Fui, vi y vendí

No dejará más huella que la sumisión ante los poderes mundiales como agente viajero del saqueo: fue y vendió.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Animado por “a viajar, que esto se acaba”, Iván Duque inició el 24 de agosto pasado un periplo de cinco viajes, en cuatro semanas de las últimas nueve, a ocho países: España, Estados Unidos (dos veces), Corea del Sur, Brasil, Escocia, Francia, Emiratos Árabes Unidos e Israel. Hay reseñas sobre la comitiva de 150 personas para el crucero de Escocia hasta Israel pasando por París y Dubái, acompañado de esposa, hijos, hermano y patos infaltables como Luigi Echeverri, émulo del rol de su padre en el Gobierno de Uribe, la jefa de Gabinete, María Paula Correa, y casi todos los ministros en despliegue burocrático internacional. También se habla sobre el ¡hola!, de puño con Joe Biden o la conversación con Infantino, el de la Fifa, que solo provocan burlas.

Tiene más interés evaluar la esencia de las correrías: ahondar en la atracción de capital extranjero como variable de cierre de la economía, la misma de César Gaviria y, en el siglo XXI, de Pastrana, Uribe y Santos, que la hace dependiente en exceso de la inversión foránea y, por consiguiente, vulnerable a sus ciclos, rentabilidades e imposiciones. “Vender el país”, lema inspirador de Duque.

En ese afán se resaltan las reuniones de negocios a puerta cerrada con inversores como Millicom, la empresa que “estafó a Medellín”, por los resultados de la fusión en Tigo, como acusa el representante Jorge Gómez, o con Goldman Sachs y JP Morgan para que nos refuercen la dosis tóxica de una tasa interna de retorno del 9 por ciento o más, de las vías 4G y ahora de las 5G, o con los imperios empresariales coreanos, Samsung o Hyundai, que nos tienen aherrojados en el TLC, para que aterricen en la “economía naranja” a cambio de colocar unas toneladas de aguacate, limón y banano.

También con Florentino Pérez, poco transparente con sus contratos en Colombia, y con Jeff Bezos, magnate que casi nada deja de sus actividades digitales, o con fondos brasileños, presentes en infraestructura como Itaú o BTG Pactual, que ya están en las jugosas vías 4G, y, en el colmo, alentar los temas mineros, al calor de excesos gastronómicos, con los fondos soberanos de los Emiratos Árabes Unidos, que pujan con Minesa por arrojarse sobre el oro del páramo de Santurbán.

Los supuestos flujos de capital que atrajo en el periplo apenas llegan, según su propaganda, a 6.000 millones de dólares: 2.500 de España, en particular del empresariado de Galicia, pesquero, tecnológico y sede principal de Zara; 2.300 de Francia empujados por Medef, organización empresarial que “toma iniciativas que permitan a las empresas beneficiarse de un entorno legislativo y regulatorio favorable… en Francia como en el extranjero”; 1.400 de Brasil y 70 de Emiratos. A la vez contrajo más deudas: por 500 millones de dólares del BID, crédito dispensado por Claver-Carone, trumpista por el que Colombia votó en oposición a Latinoamérica; 2.000 millones más del Banco Mundial y la ratificación de la línea especial de crédito del FMI por 5.400 millones, para cubrir déficits en las cuentas externas. Una excursión de hinojos en la que no faltó la estación en la Ocde.

Se acompaña la subasta con osos como el fallido lanzamiento de su libro en la Feria de Madrid, o el alarde con el premio Theodore Roosevelt, el de I took Panama, que le dio el ICFF (grupo de lucro en conservación ambiental), o la penosa tertulia con Almagro, de la OEA, acerca del fracasado apoyo a Guaidó, o las complacencias con la familia Buffett, ligada a CB&I, demandada en la corruptela de Reficar; o la instalación de una oficina de INNpulsa en Jerusalén, desechando el pedido palestino de privarse de representaciones en esa ciudad (Agencia EFE) y, de remate, declaratorias de animosidad contra Irán.

Debe añadirse el Duque histriónico, que, aplicando el fracking, funge de líder ambientalista, más que Greta Thunberg, con el estribillo “50 por ciento menos de GEI para 2030, carbono cero para 2050 y 30 por ciento de áreas protegidas”, incluidas las marinas que Uribe cedió en el TLC con Estados Unidos, o de febril promotor de la reforestación como “negocio verde”, o de abanderado de la paz en la ONU y con Macron en París, mientras persiste el holocausto de líderes sociales y firmantes del acuerdo y se incumple el capítulo de tierras. El mismo que lloró en el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén y llevó otrora una ofrenda floral a la Revolución china en Beijing. Lagartadas por doquier.

