Verdades Vías IP, auténtico saqueo

Al convertir flujos a 30 años con tasas del 14 por ciento, en otros con tasas del 8, hay instantáneas utilidades de cerca al 30 por ciento del valor de la emisión, ¡sin trabajar! Vías IP, auténtico saqueo.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En respuesta a Juan M. Caicedo en la edición 2083 de SEMANA, quien se quejó (SEMANA, n.º 2082) de que yo había puesto “en entredicho” y tendido “manto de duda” sobre el “virtuoso modelo” cuando escribiera sobre “Verdades 4G” (SEMANA, n.º 2081), advertí que ahondaría en el análisis y anuncié el capítulo “Verdades IP”.

Las concesiones viales de los años 90 y la primera década del siglo XXI fueron problemáticas. Según la Ocde, entre 1994 y 2010 seadicionaron 25 contratos, 430 veces, con un costo de 5.600 millones de dólares y 131 años de más en el término concesionado. ¡Escándalo! (Saqueo, págs. 579-580). Sobresalen Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS) del Grupo Solarte, Bogotá-Los Alpes, Bogotá-El Vino, Autopista del Café y Ruta Caribe 1. Para corregir el estropicio se expidió la Ley 1508, que reemplazó al putrefacto Inco por la ANI y creó los contratos de cuarta generación (4G), los que, se aseguró, erradicarían los torcidos contratos a perpetuidad.

Hecha la ley, hecha la trampa. La 1508 dejó la posibilidad de contrataciones expeditas en forma de alianzas público-privadas de iniciativa privada (IP). En efecto, después de la adjudicación de las primeras 20 vías 4G, vino un diluvio de 10 IP cuando un club de prestantes constructores se hizo adjudicar concesiones que en realidad fueron extensiones de las que tenían. “Vuelve el pollino al trigo y la mula a la cebada”.

Un recuento de casos evidenciará que los añadidos se pactaron en detrimento del erario y del bolsillo de los usuarios. La IP Antioquia-Bolívar, premio a Constructora Cóndor, con ocho peajes y cinco de ellos en Córdoba, salió de la contraprestación de la fallida Cesar-La Guajira, por la rebeldía de la población contra las casetas de peaje, y luego de que la ANI pagara 120.000 millones de pesos por indemnización.

A los concesionarios de la autopista Norte en Bogotá, MinCivil, se les alargó desde la calle 220 hasta La Caro y la variante Chía y, también para MinCivil, en el Valle de Aburrá, la que iba de Bello a Don Matías se estiró hasta el Alto de Dolores con el rebautizo de Vías del Nus.

A Odinsa le añadieron un anillo vial alrededor de Villavicencio y la mejora de la vía a San Martín, a lo que ya tenían hasta Puerto Gaitán, para crear la malla vial del Meta. Aun así, insatisfecha, acudió a un tribunal que, en su contra, exigió cumplir con la inversión comprometida y la ANI entonces facilitó un rediseño con bajo “riesgo de tráfico”. A Aval se le “reconcesionó” el tramo Bogotá-Villavicencio, que explota desde 1994 y empata con otra 4G de su portafolio, que va a Yopal.

La IP Caribe 2 es punto aparte. Favoreció a “Autopistas del Caribe”, que ya operaba Caribe 1, y cubre la misma ruta de la anterior (Cruz del Viso-Turbaco-Soledad). Se cobrarán 1,5 billones de pesos por construir menos de 100 km en terreno fácil, a razón de 15.000 millones de pesos por unidad, cuando el costo no debería superar los 4.000 millones, con un sobrecosto de 1,1 billones de pesos en total. La nueva concesión se otorgó contra la ley, ya que la primera no había terminado y cuando aún Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte condenado por recibir 6,5 millones de dólares de Odebrecht, era gerente de KMA, socio mayor del concesionario. Vergüenza.

Colpatria y otra vez MinCivil (cero y van tres) cogieron más de la piñata. Les ampliaron Girardot-Espinal-Ibagué a Cajamarca, como en todas las IP, a dedo. De lo más colorido es Cambao-Manizales. Asignada a Mota-Engil, la portuguesa que debió construir 248 colegios, de los que entregó solo 17 (SEMANA, 19/9/2019). En asocio con varios, como Icein o Alicia Naranjo de Pinzón (Alca Ingeniería SAS), consuegra de Juan Manuel Santos, y exdirectora de Invías de Uribe (2003-2004), planeaba atravesar el Parque Nacional Los Nevados, un proyecto inviable por razón ambiental. Al final, se transó por el mantenimiento de la red vial del norte del Tolima.

Ciudades y regiones como Cartagena, Montería, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Villavicencio, Palmira y el Valle del Cauca o Córdoba quedan cercadas por peajes para favorecer el cierre financiero, en jugoso contubernio inversionista. Las rentabilidades programadas con los supuestos de recaudo de peajes y tarifas de los proyectos, y a los cuales se compromete la nación, son entre 11 y 14 por ciento real anual, durante toda la concesión.

Los bonos de financiamiento pagan 2 o 3 por ciento de interés por encima de los colombianos e internacionales con plazos comparables. Goldman Sachs los promueve, “son riesgo Colombia, con garantía de la nación, con tasas más altas”. Al convertir flujos a 30 años con tasas del 14 por ciento, en otros con tasas del 8, hay instantáneas utilidades de cerca al 30 por ciento del valor de la emisión, ¡sin trabajar! Vías IP, auténtico saqueo.

Volcán social

Quien gane las elecciones del 19 de junio venidero, tras vítores y ceremonias, se enfrentará con el volcán social en vías de erupción. Será la hora de nona.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La contradicción principal en Colombia es entre las políticas económicas neoliberales de las tres últimas décadas y el sufrimiento, la estrechez, la bancarrota y la desolación causados a millones de hogares y a empresas y a estratégicos sectores productivos. Las expresiones más crudas han sido el paro nacional iniciado en abril de 2021 y las elecciones presidenciales del 29 de mayo de 2022, en las que, como dice Adam Isacson, “el candidato elegido por la arraigada élite política colombiana no es uno de los finalistas (…) los colombianos están al límite” (WOLA, Isacson, 3/6/2022).

Quedaron dos candidatos “a favor del cambio”: Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. El dilema es por cuál de los dos se decidirá la mayoría, bajo la premisa de que, como describe Isacson, hay coincidencias programáticas como implementar el acuerdo de paz, negociar con el ELN, reanudar relaciones con Venezuela, confrontar la política antidrogas, garantizar la protesta social y oponerse al fracking.

