de ser: “¡Dios salve a Belén de Umbría y Mistrató!”.

¿Adónde vas, Ecopetrol?

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Cualquier señal precipitada, sumada a los traspiés acarreados por las determinaciones sin transparencia en el cuatrienio Duque, podría ser el remate del primer patrimonio público nacional. No jugar con candela.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Ecopetrol es la primera y más estratégica empresa del país, propiedad del Estado en 88,5 por ciento. Sus problemas, aunque pueden empeorar, no se inician con el aviso de Petro de suspender nuevas licencias para exploración de petróleo. Luego de los enredos de Reficar y Bioenergy, ocurrieron otras desventuras bajo el mando de Duque, Luigi Echeverri y Bayón, mando que alargaron hasta 2025 de modo abusivo. Aunque el costo de equilibrio por barril de petróleo bajara a 30 dólares, ciertos indicadores reflejan dificultades.

Lo peor es el endeudamiento. De 2018 a 2022, los pasivos pasaron de ser 53 por ciento de los activos al 64,4 (estados financieros, Grupo Ecopetrol). Ecopetrol debe 2 de cada 3 pesos de sus activos y, de esas deudas, las financieras son casi la mitad. En 2021, por ejemplo, los dividendos aprobados, que fueron 11,5 billones de pesos, se pagaron con deuda.

Las operaciones en el mercado interno, sumados combustibles y petroquímica, gas, servicios y transporte, superan el valor de la exportación de crudo. Si bien la producción diaria es 692.00 barriles, menor que los 715.000 de 2017, lo recibido por barril sube cuando al precio internacional promedio se suma el del refinado, con márgenes hasta de 18,6 dólares por unidad procesada en Reficar.

¿Por qué la caída recurrente del valor de mercado de Ecopetrol desde 2008? Las acciones petroleras descendieron desde ese año en dólares constantes: en junio 24 de 2022, la de BP es el 85,5 por ciento del valor 14 años atrás; la de Shell, el 83,1; la de Exxon, el 82,9; la de Chevron, el 79,9; y la de Ecopetrol, el 65,8 con clara tendencia a la baja en ese lapso (El Tiempo, 26/6/2022).

Ese ejercicio muestra la incredulidad por las expectativas a futuro de Ecopetrol. ¿Acaso no se ha creído que los créditos contratados tengan respaldo en inversiones con tasas de ganancia apetecibles? Decisiones tomadas en estos años afectan la confianza del mercado, que, pese a los presentes precios de ganga, ve una rentabilidad del 14,5 por ciento sobre los activos, inferior a la de 2011 o 2008 (Saqueo, pág. 510).

Es un albur el compromiso redondo de 1.500 millones de dólares en la sociedad (49 por ciento) con Oxy para hacer fracking en la cuenca Permian en Texas, fuera del 87 por ciento de los gastos totales de perforación. Al ritmo de extracción de 26.700 barriles por día (neto para Ecopetrol antes de regalías, 1T, 2022) y utilidades por 100 millones de dólares (SEMANA, 12/5/2022), el recobro del capital sería en décadas.

Ecopetrol perdió 60 millones de dólares en 2020 en el pozo Saturno en Brasil, asociado con Shell, que resultó seco (Bloomberg); en Angola, liquidó en 2021 Ecopetrol Oil and Gas Germany GmbH, tras perder 192,5 millones de dólares en una aventura exploratoria fallida (dato Ecopetrol) y se indaga la venta neta del 50 por ciento de Savia Perú por 30,75 millones de dólares en 2021, cuando se habían invertido 642 millones en 2011 (CGR). Sume a todo 110 millones de dólares más en el piloto de fracking en Puerto Wilches sin licencia social y en alto riesgo por el cambio político. Escandaloso todo.

La adquisición de ISA, con deuda por 4.500 millones de dólares a favor de la hacienda nacional, ni trajo transición energética, en tanto pagó en 2021 bonos para carbono neutro por 47.888 toneladas de CO2 por transmisión contaminante de energía y el 25 por ciento de los ingresos vienen de concesiones viales en Chile y Colombia, ni tampoco arrojó rentabilidad de la inversión, que en 2021 fue solo 1,5 por ciento. ¿No compra pulpa, pero sí hueso?