“Conocerás a las personas en el extranjero”, adagio que aquí se cumple. Es la versión siglo XXI de Marco Fidel Suárez, el Duque de la “política de la subordinación activa”, que “concedió un estatus preponderante a la variable económica” (M. Ardila, 1990), y no dejará más huella que la sumisión ante los poderes mundiales como agente viajero del saqueo: fue y vendió.

Vega, un registrador torcido

Lo sustancial es alertar sobre la amenaza a la transparencia y la precaria garantía de imparcialidad de este registrador con opacidad e incoherencias en sus ingresos, patrimonios ocultos y falsedades en documentos públicos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El 10 de octubre de 2019 se anunció la selección, entre 59 candidatos inscritos, de Alexander Vega Rocha como registrador nacional del Estado Civil. Lo escogieron, en nombre de las tres cortes, Constitucional, Consejo de Estado y Suprema, las magistradas Gloria Ortiz y Lucy Jeannette Bermúdez, de las dos primeras, y Álvaro García de la tercera. Previo a la entrevista, que daba 300 puntos, Vega iba quinto con 71 puntos abajo del primero y sorpresivamente, como pasa con contralores y personeros favoritos, obtuvo un puntaje de 285 con el que superó por tres al segundo (SEMANA, 10/10/2019).

Para Vega, oriundo del Guaviare, es el último peldaño de una carrera pública que inició como personero de Chía entre marzo de 2004 y 2007; luego como contratista de la Secretaría de Gobierno de Bogotá para asuntos electorales en la administración de Samuel Moreno y de 2009 a 2014, como abogado consultor, entre algunas, en la firma Rodrigo Escobar Gil S. A. S. (Función Pública), del exmagistrado condenado por tráfico de influencias en el expediente de Fidupetrol (El Tiempo, 10/09/2021).

En el cuatrienio 2014-2018, en representación del Partido de la U, Vega fue magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), que saboteó la revocatoria de Peñalosa y archivó el caso Odebrecht. En 2013 constituyó el Grupo Jurídico Empresarial Martínez & Vega Asociados, con matrícula mercantil vigente 00023-67029, junto con su padre, Campo Elías Vega Goyeneche, y Luis Eduardo Martínez Gutiérrez (Cámara de Comercio).

Hasta aquí sin novedad –fuera de escalar conectado con clanes políticos como los Ñoños (La Silla Vacía, 11/10/2019) y de combos anómalos, como se dice en el Meta– si tal ascenso no se manchara al cotejarse los distintos datos que Vega aportó en el Formato Único de Inscripción cuando se posesionó como registrador; en la Declaración de Bienes y Rentas (Sigep, enero 2020) y en la Declaración de Renta de 2019. Sospechosamente, en el Formato tapó sus vínculos con Escobar Gil

Un análisis del balance y del estado de ingresos y egresos de Vega, consolidando los datos, arroja que, en la declaración de bienes, acredita activos, en bancos y un apartamento, por 440 millones de pesos, y pasivos, por tarjetas de crédito y otros, por 156 millones, para un patrimonio contable de 283 millones, distinto al de 300 millones de la declaración de renta.

Sin embargo, en ambas declaraciones, Alexander Vega omitió que es dueño de dos propiedades en Chía: el 50 por ciento de la casa 23 de la Unidad Residencial San Nicolás, de 218 metros cuadrados, adquirida el 8 de abril de 2013 con su cónyuge por 320 millones de pesos, donde tiene viviendo, desde diciembre de 2019, al alcalde de ese municipio, Luis C. Segura, y de un lote todavía de engorde comprado el 15 de julio de 2014, en el conjunto residencial Granjas de la Balsa, con 3.256 metros cuadrados, por 150 millones de pesos, hoy valorizado por diez veces (metrocuadrado.com). Vega es mandamás en Chía.

Los datos corresponden a las matrículas inmobiliarias 50N-20550584 y 50N-834803, que el 28 de octubre de 2021 registraba la Supernotariado. ¿Por qué no las declaró ni tampoco sus acciones en el Grupo Jurídico Empresarial? ¿De quién será la costosa casaquinta que Vega frecuenta en Restrepo (Meta), que fue del exgobernador Darío Vásquez en Villa Valeria, el célebre condominio de Palacino (SaludCoop)? ¿Cuál es el origen de los recursos con que se compraron?