No obstante, hay diferencias. Las más importantes son el compromiso anunciado por Petro de aceptar la disciplina fiscal del FMI (El Tiempo/ 14/05/2022), que está en la esencia de la ruinosa política neoliberal. Lo avalará con una reforma tributaria de 50 billones para abonar la mitad a la deuda pública y además los expresidentes Santos y Samper, de manera directa o mediante alfiles, inciden con determinación en la ruta del Pacto Histórico. Rodolfo Hernández habla del fin de la era Uribe y marcó distancia con 20 puntos básicos, enfatiza en la lucha contra la corrupción de la politiquería, la erradicación de la pobreza y la reactivación del campo, la industria y la autosuficiencia alimentaria.

El debate no se centró en esos enfoques. Se interpretó la votación mediante la superposición de dos mapas: el de los resultados electorales del 29 de mayo sobre el del plebiscito por la paz en 2016, para concluir que los votos de Hernández eran “uribistas”. Se descartó a priori el carácter independiente que expresaron “descontentos con el statu quo”, pero “opuestos a Petro” (Isacson) y no se decantó por qué un empresario nacional, con deficiencias notorias y ocurrencias, recogió a millones de ciudadanos que cambiaron de actitud frente al régimen imperante. De personas que encauzaron así su descontento, quizás muchas de las cuales no acuden a la protesta pública, votaron con rebeldía. Un contingente significativo.

Este sorpresivo hecho fue condenado ipso facto y expuesto al matoneo, como en el escrito ‘Rodolfo de Hamelin’, en el que se les atribuye a dichos seguidores la condición de roedores (Figueroa, Las 2 Orillas). Tal como se vio en audios y videos en la primera vuelta (SEMANA), voceros del Pacto Histórico, como estrategia orientadora, abundaron en epítetos despectivos como “hampón”, “misógino” y “populista”, y hasta descripciones de una “personalidad psicopática”. El expresidente Samper equiparó a Hernández con el “pato Donald” y el “caballo de Troya”, y el candidato Petro lo remató como “talibán de Afganistán”.

Lo preocupante de este proceder, fuera del efecto electoral que tenga, es imaginar si tal será el trato a la oposición a un eventual gobierno petrista. Conducta peligrosa que intimida sobre la que vale dejar constancia. Se asemeja a la tesis de “el oro y la escoria”, practicada en épocas pretéritas, en la que un bando se arrogaba poseedor de la doctrina pura y al otro se le estigmatizaba como “la hez de la tierra”. Cabe advertir, como enseñan los manuales de convivencia, que la agresión verbal es la antesala de la violencia física.

Quien gane las elecciones del 19 de junio venidero, tras vítores y ceremonias, se enfrentará con el volcán social en vías de erupción. Será la hora de nona. ¿Se lo intentará desactivar “controlado”, como dice Alejandro Gaviria, enrutando la lava por los canales de la disciplina fiscal del FMI, un control tutelado por el renombrado neoliberal y banquero de inversión Rudolf Hommes en la directiva petrista, acaso con saldos para un margen de gasto en política pública?

Poner las fuerzas sociales y económicas nacionales, incluidos los activos del subsuelo convertidos en activos sobre la tierra (Stiglitz, 2003), como energía productiva transformadora y en forma armónica, con el Estado como promotor, sería la genuina explosión volcánica de una nueva Colombia, por el bienestar de “las clases medias descontentas” (Isacson) y 20 millones de pobres dentro del absoluto respeto democrático.

Pasa sine qua non por remover los ucases de saqueo de las instituciones financieras internacionales, y, en contra de lo hecho en 30 años, no acatarlos sin reparo. Concretaría mi opción política, lo que el país requiere aquí y ahora, que, por no hallarla en ningún candidato, será en blanco.

Bogotá en el limbo

¿Frente a estos nacientes filones, todos a cargo de la ciudadanía, podrá la política pública paliar los menoscabos al bolsillo popular? ¿Seguirá Bogotá en el limbo, esa conjunción de oligopolios con privaciones sociales?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

En 2017 escribí el libro Bogotá en el limbo: estructuras de poder que se lucran de la capital. Muestro que, durante 30 años, bienes públicos esenciales urbanos se entregaron a grupos privados con lucrativas tasas de ganancia, venidas de altas tarifas y subvenciones públicas. Se desató, asimismo, la especulación del suelo con exageradas plusvalías.

Un proceso continuo, desde Jaime Castro, con Mockus, Lucho Garzón y Samuel Moreno, hasta Gustavo Petro, que no fue excepción, y Enrique Peñalosa, el que más. Privatizaciones, contratos, prórrogas, subastas, planes parciales, valorizaciones, descapitalización de empresas adquiridas y fusiones que cedieron a inversionistas el aseo, energía eléctrica, plantas de agua potable y residual, transporte, salud, educación y APP, como la concesión por 25 años del coliseo El Campín a un grupo colombo-chileno, al final del Gobierno Petro.

Como “no hay almuerzo gratis”, este, a cargo de la ciudadanía, en 2004 había montado una “bomba social”. Uno de cada tres bogotanos estaba en pobreza monetaria, en extrema el 6 por ciento, la desigualdad en ingresos, medida por índice de Gini, era casi 0,56 y un hogar de estrato uno gastaba 29,1 por ciento del ingreso para servicios públicos, comunicaciones y transporte (op. cit., págs. 77, 170-171). Lucho Garzón, en plan desactivador, adelantó programas como salud en casa, educación gratuita, comedores comunitarios, cultura y participación ciudadana.

El bazar del patrimonio público no paró en medio de refuerzos y regresiones en el campo social. En 2015, al final de la administración Petro, los hogares con ingreso apenas suficiente para gastos mínimos eran el 62,2 por ciento, la reducción de la pobreza extrema se estancó, el índice Gini quedó en 0,497 y bajaron los menores de cinco años en jardín (op. cit., pág. 167).

Con Peñalosa II, el desempleo volvió a dos dígitos, la pobreza monetaria retrocedió al 27,2 por ciento, la extrema se dobló al 4,2 y la desigualdad, según índice de Gini, trepó a 0,513, la tercera más alta del país (Dane, 2019). De espaldas a esta realidad, ideó más negocios tipo “modelo Transmilenio”, en la operación del transporte y el aseo, en el mercado inmobiliario, en la venta de acciones del Grupo Energía Bogotá (GEB), troncales licitadas y el metro elevado.

El polvorín detonó en 2019, amplificado por el paro nacional de 2021 en la postpandemia. La desocupación en 2021 cerró en 16 por ciento; la pobreza, en 35,7 y la indigencia, en 9,4 (Dane, 2021).