Ecopetrol puede devaluarse más, dado que el decreto de suspensión de licencias futuras de exploración de Petro impondría de facto, pese a 240 oportunidades exploratorias que tiene, un límite, un techo, a las reservas de la compañía, supeditadas a hallazgos a partir del 7 de agosto de 2022, y no tendrá más franquicias. Esa restricción pesa sin duda en el bajón de la acción en Wall Street (ADR) de 17,32 dólares a 11 durante junio (MarketWatch).

¿Adónde vas, Ecopetrol? Se diseñan proyectos de energía renovable, parques solares y eólicos e hidrógeno verde, pero el horizonte del uso de hidrocarburos y productos petroquímicos pervivirá por décadas. En el marco de combustibles limpios y eficientes, su futuro próximo no puede distar de los ajustes necesarios para avanzar en el control del mercado interno de gasolina, diésel y derivados, el primer filón, como único proveedor. Cualquier señal precipitada, sumada a los traspiés acarreados por las determinaciones sin transparencia en el cuatrienio Duque, podría ser el remate del primer patrimonio público nacional. No jugar con candela.

Revolcón 2.0

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Ese “remezón”, que clausura el ciclo del uribismo, está circunscrito a un marco restrictivo y en particular a la tutela de Estados Unidos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Decía Francisco Mosquera en tiempos del Revolcón gavirista que son “remezones sociales tan comunes en nuestra crónica republicana, que sin implicar una revolución (…) precipitan el eclipse de criterios o esquemas” y con él “la caída de los hombres que los esgrimieron” y el “ascenso” de los “llamados a llenar el vacío” (F. Mosquera, Omnia consumata sunt, 10/11/1990).

Guardadas circunstancias, aunque asomen actores de reparto comunes como el exministro Hommes, la frase encaja en lo acaecido el 19 de junio de 2022 en Colombia. Aparece inédito que Gustavo Petro, quien se considera militante de “la política de la vida” (El Tiempo, 07/09/2021), y Francia Márquez, mujer afrodescendiente y víctima del conflicto, se eligieran presidente y vicepresidenta del país.

Ese “remezón”, que clausura el ciclo del uribismo, está circunscrito a un marco restrictivo y en particular a la tutela de Estados Unidos. Petro, que declara “acercamiento fuerte” con fracciones del Partido Demócrata, exteriorizó en ocasiones su apoyo a Biden y, en reciprocidad, “como un acumulado”, emprenden ahora de “compañeros políticos” “el comienzo de una relación intensa” (Noticias Caracol, 22/06/2022).

Se correlaciona con la iniciativa del Tío Sam de fortalecer vínculos y ordenar casas para afianzar la estrategia hegemónica de afrontar el reto de China y contener a Rusia, y más todavía en el “patio de atrás”. Se pregona la “regionalización”, sucedánea de una globalización atascada, al “sacar los centros de producción de Asia y acercarlos a casa”, aumentar el capital estadounidense que hoy tienen 113 compañías y aprovechar una mano de obra que estiman en 2,61 dólares/hora, que abarca migrantes e informales, “menos de la mitad de los costos laborales actuales en China” (Diálogo Américas-Colombia estudio de caso-D. Sickles-22/04/2022).

“El momento geopolítico de este cambio es crucial, ya que Colombia tiene el potencial de convertirse en centro de producción regional y posiblemente global”, acorde con algunas voces que tienen eco en Antony Blinken, quien anuncia “un hemisferio más democrático y equitativo” al formalizar la fuerza laboral de bajo costo. Biden revalidó ese designio en la Cumbre de las Américas (france24.com).

Se plantea, asimismo, incrementar inversión en “seguridad y defensa” al prescribir que las agencias estadounidenses deben enfocarse en renovada asociación bilateral con Colombia. Algo que Petro acepta siempre que se “supedite al estricto cumplimiento de los derechos humanos”, como se lo señaló a Bernie Sanders (Twitter 9/09/2021).

La ley de 200 años de la relación Colombia-Estados Unidos, que los senadores Menéndez y Kaine introdujeron en el Congreso norteamericano, “S.4334-United States-Colombia Bicentennial Alliance Act”, sintetiza el contexto: “Aumenta las inversiones en empresas mediante el establecimiento de un nuevo Fondo Empresarial Colombo-Estadounidense por 200 millones de dólares y promueve nuevos esfuerzos para reducir la dependencia de Estados Unidos de las cadenas de suministro chinas”; “fortalece la asociación entre Estados Unidos y Colombia en materia de seguridad internacional, defensa, derechos humanos, derechos laborales” y “facilita nuevas oportunidades para mujeres empresarias y miembros de comunidades afrocolombianas e indígenas y programas de asistencia humanitaria”. Regirá las relaciones.