En cuanto a egresos e ingresos, Vega solo declara, en 2019, la minúscula suma de 34,03 millones de pesos por salarios, lo que, al descontar gastos y deducciones, deja una mísera renta líquida de 20,74 millones sobre la que pagaría impuestos, de lo que se infiere además que el Grupo Jurídico no entregó utilidades. Es raro que tuviera en diciembre saldos bancarios por 14 millones, 40 por ciento de sus entradas declaradas, y a la vez obligaciones por 107 millones en tarjetas de crédito. ¿Cómo pagaría con tan exiguo salario? Ni cuentas claras, ni chocolate espeso.

El proceder de Vega puede configurar un delito contra la fe pública (falsedad documental) al declarar “bajo la gravedad de juramento” (art. 122, inciso 3 CP) que los únicos bienes y rentas eran los que relacionó y omitió intencionalmente incluir varios otros. Esto sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria por violar además los deberes en la Ley 190 de 1995.

Aparte del compromiso legal, o que la Fiscalía lo eleve ante la Corte Suprema, o de un debate de control político, lo sustancial es alertar sobre la amenaza a la transparencia y la precaria garantía de imparcialidad de este registrador con opacidad e incoherencias en sus ingresos, patrimonios ocultos y falsedades en documentos públicos, a cargo de unas elecciones trascendentales: apenas para un país al que se pretende torcer todavía más.

Entonces, ¿“Los que diga Duque”?

El plato queda servido: bolsas por casi 80 billones de pesos, el mecanismo para irrigarlas y documentos al por mayor de votantes anónimos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Se están contabilizando los montos que por distintas fuentes ha acumulado el Gobierno, un gasto público para 2022, pero ausente en lo peor de la pandemia, y hay recelos por el destino que tendrá a las puertas de las elecciones presidenciales y del Congreso de la República, si servirán para elegir a “los que diga Duque”.

La primera es la reforma tributaria de 2021, la de Restrepo, gestor del botín para el soborno social y político. En ella, se destinarán $6,6 billones en 2022 al llamado Ingreso Solidario para 4 millones de hogares menesterosos, hoy por fuera de los programas tradicionales, a los que, sin darles siquiera una renta básica, se les endulzará con una dádiva “histórica”, un rústico remedo de los cheques que Trump rubricó en la crisis sanitaria.

Irá con otros planes, no inscritos en el marco del derecho universal, sino en forma de óbolo, como la publicitada matrícula cero en universidades públicas, solo para estratos de ingreso bajo y medio-bajo. El Presupuesto General aplicará 35 billones para la denominada “recuperación social” en 2022 (El Tiempo, 21/10/2021, citando DNP).

No obstante, esa suma aún no es suficiente para el mercado electoral: urgen otras para financiar el universo de gastos de funcionamiento, que no se fondea con tributos y abarca las clientelas contratistas y la fronda burocrática, ampliada ahora en miles de puestos en la Contraloría, la Procuraduría y la Registraduría.

La más voluminosa y de libre disposición vendrá de Ecopetrol. Los cálculos del precio del barril de petróleo para un marco fiscal adecuado se hicieron en 63 dólares. El precio promedio este año superará los 70 y con ello el Gobierno, con una propiedad del 89 por ciento, se ganó la lotería, ya que desde junio se anunciaron traslados por utilidades e impuestos por más de 10,5 billones de pesos, que al terminar 2021 pueden subir a más de 20 (Portal Ecopetrol, junio 2021).

A las alforjas oficiales llegaron nuevas bolsas. Por la compra del 51,4 por ciento de ISA por Ecopetrol, a crédito, “exprimiendo la empresa” (Kalmanovitz), entró un cheque por 14,2 billones de pesos, bajo los enunciados de “reforzar la caja” o la “reactivación económica” (Portafolio). ¿Hay ya auditoría del contralor Córdoba al respecto?

Del exterior aterrizó otra partida. El ingreso de 2.790 millones de dólares que le asignó a Colombia el FMI de la desinversión de reservas internacionales por 1,96 mil millones de derechos especiales de giro (DEG). El Banco de la República, receptor de la remesa, explicó: “El Banco vendió reservas al Gobierno Nacional por un monto en dólares equivalente a la asignación de DEG y recibió como pago Títulos de Tesorería TES Clase B (…) el Gobierno obtuvo liquidez inmediata en dólares y mejoró el perfil de su deuda interna (…) los títulos entregados al Banco provienen de canjes (…) cuyo vencimiento (…) era el año 2022”, y fueron sustituidos por otros de largo plazo. En fin, una emisión camuflada para el Gobierno por 10,6 billones, acorde con la tasa de cambio de 3.806 pesos por dólar a 31 de agosto.