La administración de Claudia López impulsó nuevos programas sociales. Por ejemplo, Parceros en Bogotá para 9.610 jóvenes, que reciben transferencias de medio salario mínimo por actividades de servicio, preventivas en salud y violencia, mantenimiento de locaciones y parques o rutas de empleo o perciben financiación de la matrícula universitaria, y aspira a llegar a 15.000.

Al articular las distintas instituciones para brindar tiempo a las cuidadoras, amplía los servicios a quienes ellas atienden –a niños, niñas, personas mayores, y a quienes con discapacidad requieren asistencia– y promueve su desarrollo personal, ingresos adicionales, bienestar, estudio y participación social y política. Se creó el Sistema Distrital de Cuidado, que hace miles de atenciones en manzanas establecidas con instalaciones adecuadas, unidades móviles y otros medios de soporte.

No obstante, Claudia no dejó de privatizar: en cuanto al metro, adjudicará la operación a una firma particular, luego de endeudar al Distrito en 2,8 billones para financiar costos de inversión y sostenimiento. Igual plantea para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas con apalancamiento público por otros 2,8 billones en crédito.

Fusionó Codensa y Emgesa, donde el GEB tenía el 51,3 por ciento y 51,5, con las filiales de la italiana Enel, Essa-Centroamérica y Enel GP. En esa unión el GEB rebaja su porcentaje a 42,51 y, dado que el Distrito tiene 65,7 en el GEB, lo recibido al final por la Hacienda caerá al 28 por ciento de las utilidades, que podría descender al 24, de transarse otro 10 por ciento de sus acciones en el GEB, como está propuesto.

Cursa la cesión de El Campín en el proceso iniciado por Petro, ampliado por Peñalosa a nuevas áreas, y que abarcará 167.000 metros cuadrados de un complejo que incluye el estadio Nemesio Camacho. Un consorcio, que invertirá 280 millones de dólares, lo usufructuará por 30 años con un irrisorio cupón anual del 2 por ciento de las entradas para el Distrito.

¿Frente a estos nacientes filones, todos a cargo de la ciudadanía, podrá la política pública paliar los menoscabos al bolsillo popular? ¿Seguirá Bogotá en el limbo, esa conjunción de oligopolios con privaciones sociales?

Muchos votos por Fajardo

Ojerizas demostrativas de que Fajardo está lejos de los mismos con las mismas y también de descocados fanatismos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

“El modelo está agotado”, dice Sergio Fajardo con convicción, fundado en el paro nacional de 2021, en el que, fuera del amplio respaldo de opinión, más de dos millones de personas protestaron en 862 municipios por la desigualdad, el hambre y el desempleo. “Hay legítimo malestar”, agrega. Cualquier solución a esa crisis debe ceñirse a principios básicos para ser eficaz e ir en la dirección adecuada y sacar a Colombia del “noveno círculo del infierno”, el de la traición, al que fue arrojada.

El primero es la independencia frente a los responsables que en 30 años incubaron tal indignación: los expresidentes Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos. Cada uno contribuyó a que hoy 46,7 por ciento de los colombianos se considere pobre (Dane, abril 2022), lo que acarrea tanta frustración y desesperanza como que para salir de ellas se requieren 11 generaciones (Ocde, 2022). Fajardo no acudió a donde los cinco caciques a canjear votos por mermelada.

El segundo principio es la oposición al pésimo Gobierno de Duque. De antemano escribió: “El Gobierno de Duque nunca tuvo norte claro, ni un proyecto de transformación de nuestra sociedad” (Twitter, 20/10/2020). En el dilema entre continuismo y cambio, Fajardo está del lado correcto. Por eso, tras la consulta del 13 de marzo, lidera la Coalición de la Esperanza, que acoge disímiles corrientes y que, sin ser la heterogénea unidad necesaria para construir una nueva democracia, se inspira en la atracción a todo aquel susceptible de ser unido, contraria a agrupaciones excluyentes por sectarismos, dogmatismos o caudillismos.

El tercer principio es la ética, desechar el todo vale. “Como se llega al poder, se gobierna”, reitera Fajardo. ¿Cómo construir una sociedad distinta en compañía de probados desfalcadores del erario? Aunque apartar ciertos sujetos causó discordia en un momento en la Coalición, no dejó de ser su piedra angular el código de normas que vindican la inclusión, la vida, el bien común, la verdad, el diálogo, la libertad, la igualdad, la dignidad humana y la salvaguarda de los recursos públicos.

Independencia, cambio y ética política son los cimientos para formular un programa que inicie la salida de Colombia del averno. Si bien con el de Fajardo es natural que no haya plenas coincidencias, contiene las bases esenciales para emprender el rescate: revisar los TLC y no negociar ninguno más; garantizar la seguridad alimentaria nacional y virar hacia una estructura tributaria progresiva que elimine abusivos beneficios para las rentas de capital, no toque el IVA y cobre tasas efectivas a la riqueza para un recaudo factible, mas no confiscatorio.

Ese acopio de recursos fiscales se dirige a una política pública anclada en el empleo que, al integrar producción moderna industrial con construcción de 1,2 millones de viviendas, desarrollo rural, educación e innovación con inversión hasta 1 por ciento del PIB, creará 1,5 millones de ocupaciones formales. Aumentará salarios y promoverá, con prioridad en jóvenes y mujeres, un plan de proyectos gubernamentales con 440.000 puestos regionales.

En la educación, que Fajardo considera factor revolucionario y universal, se garantizan tres años de preescolar; recursos crecientes para la universidad estatal e infraestructura educativa; Icetex al servicio del mayor acceso; Sena en línea de capacitación para el trabajo técnico; Universidad Nacional Digital y respaldo a la formación de docentes. La salud pública es prioridad al fortalecer el papel de los entes territoriales, de la red hospitalaria oficial, al instaurar el trabajo digno para el talento y al transformar las EPS.

Colombia se integrará –en la práctica del multilateralismo– a todas las naciones y son transversales programáticas el enfoque de género, la consolidación del acuerdo de paz, la sostenibilidad ambiental, con energía no convencional y preservación de biodiversidad y bosques y la igualdad como deber del Estado. Promueve la participación de las mujeres en el mercado laboral con énfasis en el Sistema Nacional de Cuidado como red de protección a los más vulnerables.