Disposiciones de dicha bitácora, casi un programa de gobierno paralelo y coincidente, trazada desde Washington, serían: formalización laboral; implementación oportuna del acuerdo de paz; promoción de la cooperación bilateral en seguridad y ciberdefensa; información clasificada sobre disidentes de las Farc y actividades malignas de Estados extranjeros; combate a la corrupción; resguardo de los defensores de derechos humanos; protección a bosques tropicales; abastecimiento responsable de oro y negativa a financiar herbicidas para erradicación aérea de coca.

(Ver docuemento).

El curso de esos programas, que en general suenan progresistas, envuelve no alterar la política económica ni la disciplina fiscal del FMI; acatar recomendaciones de la Ocde; reafirmar los TLC; cumplir los deberes de la designación de Colombia como aliado estratégico No-Otan de Estados Unidos y permanecer en el Tiar, el medio de intervención de US Army en territorio continental; es decir, la prórroga de la recolonización integral.

En tanto no cambia este núcleo de políticas esenciales implantadas a partir del primer Revolcón, se enseña como meritorio curar secuelas sin atacar causas, un libreto para el nuevo mandatario Petro en alianza con tres expresidentes –encabezados por Santos– y también con ejecutores de varias de ellas. Revolcón 2.0.

Verdades Vías IP, auténtico saqueo

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Al convertir flujos a 30 años con tasas del 14 por ciento, en otros con tasas del 8, hay instantáneas utilidades de cerca al 30 por ciento del valor de la emisión, ¡sin trabajar! Vías IP, auténtico saqueo.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En respuesta a Juan M. Caicedo en la edición 2083 de SEMANA, quien se quejó (SEMANA, n.º 2082) de que yo había puesto “en entredicho” y tendido “manto de duda” sobre el “virtuoso modelo” cuando escribiera sobre “Verdades 4G” (SEMANA, n.º 2081), advertí que ahondaría en el análisis y anuncié el capítulo “Verdades IP”.

Las concesiones viales de los años 90 y la primera década del siglo XXI fueron problemáticas. Según la Ocde, entre 1994 y 2010 seadicionaron 25 contratos, 430 veces, con un costo de 5.600 millones de dólares y 131 años de más en el término concesionado. ¡Escándalo! (Saqueo, págs. 579-580). Sobresalen Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS) del Grupo Solarte, Bogotá-Los Alpes, Bogotá-El Vino, Autopista del Café y Ruta Caribe 1. Para corregir el estropicio se expidió la Ley 1508, que reemplazó al putrefacto Inco por la ANI y creó los contratos de cuarta generación (4G), los que, se aseguró, erradicarían los torcidos contratos a perpetuidad.

Hecha la ley, hecha la trampa. La 1508 dejó la posibilidad de contrataciones expeditas en forma de alianzas público-privadas de iniciativa privada (IP). En efecto, después de la adjudicación de las primeras 20 vías 4G, vino un diluvio de 10 IP cuando un club de prestantes constructores se hizo adjudicar concesiones que en realidad fueron extensiones de las que tenían. “Vuelve el pollino al trigo y la mula a la cebada”.

Un recuento de casos evidenciará que los añadidos se pactaron en detrimento del erario y del bolsillo de los usuarios. La IP Antioquia-Bolívar, premio a Constructora Cóndor, con ocho peajes y cinco de ellos en Córdoba, salió de la contraprestación de la fallida Cesar-La Guajira, por la rebeldía de la población contra las casetas de peaje, y luego de que la ANI pagara 120.000 millones de pesos por indemnización.

A los concesionarios de la autopista Norte en Bogotá, MinCivil, se les alargó desde la calle 220 hasta La Caro y la variante Chía y, también para MinCivil, en el Valle de Aburrá, la que iba de Bello a Don Matías se estiró hasta el Alto de Dolores con el rebautizo de Vías del Nus.

A Odinsa le añadieron un anillo vial alrededor de Villavicencio y la mejora de la vía a San Martín, a lo que ya tenían hasta Puerto Gaitán, para crear la malla vial del Meta. Aun así, insatisfecha, acudió a un tribunal que, en su contra, exigió cumplir con la inversión comprometida y la ANI entonces facilitó un rediseño con bajo “riesgo de tráfico”. A Aval se le “reconcesionó” el tramo Bogotá-Villavicencio, que explota desde 1994 y empata con otra 4G de su portafolio, que va a Yopal.