No contento con lo acumulado, Duque se apresta a vender 3.490,8 millones de acciones de Ecopetrol, el 8,49 por ciento, que, al precio unitario actual cercano a 2.660 pesos, totalizaría 9,28 billones. De pasarse por encima las restricciones que impone la Ley 1118 de 2006 para usarlos, como ya hizo con el “enroque” de ISA, este paquete cuantioso engordará más sus cajas menores.

Al final, además de los recursos ordinarios presupuestados, con estas maniobras adicionales calculadas se destinarán más de 70 billones para elegir a “los que diga Duque” en acción sucedánea de su mentor, hoy sub iudice y en franco desprestigio.

El bazar de votos, sin precedente, lo allanó el artículo 125 del Presupuesto con la modificación de la ley de garantías, para pasar en estos meses los convenios interadministrativos entre la Nación y los entes territoriales. Así el Centro Democrático cebaría a sus 42 alcaldes en Boyacá o los conservadores, a los del norte y el oriente de Antioquia, y, sin contar coaliciones, a 116 en total, y los liberales, a 99 en toda Colombia, o Cambio Radical, a 29 gobernaciones donde participa, o La U, en 22 (celag.org). La funcionaria estrella será Ana María Palau, consejera para las regiones, quien reemplazó ahí a Karen Abudinen.

A estas alturas, el registrador nacional, Alexánder Vega, el de “si no le gusta, váyase”, informa de 5 millones de cédulas en volandas, de colombianos en el exterior, de muertos o fraudulentas, como las que aprovechaba Aída Merlano. El plato queda servido: bolsas por casi 80 billones de pesos, el mecanismo para irrigarlas y documentos al por mayor de votantes anónimos. Es la engañosa hoja de ruta para elegir a “los que diga Duque”. Colombia y la comunidad internacional deben percatarse.

La colonia AGA en Quebradona

Una comunidad desprovista de instrumentos para intervenir, como es el Acuerdo de Escazú que Duque, en equívoca complicidad, engavetó.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Del video Quebradona. Minería con propósito. Social. Ambiental. Económico en la página de la Anglo Gold Ashanti, AGA, y de una entrevista a su expresidente, Felipe Márquez, donde dice que “Colombia es el futuro de esta compañía” y que dicha mina es “la base para transformar la región con un propósito superior” (La República, 23/02/2021), se concluye que en 30 años venideros no caerá la hoja de un árbol en Jericó, Fredonia, Támesis, Tarso y Valparaíso sin que AGA lo decida. Con título sobre 7.593 hectáreas e inversión de 1.500 millones de dólares, bajo la figura de distrito minero, establecerá un enclave colonial y al amparo de los TLC.

La explotación de 3.000 millones de libras de cobre, 1,5 millones de onzas de oro y 21 millones de onzas de plata y quizás molibdeno, con vida potencial de 23 años, es novedad para AGA (Integrated-Report-2020), ya que más del 97 por ciento de sus ingresos han venido de fuente aurífera. El cambio se debe al rol del cobre en la “transición energética” para fabricar paneles solares y autos eléctricos. El precio por tonelada, desde 2012 hasta 2020, osciló entre 2.000 y 4.700 dólares, pero analistas consideran que este “nuevo petróleo”, por bajos inventarios para demandas crecientes, llegaría en 2025 hasta 20.000 (Elliot Smith, CNBC, 6/05/2021).

Con Quebradona, AGA entra al mercado en alza, por ahora de 20 millones de toneladas anuales, de las cuales Chile, con Codelco, y Perú producen 40 por ciento y otro 30 es reciclaje (www.nrcan.gc.ca, 3/02/2021). La mayor ganancia vendrá de la mencionada cantidad de concentrado (cobre, oro y plata) que se exportará para procesarse afuera. Vieja historia, como la del platino en Chocó.