Se derrumban barreras al ejercicio de derechos de los sectores LGBTI y las cuentas estadísticas contendrán a las personas trans. Respetará la autonomía e identidad y protegerá la vida de las etnias indígenas; se destinará 10 por ciento de los planes de desarrollo para comunidades afros y la coca tendrá usos agroindustriales diversos.

En suma, sobran razones para ponerle muchos votos a Fajardo, incluidos los de izquierda democrática. Una buena réplica frente al complot de “quemarlo” de rivales políticos de diferentes campañas y de los jefes de los organismos de control y la Fiscalía. Ojerizas demostrativas de que Fajardo está lejos de los mismos con las mismas y también de descocados fanatismos.

Saqueo, macroeconomía y TLC con Estados Unidos

El debate trasciende porque los impactos macroeconómicos son más devastadores, postran la economía y la someten a vulnerabilidad estructural. El TLC es hidra de mil cabezas, ¿enfrentarlo será “estupidez” como dice Duque?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

“Trigo por uchuva” y “alimentos baratos por minería” fueron razones de los ministros uribistas Andrés Felipe Arias y Jorge Humberto Botero para defender el TLC con Estados Unidos (EU). Igual la “agenda interna” propuesta como flotador por el propio Uribe Vélez. Luego de diez años nada resultó.

Las cifras de Jorge Enrique Robledo sobre el déficit comercial en réplica a la ministra Lombana, de Comercio, son suficientes y se pueden resumir en que antes del tratado la balanza con EU era positiva y ahora es negativa. Entre 2012 y 2021, el desbalance acumulado entre ventas y compras es de -11.019 millones de dólares (https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c3010.html).

Tanto bienes agrícolas como industriales norteamericanos gozan del dumping, su venta externa por debajo del costo de producción y transporte proveniente de altísimos subsidios, y que los Gobiernos de Colombia han alcahueteado en la década. Estudios del IATDP ubican entre el 10 y 32 el porcentaje de trampa para trigo, algodón, soya y maíz (Saqueo, pág. 118) y en los últimos años también en lácteos, cerdo y pollo. En 2018, por ejemplo, el kilo de pollo llegó al importador, no a los hogares, a mitad del valor interno.

Las manufacturas no son ajenas al mecanismo. The New York Times encontró más de 80.000 millones de dólares anuales de subvenciones a la industria gringa, incluida la del etanol, que recibe 45 centavos de dólar de ayuda federal por galón. También a los carros de motor eficiente o eléctrico y a la refinación de petróleo y derivados. El 1,5 por ciento del valor agregado de exportación industrial en EU viene de incentivos por empleo creado. Imposible competir así aquí y allá (idem, págs. 119-120).

Además, el comercio de servicios es un capítulo del TLC, vuelto una vena rota, con cuenta especial en la balanza de pagos. Entre 2018 y 2020, para hablar solo de tres años, el déficit del comercio de servicios fue de -2.655, -2.362 y -2.512 millones de dólares con EU, responsable de cerca del 60 por ciento del desbalance total en este rubro. Propiedad intelectual, seguros, telecomunicaciones, financieros y servicios de viaje son los principales renglones en esa gravosa contabilidad (https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=62&step=9&isuri=1&6210=4).

La inversión directa de EU, atraída con excesivos beneficios tributarios, suma más de 40.000 millones de dólares y dos de cada tres aterrizaron desde 2012. Triplica la de Colombia en Norteamérica, y la renta neta exportada de sus ganancias destinadas a las matrices multinacionales, que las demandan ansiosas, implica no menos de 3.000 millones de dólares al año. “El TLC es un tratado de protección de inversiones”, afirmó Germán Umaña y acertó.

Los neoliberales, felices: bienes baratos, inversiones, etc. Ocultan que el déficit en el comercio de mercancías y servicios y en renta de capitales contribuye a los números rojos de las cuentas externas de Colombia. El TLC con EU cumple con rigor la máxima “el dinero va a donde puede salir”. Los tres rubros negativos juntos cuestan entre 6.000 y 7.000 millones de dólares al año, entre 2 y 3 por ciento del PIB, que es del 40 al 50 por ciento del saldo del faltante de Colombia en el frente exterior. Ese es el tamaño del saqueo anual del TLC con Estados Unidos.

Tal “dolarducto” se financia con deuda pública, con el obvio efecto fiscal en la Hacienda y el entrampamiento crediticio. No fue salvavidas, sino piedra de molino al cuello. Y, como pesadilla, también fondos de capital extranjero son los prestamistas de los dólares para honrar los préstamos crecientes, un “gota a gota”. Ha impelido a seis reformas tributarias, con predominio del IVA en menoscabo del consumidor y como sucedáneas del arancel no cobrado. ¿Debe la ministra Lombana contar cuánto ha pesado el TLC de EU en el alza de la deuda pública del Gobierno central de 217 billones de pesos en 2012 a 700 en 2022?

Al tenor de los capítulos de inversiones de este TLC, que, comparado con 1.628 tratados de inversiones y 51 apartados de otros, es el más concordante en lenguaje y contenido con el estándar norteamericano (idem, págs. 106 y 107), Colombia enfrenta ante tribunales internacionales de arbitraje cinco demandas, entre ellas Uber y firmas involucradas en Reficar, que costarían centenares de millones de dólares (Andje).

Son diez años de saqueo de trabajo, de riqueza y ahorro nacionales público y privado. El que 2.345 pymes exporten no lo enmienda, ni menos lo justifican los artificiosos argumentos del Gobierno Duque. Si bien las averías microeconómicas en comercio son el foco del quebranto, el debate trasciende porque los impactos macroeconómicos son más devastadores, postran la economía y la someten a vulnerabilidad estructural. El TLC es hidra de mil cabezas, ¿enfrentarlo será “estupidez” como dice Duque?

¿Por qué el poderío del Clan?

Duque falta a la verdad cuando dice que se ha capturado a más de 2.800 miembros “en casi 4 años”. Los Informes de Gestión de la Fiscalía en 2019-2020-2021 registran 1.440 detenciones de todos los grupos del crimen organizado.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

“El mensaje es uno solo: no vamos a ceder jamás ante el Clan del Golfo y ninguna estructura del narcotráfico”. No son palabras de Iván Duque del 7 de agosto de 2018, sino del 9 de mayo de 2022 (Twitter), aunque desde 2013 la Policía aseveró que era “la única banda criminal que hoy tiene connotación de carácter nacional” (Indepaz, 2015).

El tardío discurso, a días de dejar la presidencia, denota una problemática actitud frente al avance de ese grupo criminal. En abril de 2019, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) estaban en 222 municipios (‘Gran atlas del conflicto’, El Espectador), pero en 2020 se les atribuían 3.260 hombres y ya en 261 municipios había “intensidad alta de grupos narcoparamilitares” (El Tiempo, Indepaz, 2020).