La IP Caribe 2 es punto aparte. Favoreció a “Autopistas del Caribe”, que ya operaba Caribe 1, y cubre la misma ruta de la anterior (Cruz del Viso-Turbaco-Soledad). Se cobrarán 1,5 billones de pesos por construir menos de 100 km en terreno fácil, a razón de 15.000 millones de pesos por unidad, cuando el costo no debería superar los 4.000 millones, con un sobrecosto de 1,1 billones de pesos en total. La nueva concesión se otorgó contra la ley, ya que la primera no había terminado y cuando aún Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte condenado por recibir 6,5 millones de dólares de Odebrecht, era gerente de KMA, socio mayor del concesionario. Vergüenza.

Colpatria y otra vez MinCivil (cero y van tres) cogieron más de la piñata. Les ampliaron Girardot-Espinal-Ibagué a Cajamarca, como en todas las IP, a dedo. De lo más colorido es Cambao-Manizales. Asignada a Mota-Engil, la portuguesa que debió construir 248 colegios, de los que entregó solo 17 (SEMANA, 19/9/2019). En asocio con varios, como Icein o Alicia Naranjo de Pinzón (Alca Ingeniería SAS), consuegra de Juan Manuel Santos, y exdirectora de Invías de Uribe (2003-2004), planeaba atravesar el Parque Nacional Los Nevados, un proyecto inviable por razón ambiental. Al final, se transó por el mantenimiento de la red vial del norte del Tolima.

Ciudades y regiones como Cartagena, Montería, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Villavicencio, Palmira y el Valle del Cauca o Córdoba quedan cercadas por peajes para favorecer el cierre financiero, en jugoso contubernio inversionista. Las rentabilidades programadas con los supuestos de recaudo de peajes y tarifas de los proyectos, y a los cuales se compromete la nación, son entre 11 y 14 por ciento real anual, durante toda la concesión.

Los bonos de financiamiento pagan 2 o 3 por ciento de interés por encima de los colombianos e internacionales con plazos comparables. Goldman Sachs los promueve, “son riesgo Colombia, con garantía de la nación, con tasas más altas”. Al convertir flujos a 30 años con tasas del 14 por ciento, en otros con tasas del 8, hay instantáneas utilidades de cerca al 30 por ciento del valor de la emisión, ¡sin trabajar! Vías IP, auténtico saqueo.

Volcán social

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Quien gane las elecciones del 19 de junio venidero, tras vítores y ceremonias, se enfrentará con el volcán social en vías de erupción. Será la hora de nona.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La contradicción principal en Colombia es entre las políticas económicas neoliberales de las tres últimas décadas y el sufrimiento, la estrechez, la bancarrota y la desolación causados a millones de hogares y a empresas y a estratégicos sectores productivos. Las expresiones más crudas han sido el paro nacional iniciado en abril de 2021 y las elecciones presidenciales del 29 de mayo de 2022, en las que, como dice Adam Isacson, “el candidato elegido por la arraigada élite política colombiana no es uno de los finalistas (…) los colombianos están al límite” (WOLA, Isacson, 3/6/2022).

Quedaron dos candidatos “a favor del cambio”: Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. El dilema es por cuál de los dos se decidirá la mayoría, bajo la premisa de que, como describe Isacson, hay coincidencias programáticas como implementar el acuerdo de paz, negociar con el ELN, reanudar relaciones con Venezuela, confrontar la política antidrogas, garantizar la protesta social y oponerse al fracking.

No obstante, hay diferencias. Las más importantes son el compromiso anunciado por Petro de aceptar la disciplina fiscal del FMI (El Tiempo/ 14/05/2022), que está en la esencia de la ruinosa política neoliberal. Lo avalará con una reforma tributaria de 50 billones para abonar la mitad a la deuda pública y además los expresidentes Santos y Samper, de manera directa o mediante alfiles, inciden con determinación en la ruta del Pacto Histórico. Rodolfo Hernández habla del fin de la era Uribe y marcó distancia con 20 puntos básicos, enfatiza en la lucha contra la corrupción de la politiquería, la erradicación de la pobreza y la reactivación del campo, la industria y la autosuficiencia alimentaria.