La contabilidad minera tradicional pone los beneficios para el país dueño del recurso en los ingresos fiscales y en el empleo. En Quebradona se recibirán, a lo sumo, regalías del 5 por ciento, que, según AGA, significarían 60.000 millones de pesos al año, e impuestos de renta estimados en 250.000 millones de pesos anuales, y otros 2.000 por industria y comercio y predial para los municipios. No obstante, debe descontarse el costo fiscal de los beneficios tributarios que privilegian la minería.

Al final de la explotación, el país percibiría un neto de 2.500 millones de dólares y no mucho más. En cuanto a empleos, no serán ni la tercera parte de los perdidos en agricultura, ganadería y turismo, con menor coeficiente en la producción y el consumo generales.

A estos rubros, que para AGA serán costos, se le añaden 2 centavos de dólar por libra, el importe de la extracción. A contramano, en la otra columna del balance, AGA habla de un proyecto de bajo costo, flujo de efectivo y larga vida con un escandaloso margen entre 60 y 70 por ciento (AGA-Integrated Report-2020).

Esa contabilidad es todavía más inicua cuando se descartan externalidades negativas, como secuelas ambientales sobre el ecosistema del suroeste antioqueño, su biodiversidad y paisaje, sobre el agua por la afectación a estrellas hídricas, caudales, cuencas y acuíferos, al nivel freático, a 26 acueductos y 311 captaciones de agua en veredas circundantes, la polución subterránea y fenómenos como la bioacumulación.

También detrimentos del suelo por la agresiva deforestación, contaminaciones superficiales y más probabilidad sísmica, por el estallido constante de roca en profundidad y la emisión de GEI, humos nocivos y daños sobre flora y fauna. Estropicios a los que AGA, acorde con sus “estándares”, se compromete a “minimizar”. Peor es el manejo de los relaves, material de roca desechado, 120 millones de toneladas, con destino incierto en el territorio e inestable con el tiempo. El clásico pasivo ambiental.

Igual cuentan los males sociales como el abandono de la vocación agrícola campesina, el encarecimiento de la vivienda por el auge de migrantes, la congestión vial, la desvalorización de predios aledaños, el sabido aumento de enfermedades respiratorias, de transmisión sexual y las mentales en los marginados. Conviene asimismo verificar si la energía aplicada por dólar invertido es inferior a la obtenida, el factor EROI.

Como parte victorioso, AGA en informe a sus accionistas, entre ellos fondos institucionales de capital financiero, se ufana de la “amplia alianza estratégica con todas las partes interesadas relevantes para establecer un apoyo regional para el proyecto” (AGA-Integrated Report-2020). Un manejo político en Colombia, segundo país en conflictos socioambientales y primero en el homicidio de líderes para el medioambiente.

El proyecto Quebradona, fuera de menoscabar la soberanía y violentar derechos humanos por generaciones, recae sobre una comunidad desprovista de instrumentos para intervenir, como es el Acuerdo de Escazú que Duque, en equívoca complicidad, engavetó en provecho de transnacionales como AGA.

Economista Aurelio Suárez asegura que en los últimos 30 años el país ha sido saqueado, ¿por qué?

El analista económico, en su libro Saqueo, hace una radiografía de la economía colombiana en los últimos 30 años. ¿Cuál es su visión?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

SEMANA: ¿Por qué el título del libro: Saqueo?

AURELIO SUÁREZ (A.S.): Colombia, cuando ingresa a la globalización, cuando el país decide una estrategia económica de libre comercio de capital extranjero, el país poco a poco se va volviendo un país afluente de ahorro, de trabajo, de mercado interno, a los grandes circuitos internacionales del dinero. Y en esa afluencia el país no es correspondido, es decir, el mercado interno que el país entrega no tiene una correspondencia con las porciones de mercado externo que tenemos.

Los retornos de nuestras inversiones en el exterior son inferiores a los retornos de las inversiones de los extranjeros aquí. Y eso va acompañado además de unos ajustes fiscales muy fuertes: 19 reformas tributarias en 30 años y una disminución de los salarios en el ingreso nacional bruto.PUBLICIDAD

Además de los recursos naturales no renovables. Todo eso me configura a mí una síntesis que dice esto ha sido un saqueo, porque nos han sacado y nosotros no hemos podido compensar lo que hemos entregado a los mercados financieros internacionales.

SEMANA: Dice que esto es un proceso de recolonización, gracias al neoliberalismo. ¿Cuál fue el impacto del modelo?