El portal Verdad Abierta concluyó que en 2019 las AGC eran “gestores de riesgo” en 213 municipios y en 2022 en 253. Comparó la alerta temprana 035-19 de Riesgo Electoral, emitida por la Defensoría del Pueblo, que identificaba en 2019 a 402 con distintos niveles de riesgo, con la 004-2022, que los fijó en 521 para el año actual y 79 en el máximo. Las AGC son factor de alteración en Antioquia, Chocó, Bolívar, Sucre, Nariño, Córdoba, Atlántico, Cauca y Norte de Santander.

Duque falta a la verdad cuando dice que se ha capturado a más de 2.800 miembros “en casi 4 años” (Twitter, 9/5/22). Los Informes de Gestión de la Fiscalía en 2019-2020-2021 registran 1.440 detenciones de todos los grupos del crimen organizado, incluidos “ELN, Pelusos, disidentes de las Farc, Clan del Golfo y Caparros”. (ver informes).

Al contrario, el alcalde de Frontino estima en 1.000 los hombres armados de las AGC en 19 pueblos del occidente antioqueño, lleva dos años sin salir del casco urbano, dice que la fuerza pública y la Fiscalía tienen muy baja presencia y cuestiona a Iván Duque por “minimizar” el paro armado (Blu Radio, 9/5/2022). En carta dirigida a la alta comisionada de Derechos Humanos, los alcaldes de esa región alegan que “nos sentimos vulnerables y en riesgo inminente, sin libertad y garantías plenas sin ejercer nuestras funciones constitucionales”.

El obispo de Quibdó, Juan C. Barreto, en abril de 2017, denunció que las AGC, “hace poco menos de dos años”, “avanzan sin mayor freno estatal”. La Defensoría del Pueblo anotó que “la fuerza pública presente (…) tiene relaciones de connivencia, colaboración y coordinación con las AGC”. Sus intereses fueron “los territorios que estuvieron bajo el dominio de las Farc” (Verdad Abierta, 27/4/ 2017).

Igual en Urabá: Mutatá, Murindó, Dabeiba y Vigía del Fuerte, antes de influencia de las ex-Farc, están bajo las AGC, robustecidas en su casa matriz. En septiembre de 2021, organizaciones sociales y la Iglesia católica expusieron “la degradación en las condiciones de seguridad” allí por la guerra entre las AGC y el ELN.

En Córdoba, en el Nudo de Paramillo, son amos de “una república independiente” (Nueva Prensa, 20/9/2022) e influyen en Montería, en barrios del sur donde “el que habla, se muere”, y en playas como Moñitos o Puerto Escondido. Una línea, desde Urabá hacia el interior, traza un corredor del mar a zonas de coca. Indepaz advirtió en 2015 que en el Bajo Cauca antioqueño las AGC “son el eslabón actual de una larga cadena” de “intereses económicos y geoestratégicos” en Cáceres, Tarazá, El Bagre, Nechí y Zaragoza, con los mayores índices nacionales de homicidios en 2018 (‘Gran atlas del conflicto’, El Espectador).

Las AGC captan 60 por ciento del PIB del narcotráfico, que es de 19 billones de pesos (S. Montenegro, Cede, 2019), y tienen a cargo narcomenudeo, minas, contrabando de combustibles y mercancías, despojo de tierras, contratación pública y ciertos proyectos agrícolas y pecuarios (Indepaz, 2015). Por la autoridad que ejercen, “ante la ausencia del Estado”, mangonean sobre los “coyotes” que mueven migrantes por el Darién (Juan A. Gómez).

En Urabá y Córdoba volcaron dinero hacia el comercio, la construcción y hoteles, al ‘gota a gota’ o ‘pagadiario’ y a la provisión de víveres. El boom de edificaciones es tal que, mientras en Montería los metros cuadrados nuevos edificados, comparado 2021 con 2019, crecieron 28,5 por ciento, en todas las 14 áreas metropolitanas solo alzaron 1,3 (Dane, Ceed, 4T, 2021).

El clan con la jefatura de Úsuga tuvo “poder y control territorial sobre vastas extensiones de la costa colombiana”, según acusación del fiscal del distrito este de Nueva York (InSight Crime), además en territorios de las ex-Farc. Es primer cartel de drogas, permea la economía y corrompe funcionarios y políticos, como se declaró ante la JEP. El paro, con 309 actos violentos, fuera de rechazar esa extradición, confirmó el poder que detenta frente al Estado, cuya floja reacción refleja una impropia conducta asumida durante el cuatrienio Duque, otra en el cúmulo de equivocaciones.

Federico Gutiérrez, el lobo feroz

Comprobado que es el candidato del Equipo Duque, no es exagerado decir que “Dios los cría y ellos se juntan”. Es el combo completo, todos, además de ser yes-man del Tío Sam, en uno.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Colombia está a las puertas de la más engañosa estrategia de marketing político, la “Operación Caperucita”. Consiste en transformar en el “de la gente” a la versión más condensada de lo que ha malgobernado al país durante 30 años, al candidato del Partido Liberal, del Partido Conservador, de la U, de Cambio Radical y del Centro Democrático. El viejo truco del lobo feroz disfrazado de abuela, como en el cuento, “para comerte mejor”.

Un Federico que no tuvo empacho en deslucir su nombre, el mismo de Hegel, Chopin, Engels, Nietzsche, List o García Lorca, por un alias de bacán de esquina de barrio o de cantante de géneros populares y hasta de torero, el todo es que suene “cercano”. El remoquete lo acompaña con el voseo, que en este caso se aproxima, por el tono y el gesto corporal, al llamado parlache, la versión vocal del bajo mundo tras la conversión en “un tipo común y corriente… como vos”.

Tal metamorfosis pretende camuflar lo que Federico Gutiérrez representa de verdad. ¿No expresa acaso en sus esencias el neoliberalismo de César Gaviria? ¿No está también mal relacionado como Samper, aunque este expresidente apoye a Petro? ¿Su ligereza conceptual no emula la futilidad y pedantería de Andrés Pastrana? ¿No ostenta autoritarismo de gamonal al peor estilo Uribe? ¿Y cuánto en él no hay de la fullería de tahúr de Santos o de la mediocridad reaccionaria de Iván Duque?