El debate no se centró en esos enfoques. Se interpretó la votación mediante la superposición de dos mapas: el de los resultados electorales del 29 de mayo sobre el del plebiscito por la paz en 2016, para concluir que los votos de Hernández eran “uribistas”. Se descartó a priori el carácter independiente que expresaron “descontentos con el statu quo”, pero “opuestos a Petro” (Isacson) y no se decantó por qué un empresario nacional, con deficiencias notorias y ocurrencias, recogió a millones de ciudadanos que cambiaron de actitud frente al régimen imperante. De personas que encauzaron así su descontento, quizás muchas de las cuales no acuden a la protesta pública, votaron con rebeldía. Un contingente significativo.

Este sorpresivo hecho fue condenado ipso facto y expuesto al matoneo, como en el escrito ‘Rodolfo de Hamelin’, en el que se les atribuye a dichos seguidores la condición de roedores (Figueroa, Las 2 Orillas). Tal como se vio en audios y videos en la primera vuelta (SEMANA), voceros del Pacto Histórico, como estrategia orientadora, abundaron en epítetos despectivos como “hampón”, “misógino” y “populista”, y hasta descripciones de una “personalidad psicopática”. El expresidente Samper equiparó a Hernández con el “pato Donald” y el “caballo de Troya”, y el candidato Petro lo remató como “talibán de Afganistán”.

Lo preocupante de este proceder, fuera del efecto electoral que tenga, es imaginar si tal será el trato a la oposición a un eventual gobierno petrista. Conducta peligrosa que intimida sobre la que vale dejar constancia. Se asemeja a la tesis de “el oro y la escoria”, practicada en épocas pretéritas, en la que un bando se arrogaba poseedor de la doctrina pura y al otro se le estigmatizaba como “la hez de la tierra”. Cabe advertir, como enseñan los manuales de convivencia, que la agresión verbal es la antesala de la violencia física.

Quien gane las elecciones del 19 de junio venidero, tras vítores y ceremonias, se enfrentará con el volcán social en vías de erupción. Será la hora de nona. ¿Se lo intentará desactivar “controlado”, como dice Alejandro Gaviria, enrutando la lava por los canales de la disciplina fiscal del FMI, un control tutelado por el renombrado neoliberal y banquero de inversión Rudolf Hommes en la directiva petrista, acaso con saldos para un margen de gasto en política pública?

Poner las fuerzas sociales y económicas nacionales, incluidos los activos del subsuelo convertidos en activos sobre la tierra (Stiglitz, 2003), como energía productiva transformadora y en forma armónica, con el Estado como promotor, sería la genuina explosión volcánica de una nueva Colombia, por el bienestar de “las clases medias descontentas” (Isacson) y 20 millones de pobres dentro del absoluto respeto democrático.

Pasa sine qua non por remover los ucases de saqueo de las instituciones financieras internacionales, y, en contra de lo hecho en 30 años, no acatarlos sin reparo. Concretaría mi opción política, lo que el país requiere aquí y ahora, que, por no hallarla en ningún candidato, será en blanco.

Bogotá en el limbo

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

¿Frente a estos nacientes filones, todos a cargo de la ciudadanía, podrá la política pública paliar los menoscabos al bolsillo popular? ¿Seguirá Bogotá en el limbo, esa conjunción de oligopolios con privaciones sociales?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En 2017 escribí el libro Bogotá en el limbo: estructuras de poder que se lucran de la capital. Muestro que, durante 30 años, bienes públicos esenciales urbanos se entregaron a grupos privados con lucrativas tasas de ganancia, venidas de altas tarifas y subvenciones públicas. Se desató, asimismo, la especulación del suelo con exageradas plusvalías.

Un proceso continuo, desde Jaime Castro, con Mockus, Lucho Garzón y Samuel Moreno, hasta Gustavo Petro, que no fue excepción, y Enrique Peñalosa, el que más. Privatizaciones, contratos, prórrogas, subastas, planes parciales, valorizaciones, descapitalización de empresas adquiridas y fusiones que cedieron a inversionistas el aseo, energía eléctrica, plantas de agua potable y residual, transporte, salud, educación y APP, como la concesión por 25 años del coliseo El Campín a un grupo colombo-chileno, al final del Gobierno Petro.