En efecto, en política económica anuncia la continuación de la estrategia de libre comercio y capital extranjero con los fallidos sonsonetes de “aprovechar oportunidades” y “confianza inversionista”, que han servido para saquear al país. En cuanto a respaldos ilegítimos, lo apoyan 45 de los 54 clanes de la corrupta politiquería criolla (A. Ávila). La carencia de profundidad en el discurso, que “no tiene intelecto suficiente para entender la sociedad colombiana”, se volvió axioma (S. Kalmanovitz) y el anuncio de la ley de fuga, por la que “los bandidos en la cárcel o en una tumba”, compite con los aciagos tiempos de la “mano firme”, cuyas barbaridades se empiezan a ventilar en la JEP. Comprobado que es el candidato del Equipo Duque, no es exagerado decir que “Dios los cría y ellos se juntan”. Es el combo completo, todos, además de ser yes-man del Tío Sam, en uno.PUBLICIDAD

A esto, Federico Gutiérrez agrega una hoja de vida sin mayores méritos. Fue dos periodos seguidos concejal de Medellín, en los que algunos colegas dicen que fue “juicioso”, y alcalde entre 2016 y 2019. En ese cuatrienio el índice de progreso social (IPS), una metodología de Medellín Cómo Vamos que califica distintos aspectos de la vida ciudadana, retrocedió en el total ponderado de 65,8 a 65,7 puntos.

La capital de Antioquia echó para atrás y los aspectos que más incidieron en la “rajada” no fueron de poca monta: el acceso al conocimiento básico, la dimensión de oportunidades, la nutrición en menores, la sostenibilidad ambiental, las restricciones a la libertad de expresión en el componente de derechos humanos, el acceso a la educación superior y la seguridad, de la que se jacta de ser experto, pero en la que tuvo el peor resultado, cayó de 79,5 puntos a 71,9, casi ocho menos. Los aspectos en los que Gutiérrez fracasó en Medellín son precisamente en los que más reclama ser atendida ahora la población nacional (ver Medellín Cómo Vamos, IPS, 2016-2019).

No solo eso. La pobreza monetaria creció entre 2015 y 2019 de forma escandalosa en Medellín: del 13,69 al 26,5 por ciento y la pobreza urbana extrema aumentó de 3,4 a 5,09 y la desigualdad, según coeficiente de Gini, subió de 0,504 a 0,587 (portal de Medellín, pobreza y desigualdad). Una catástrofe social porque el desempleo también alzó del 10,6 al 12,2 por ciento (Dane, DNP, DEE).

En cuanto a las finanzas públicas en ese tiempo, el endeudamiento fue la herramienta fiscal expedita de Federico Gutiérrez: el sector central de la Alcaldía lo incrementó en un desmesurado 61 por ciento, de 1,18 billones de pesos a 1,89, y en todo el conglomerado del municipio, incluyendo EPM y el Metro, en un 25 por ciento, de 22,07 billones de pesos a 27,38 (Contraloría, Medellín, deuda pública).

Hay evidencia de que el palmarés de Federico Gutiérrez es precario e idem su dominio de los asuntos del Estado. ¿Por qué cierta élite política, social y económica se obstina en presentarlo como gran adalid cuando su único “encanto” es ser el anti-Petro? Porque el declive y desprestigio de dicha cúpula es tal que, ante la escasez de auténticas figuras de Estado como otrora, decidieron echar por el atajo de una vana estrategia publicitaria para un personaje trivial la del lobo feroz de Caperucita, una senda, “para devorarte mejor”, por la cual arriesgan a irse a un abismo profundo.

Nocaut a la institución cafetera

¿Por qué tal catástrofe en tiempos de bonanza? Buena parte de ellas fueron inducidas a concursar en los mercados a futuros por la misma Federacafé, en iniciativa colectiva y desconociendo en forma inexplicable la penosa experiencia de Andes.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El 4 de abril de 2022 se recordará en Andes (Antioquia) con tristeza. Ese día se bajaron los avisos de la Cooperativa de Cafeteros, que estaba intervenida por la Supersolidaria desde 2019. Enclavada en una zona de la mayor importancia en esa industria, el suroeste antioqueño, compraba entre 400.000 y 500.000 sacos al año, pero venía en caída. Era la principal cooperativa para las transacciones institucionales de la Federación Nacional de Cafeteros (Federacafé) y del Fondo Nacional del Café (FNC) (ver fotos).

Su balance a diciembre de 2021 muestra un patrimonio negativo de -77.373 millones de pesos y pérdida de -35.006 millones (ver estados financieros). Como causa primera del déficit, la firma Deloitte destaca las fallidas transacciones en el mercado de futuros en las bolsas internacionales mediante una filial creada en Nueva York en agosto de 2015, DelosAndes Coffee Inc.

Estima que los productores, comprometidos a entregar sus granos, no pudieron honrar los contratos debido a la fuerte contracción de la producción, o se negaron a hacerlo a menosprecio por el alza posterior de la cotización internacional o por los costos crecientes. Anota que el faltante es de 11.557.000 kilos por 124.849 millones de pesos.

No es la única en estado terminal que arrastra activos y ahorros de decenas de miles de productores, invertidos en cooperativas. La Supersolidaria intervino, en vías de liquidación, que se sepa, otras tres: Coopcafitolima, Coodecafec (Cundinamarca) y Anserma (Caldas) (ver resoluciones).PUBLICIDAD

El tablero de control de 33 cooperativas con 521 puntos de compra para 2021, que comercializaron 240 millones de kilos, equivalentes a cuatro millones de sacos, poco menos de un tercio de la cosecha, reporta pérdidas consolidadas de -39.228 millones de pesos. La mayor es la de Andes, pero diez más tuvieron números rojos, Risaralda, Quindío, Caicedonia, Nororiente, Tolima, Antioquia, Anserma, Cafetera de la Costa, Cundinamarca y Central del Huila. Otras como Salgar, Norte de Nariño, Catatumbo, sur del Tolima, Occidente-Antioquia, Manizales, Cauca y Departamental del Huila tienen margen operacional negativo. El sistema cooperativo cafetero está en la lona y en riesgo alto la garantía de compra al productor. Una debacle (ver tablero de control, 2021).

¿Por qué tal catástrofe en tiempos de bonanza? Buena parte de ellas fueron inducidas a concursar en los mercados a futuros por la misma Federacafé, en iniciativa colectiva y desconociendo en forma inexplicable la penosa experiencia de Andes.

¿Cómo se diseñó el instrumento? “El caficultor anticipa la venta hasta 24 meses antes de su cosecha” y define en el mismo momento el precio a futuro según la fecha definida para la entrega (ver https://federaciondecafeteros.org/app/uploads/2019/11/Ventas-de-caf%C3%A9-con-entrega-a-futuro.pdf).

Dado que podían presentarse riesgos de incumplimiento, la prudencia aconsejaba hacer cobertura de dichas compras mediante mecanismos conocidos en el negocio. ¿Se cubrió cada operación de compra en café físico a futuros en la Bolsa de Nueva York? Es necesario conocerlo porque, de lo contrario, se infiere que el líder del proceso, Federacafé, jugó siempre al alza, no incluyó una cláusula precautelativa de liquidar el contrato en caso de subas dramáticas de la cotización y se recargó en el leonino contrato suscrito con el caficultor en la cláusula 9.ª (ver). ¿Se lanzó a la especulación ciega, además sin reparar que se apostaba con dineros públicos del FNC?

Federacafé trata de resarcirse lo enredado, que superaría los 60 millones de kilos incumplidos, más de 100 millones de dólares. Apoyada en Supersolidaria, liquidan cooperativas y se rematan activos en subasta, en desmedro de los ahorros de miles de sencillos caficultores y, de otro lado, se embarga a quienes fallaron, se incautan sus tierras. Ni más ni menos.

Roberto Vélez, gerente de Federacafé, y el Comité Nacional, incluidos miembros del Gobierno Duque, deben mostrar esas coberturas tomadas para cada operación, y revelar si, dentro de los recursos que acopien, como los 40 millones de dólares de un préstamo contratado con el banco Sumitomo, que compromete a los 340.000 agremiados, cuántos van para reparar al comisionista en bolsa que, según dichos, es FCStone, también corredor bursátil en el fiasco de Andes.

Vélez ha de explicar cómo evalúa el daño causado a la calidad y seriedad de la caficultura nacional y le toca aclarar –en medio del embrollo– el conflicto de interés que tiene como miembro del Consejo Asesor de Nespresso, de Nestlé, en contra del artículo 6 del Código de Ética y Buen Gobierno de Federacafé. En fin, confesar la cruda realidad tras el nocaut a la institución cafetera. (https://www.sustainability.nespresso.com/nespresso-sustainability-advisory-board).

Tasa de cambio moral y petrismo

Armado el rompecabezas, se colige que, el petrismo en el todo vale para un éxito rápido, acudió a lo que Édgard Revéiz denomina tasa de cambio moral.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Uribe propuso en agosto de 2021 una amnistía general. Gustavo Petro dijo que coincidía y la perfumó con el “perdón social” del filósofo posmoderno Derrida: “El perdón social e histórico es un momento casi irrepetible para las sociedades. Pero antes de una amnistía debe haber devolución de todos los bienes a los despojados y verdad completa” (La Silla Vacía).

No es nuevo. En 2007, en el debate sobre paramilitarismo en Antioquia, Petro esbozó “un acuerdo de verdad que sonaba a impunidad y punto final” (SEMANA, 20/4/2007) y tuvo beneplácito de Mancuso. Volvió a proposiciones similares en 2011 y 2015 (@mcestupinan, 13/4/2022) y el 12 de abril de 2022 en Aguachica planteó “una JEP para narcotraficantes” (ver video). El “perdón social” pertenece a su ideario contemporizador.

Esa indulgencia resuena cuando parapolíticos se han frustrado pidiendo pista en la JEP, y ladrones del erario y cerebros criminales cumplen largas penas. A Kiko Gómez, por ejemplo, se le rechazó la primera solicitud y, aunque se reconsideró (Cuestión Pública, 12/4/2022), solo cubre delitos menores que no lo salvan del presidio por 55 años. Álvaro García, después de admitido, fue expulsado por no aportar verdad nueva y detallada (Caribe Noticias, 3/3/2022) y seguirá preso 40 años. Tampoco fue aceptado el exalcalde de Villavicencio Germán Chaparro y paga 39 años por homicidio. Conviven en el patio Ere Sur de La Picota con otros, como el exsenador Martín Morales, quien, fuera de tráfico de narcóticos y armas y homicidio, está untado del “cartel de la toga” y condenado a 25 años de cárcel (Asuntos Legales, 3/11/2018).

En su nombre, Iván Moreno, del “carrusel de la contratación” en Bogotá, con Morales, Chaparro y Ronald Housni, exgobernador sanandresano sancionado a siete años por corrupción, firmaron el 2 de marzo de 2022 una carta al abogado de Kiko, Pedro Niño, para “tratar (…) temas (que) contribuirán a construir un nuevo país”. Enuncian seis, todos tocantes con la justicia (ver documento).

No es esa sola carta. El diario La Razón.co dice que “presos de nueve cárceles” enviaron otra en la que le piden amnistía a Gustavo Petro. Expresan que “hemos venido impulsando (…) la campaña política (…) por él (sic) Pacto Histórico y (…) en favor del candidato Gustavo Petro” y que “creemos firmemente qué (sic) merecemos otra oportunidad, de resarcimiento, de justicia alternativa y restaurativa, de rebaja de penas, de amnistía e indulto”.

Se forjaba intercambio de votos por beneficios jurídicos para penados sin distingo alguno.

El 11 de abril Petro afirmó que su hermano Juan Fernando estaba “hablando con Iván Moreno” porque “nos ha sugerido” ser “constructor de (…) perdón social” que “se está discutiendo dentro de las cárceles” (Sigue La W, 11/4/2022). El 13 de abril (La W, 3 p. m.) la abogada Cielo Rusinque, vocera petrista, reiteró que “esa invitación (…) se atiende para escuchar lo que tienen que decir o en qué medida pueden aportar”. Es decir, el Pacto Histórico decidió dar trámite a las cartas.

Noticias Caracol, el mismo día, divulgó los asistentes a la reunión del 8 de abril, reconocida por Rusinque y Petro, donde “se habría hablado de una reforma de la justicia que incluiría rebaja de penas para corruptos y la supuesta eliminación de jueces de ejecución de penas” (Noticias Caracol, 13/4/2022).

Juan Fernando contó en diálogo con SEMANA, al mediodía de ese 13, que los presos le dieron un documento para el candidato, que preguntaron “¿Qué significa perdón social?” y que aspiran a la “esperanza de segunda oportunidad”. Contrario a lo destacado dos días antes por Petro y Rusinque, dijo que su misión “era independiente”, que “no se sabía que él iba a ir” pese a la obvia presunción sobre el carácter político de la diligencia (SEMANA, 13/4/2022).