Como “no hay almuerzo gratis”, este, a cargo de la ciudadanía, en 2004 había montado una “bomba social”. Uno de cada tres bogotanos estaba en pobreza monetaria, en extrema el 6 por ciento, la desigualdad en ingresos, medida por índice de Gini, era casi 0,56 y un hogar de estrato uno gastaba 29,1 por ciento del ingreso para servicios públicos, comunicaciones y transporte (op. cit., págs. 77, 170-171). Lucho Garzón, en plan desactivador, adelantó programas como salud en casa, educación gratuita, comedores comunitarios, cultura y participación ciudadana.

El bazar del patrimonio público no paró en medio de refuerzos y regresiones en el campo social. En 2015, al final de la administración Petro, los hogares con ingreso apenas suficiente para gastos mínimos eran el 62,2 por ciento, la reducción de la pobreza extrema se estancó, el índice Gini quedó en 0,497 y bajaron los menores de cinco años en jardín (op. cit., pág. 167).

Con Peñalosa II, el desempleo volvió a dos dígitos, la pobreza monetaria retrocedió al 27,2 por ciento, la extrema se dobló al 4,2 y la desigualdad, según índice de Gini, trepó a 0,513, la tercera más alta del país (Dane, 2019). De espaldas a esta realidad, ideó más negocios tipo “modelo Transmilenio”, en la operación del transporte y el aseo, en el mercado inmobiliario, en la venta de acciones del Grupo Energía Bogotá (GEB), troncales licitadas y el metro elevado.

El polvorín detonó en 2019, amplificado por el paro nacional de 2021 en la postpandemia. La desocupación en 2021 cerró en 16 por ciento; la pobreza, en 35,7 y la indigencia, en 9,4 (Dane, 2021).

La administración de Claudia López impulsó nuevos programas sociales. Por ejemplo, Parceros en Bogotá para 9.610 jóvenes, que reciben transferencias de medio salario mínimo por actividades de servicio, preventivas en salud y violencia, mantenimiento de locaciones y parques o rutas de empleo o perciben financiación de la matrícula universitaria, y aspira a llegar a 15.000.

Al articular las distintas instituciones para brindar tiempo a las cuidadoras, amplía los servicios a quienes ellas atienden –a niños, niñas, personas mayores, y a quienes con discapacidad requieren asistencia– y promueve su desarrollo personal, ingresos adicionales, bienestar, estudio y participación social y política. Se creó el Sistema Distrital de Cuidado, que hace miles de atenciones en manzanas establecidas con instalaciones adecuadas, unidades móviles y otros medios de soporte.

No obstante, Claudia no dejó de privatizar: en cuanto al metro, adjudicará la operación a una firma particular, luego de endeudar al Distrito en 2,8 billones para financiar costos de inversión y sostenimiento. Igual plantea para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas con apalancamiento público por otros 2,8 billones en crédito.

Fusionó Codensa y Emgesa, donde el GEB tenía el 51,3 por ciento y 51,5, con las filiales de la italiana Enel, Essa-Centroamérica y Enel GP. En esa unión el GEB rebaja su porcentaje a 42,51 y, dado que el Distrito tiene 65,7 en el GEB, lo recibido al final por la Hacienda caerá al 28 por ciento de las utilidades, que podría descender al 24, de transarse otro 10 por ciento de sus acciones en el GEB, como está propuesto.

Cursa la cesión de El Campín en el proceso iniciado por Petro, ampliado por Peñalosa a nuevas áreas, y que abarcará 167.000 metros cuadrados de un complejo que incluye el estadio Nemesio Camacho. Un consorcio, que invertirá 280 millones de dólares, lo usufructuará por 30 años con un irrisorio cupón anual del 2 por ciento de las entradas para el Distrito.

¿Frente a estos nacientes filones, todos a cargo de la ciudadanía, podrá la política pública paliar los menoscabos al bolsillo popular? ¿Seguirá Bogotá en el limbo, esa conjunción de oligopolios con privaciones sociales?

Muchos votos por Fajardo

Aurelio Suárez MontoyaDeja un comentario

Ojerizas demostrativas de que Fajardo está lejos de los mismos con las mismas y también de descocados fanatismos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

“El modelo está agotado”, dice Sergio Fajardo con convicción, fundado en el paro nacional de 2021, en el que, fuera del amplio respaldo de opinión, más de dos millones de personas protestaron en 862 municipios por la desigualdad, el hambre y el desempleo. “Hay legítimo malestar”, agrega. Cualquier solución a esa crisis debe ceñirse a principios básicos para ser eficaz e ir en la dirección adecuada y sacar a Colombia del “noveno círculo del infierno”, el de la traición, al que fue arrojada.

El primero es la independencia frente a los responsables que en 30 años incubaron tal indignación: los expresidentes Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos. Cada uno contribuyó a que hoy 46,7 por ciento de los colombianos se considere pobre (Dane, abril 2022), lo que acarrea tanta frustración y desesperanza como que para salir de ellas se requieren 11 generaciones (Ocde, 2022). Fajardo no acudió a donde los cinco caciques a canjear votos por mermelada.

El segundo principio es la oposición al pésimo Gobierno de Duque. De antemano escribió: “El Gobierno de Duque nunca tuvo norte claro, ni un proyecto de transformación de nuestra sociedad” (Twitter, 20/10/2020). En el dilema entre continuismo y cambio, Fajardo está del lado correcto. Por eso, tras la consulta del 13 de marzo, lidera la Coalición de la Esperanza, que acoge disímiles corrientes y que, sin ser la heterogénea unidad necesaria para construir una nueva democracia, se inspira en la atracción a todo aquel susceptible de ser unido, contraria a agrupaciones excluyentes por sectarismos, dogmatismos o caudillismos.

El tercer principio es la ética, desechar el todo vale. “Como se llega al poder, se gobierna”, reitera Fajardo. ¿Cómo construir una sociedad distinta en compañía de probados desfalcadores del erario? Aunque apartar ciertos sujetos causó discordia en un momento en la Coalición, no dejó de ser su piedra angular el código de normas que vindican la inclusión, la vida, el bien común, la verdad, el diálogo, la libertad, la igualdad, la dignidad humana y la salvaguarda de los recursos públicos.

Independencia, cambio y ética política son los cimientos para formular un programa que inicie la salida de Colombia del averno. Si bien con el de Fajardo es natural que no haya plenas coincidencias, contiene las bases esenciales para emprender el rescate: revisar los TLC y no negociar ninguno más; garantizar la seguridad alimentaria nacional y virar hacia una estructura tributaria progresiva que elimine abusivos beneficios para las rentas de capital, no toque el IVA y cobre tasas efectivas a la riqueza para un recaudo factible, mas no confiscatorio.

Ese acopio de recursos fiscales se dirige a una política pública anclada en el empleo que, al integrar producción moderna industrial con construcción de 1,2 millones de viviendas, desarrollo rural, educación e innovación con inversión hasta 1 por ciento del PIB, creará 1,5 millones de ocupaciones formales. Aumentará salarios y promoverá, con prioridad en jóvenes y mujeres, un plan de proyectos gubernamentales con 440.000 puestos regionales.

En la educación, que Fajardo considera factor revolucionario y universal, se garantizan tres años de preescolar; recursos crecientes para la universidad estatal e infraestructura educativa; Icetex al servicio del mayor acceso; Sena en línea de capacitación para el trabajo técnico; Universidad Nacional Digital y respaldo a la formación de docentes. La salud pública es prioridad al fortalecer el papel de los entes territoriales, de la red hospitalaria oficial, al instaurar el trabajo digno para el talento y al transformar las EPS.

Colombia se integrará –en la práctica del multilateralismo– a todas las naciones y son transversales programáticas el enfoque de género, la consolidación del acuerdo de paz, la sostenibilidad ambiental, con energía no convencional y preservación de biodiversidad y bosques y la igualdad como deber del Estado. Promueve la participación de las mujeres en el mercado laboral con énfasis en el Sistema Nacional de Cuidado como red de protección a los más vulnerables.

Se derrumban barreras al ejercicio de derechos de los sectores LGBTI y las cuentas estadísticas contendrán a las personas trans. Respetará la autonomía e identidad y protegerá la vida de las etnias indígenas; se destinará 10 por ciento de los planes de desarrollo para comunidades afros y la coca tendrá usos agroindustriales diversos.

En suma, sobran razones para ponerle muchos votos a Fajardo, incluidos los de izquierda democrática. Una buena réplica frente al complot de “quemarlo” de rivales políticos de diferentes campañas y de los jefes de los organismos de control y la Fiscalía. Ojerizas demostrativas de que Fajardo está lejos de los mismos con las mismas y también de descocados fanatismos.