Al sentir estallar la tempestad sobre su cabeza por el disparate, el candidato arrancó una saga de desmentidos para construir otro relato. El medio digital @Ultimahoracol, en el video “Petro contra Petro”, sumó 14 (ver en Instagram) y hay otras tantas más cometidas en la condescendiente entrevista de la revista Cambio el Viernes Santo. Ahí Petro convino con los periodistas que fue “papayazo”, o un “a mis espaldas” o un “me acabo de enterar”, sin descartar el “entrampamiento”, versión reforzada con un testimonio radial del convicto Germán Chaparro (La W, 18/4/2022) y sostenida frente a los nuevos bullicios.

Armado el rompecabezas, se colige que, el petrismo en el todo vale para un éxito rápido, acudió a lo que Édgard Revéiz denomina tasa de cambio moral, la manipulación de la justicia, como se ha hecho por décadas “en la preferencia social que han tenido los gobiernos (…) respecto a la sanción que debe darse a los delitos que más afectan a los ciudadanos”. Una censurable y dañina adopción.

Verdades 4G

El perfeccionista Duque no cumplirá con el enunciado del Plan Nacional de Desarrollo ni menos con la promesa de entregar 20 vías al final del mandato (Forbes, 2020).

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Faltaba. El reciente debate del representante del partido Dignidad por Antioquia, Jorge Gómez Gallego, sobre los desarrollos y estado de las vías 4G, programa de infraestructura que inició en 2014 el Gobierno Santos-Vargas Lleras. El actual, de Iván Duque, se comprometió a “8 autopistas que entrarán en etapa de operación y mantenimiento, vamos a dejar al finalizar el cuatrienio 13 autopistas con más del 50 % de avance y reactivadas los 8 restantes, para completar las 29” (PND-ANI, 2018).

El documento Conpes 3760 de 2013 le fijó los lineamientos, que abarcó al final 30 proyectos de iniciativa pública y privada y estableció que: “Los choques de inversión en infraestructura tienen un efecto multiplicador de 1,7 en el PIB, para todo el periodo”. Pasar así de crecimientos de 4,6 por ciento en 2012 al 5,1 en 2022 y 5,3 para 2024, y que los empleos serían entre 180.000 y 450.000. ¿Cuál es la realidad años después? Entre 2014-2019, antes de la pandemia y cuando hubo más inversión 4G, el crecimiento promedio del PIB fue 2,81 por ciento y a marzo de 2021 los ocupados directos e indirectos eran 140. 000 (ANI).

¿Por qué el chasco? Gómez lo dijo: “El modelo adelantado no fue de desarrollo, sino de utilidades”. Esa “locomotora”, antes de sacar al país del puesto 79 en el mundo en infraestructura de transporte en 2010, tuvo como propósito central garantizar el cierre financiero, la óptima rentabilidad con plenas salvaguardias a todos los inversionistas, proteger la cacareada confianza. En 2019 cayó al 81 (Foro Económico Mundial).

Se eliminó el riesgo “comercial, cambiario, predial o por los reparos de las comunidades”, un negocio de “burro amarrado” completado por vigencias futuras del Presupuesto y en el recaudo por peajes, asegurando, pase o no, el tráfico esperado según un balance cada ocho años. Por peso invertido del constructor, el Estado pone 3,65. Por uno en crédito, aporta 1,99 y, en general, correrá con 35 por ciento del valor de la operación y mantenimiento del programa. En pesos constantes de 2021, el costo total será 105 billones de pesos; el flujo de caja 137 y en la pandemia se reconoció 100 por ciento del hipotético tráfico que habrían tenido, una ganga. ¿Cuántas veces se pagará este filón? (A. Trigos, 2022).

Beneficiarios de la adjudicación de la piñata fueron consorcios constructores y conglomerados financieros locales y extranjeros. El Grupo Solarte, señalado por corruptelas, recibió cinco vías, costeado por Bancolombia y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (IFC), o el Cóndor otras cinco con plante de Davivienda y Goldman Sachs, o la española Sacyr con cuatro, respaldada por JP Morgan, Sumitomo y Black Rock, o el Grupo Aval, que recibió seis, de ellas cuatro para su billetera junto con bancos franceses e IFC y dos más, una en asocio con Florentino Pérez, en inversión conjunta con Capital Credicorp o el GEA, que con Odinsa tiene dos concesiones apalancadas con Sura, Bancolombia e IFC, o tres al Consorcio Mario Huertas-Meco, firma de Costa Rica cuyo dueño, Carlos Cardas, está preso por corrupción, fondeado por Goldman Sachs, bonos y banca de Centroamérica. Apoyadas en recursos públicos, las vías 4G son fuente de lucro con tasa interna de retorno entre 8 y 9 por ciento (Saqueo, págs. 587-594).

Se adueñarán de las vías a 25 y hasta 39 años. En comparación con Ecuador, donde por cada dólar en peajes en la carretera Guayaquil-Quito se recorren 174 kilómetros, aquí, en Neiva-Girardot apenas 16,5 o 22,1 en Pacífico I (Saqueo, pág. 600).

Las 4G no están libres de corrupción. Fuera del antecedente 3G de Ruta del Sol II con Odebrecht, el Grupo Solarte en la vía Pamplona-Bucaramanga presenta avance solo de 12 por ciento y en la Popayán-Santander de Quilichao de 0 por ciento y “ningún proceso sancionatorio o de caducidad” (G. Vargas, El Tiempo). O la ruidosa denuncia de Gómez Gallego de la Caribe 2, sobre el mismo trazado de la anulada Caribe 1, donde participó con KMA, concesionario con dudosos socios, “en alguna etapa de la presentación y evaluación de la iniciativa privada”, el exviceministro García Morales, condenado por sobornos de Odebrecht. O la expedita venta de la Ruta Costera Cartagena-Barranquilla, por Huertas, Colpatria y Meco a ISA, antes que Ecopetrol adquiriera la transportadora de energía.

El perfeccionista Duque no cumplirá con el enunciado del Plan Nacional de Desarrollo ni menos con la promesa de entregar 20 vías al final del mandato (Forbes, 2020). A estas alturas, son cinco las finalizadas; otras cinco en más del 90 por ciento; 11 entre el 50 y el 90, y nueve en menos de la mitad de adelanto. Dolido, Vargas Lleras inquirió: “¿Y en qué terminará el compromiso sobre la entrega de 20 concesiones 4G el 7 de agosto? Me temo que en nada” (El Tiempo). De remate, la sentencia de Gómez Gallego: “Concesiones 4G: saqueo y corrupción”. Verdades.