A.S.: Hoy el capital extranjero es el dueño de la mitad de la economía colombiana. En el libro hago un estudio de 103 subsectores económicos y de esos 103 subsectores el 50 por ciento es capital extranjero, directamente o a través de asociaciones mixtas. Hay una toma de la economía nacional y, paralelo con eso, en el país se consolidaron unos grupos financieros que están ligados estrechamente a los circuitos internacionales del capital. Eso me permite hablar de una recolonización del país, una política económica que tiene una economía política, esa economía política me identifica los ganadores de esa política económica y es realmente el capital extranjero.

SEMANA: ¿Qué tiene que ver el tema del neoliberalismo ahí?

A.S.: Porque todo se hace sobre la base de un criterio fundamental que es la maximización de la tasa de ganancia. No hay otro elemento, es decir, ese es un elemento que va a regir la política monetaria, la política cambiaria e, incluso, la política fiscal. Porque en buena parte la política fiscal tiene 2 componentes, para mí, estructurales. Por un lado, el predominio de los impuestos indirectos, pero, por otro lado, los beneficios tributarios.

Cuando dice que yo entrego beneficios tributarios para maximizar la ganancia del inversionista, eso es en el fondo el neoliberalismo, el neoliberalismo es la maximización de ganancia y, sobre todo, de ganancia del capital financiero.

SEMANA: El libro recoge los últimos 30 años de la economía colombiana que coinciden, en el inicio, con la apertura económica. ¿Qué pasó en ese momento?

A.S.: Recojo la frase de Abdón Espinosa: fue una apertura hacia adentro. Cuando se mira el coeficiente de penetración de importaciones tanto en el agro como en la industria era del 17 por ciento. Es decir, Colombia, para satisfacer sus demandas de bienes agrícolas o industriales, consumía el 17 por ciento en productos extranjeros.

A los diez años de la apertura, en el caso de la agricultura era casi que el 60 por ciento de los cereales y las oleaginosas y en el de la industria el 33 por ciento. Colombia entrega el mercado interno. Pero muchos debates sobre apertura se dan solo en términos comerciales y resulta que eso tiene un impacto en las variables macroeconómicas: el país reduce el ahorro, tanto público como privado, a la mitad y la mitad de inversión.

Cuando estalla la crisis del fin de siglo en el 99, lo hace no solo por la quiebra de la agricultura y la industria, por el lío del UPAC, por el sistema bancario, sino que en el fondo la raíz del problema es que el país perdió la mitad de su ahorro y la mitad de su inversión en ese proceso de la apertura.

SEMANA: Advierte en el libro que perdimos con la globalización. ¿Cómo funcionar en un mundo tan interconectado?

A.S.: Sí podemos ingresar a ese escenario, pero no de una manera tan asimétrica. Usted puede integrarse con el resto del mundo, aquí nadie está hablando de la autarquía. Pero tenemos que integrarnos de una manera simétrica. Por ejemplo con los tratados de libre comercio, se hicieron de forma totalmente asimétrica. Colombia no puede prosperar en la agricultura y en la industria con unas cláusulas que son totalmente subyugantes al desarrollo industrial y agrícola del país.

SEMANA: ¿Qué hacer con los tratados de libre comercio?

A.S.: En todos los tratados de libre comercio perdemos, excepto con Centroamérica y la Comunidad Andina. Hay que reconocer que Colombia es un país ganador con la Comunidad Andina y Centroamérica. Entonces en primer lugar tenemos que integrarnos mucho más a esos mercados.

Creo que hay que renegociar algunos tratados. Colombia tiene cláusulas que no le permiten al país avanzar, hay que renegociar. El dumping no es solamente con productos agrícolas, también industriales. Cuento en el libro cómo Estados Unidos al año le da 86.000 millones de dólares de subsidios a las industrias. Colombia no puede competir en igualdad de condiciones. El capítulo 23 del TLC con los Estados Unidos considera que es posible enmendar, modificar o terminar.

Hay una gama de posibilidades, ¿hay voluntad política para eso? No, pero yo creo que el país tiene que renegociar.

SEMANA: Menciona a los grandes conglomerados como “una expresión autóctona de oligarquía mundial…”

A.S.: Lo que se reproduce como estructura productiva y empresarial en el país, como estructura económica en el país es una irradiación de lo que sucede en el mundo. Es la reproducción, perdóneme la palabra puede sonar un poco despectiva, criolla de la estructura global. Cuando hablo de las locomotoras, logro identificar que en la minero-energética, la economía naranja, las vías 4G va a encontrar los fondos financieros de capital internacional incrustados en el negocio a través de distintas modalidades. Son los dueños del mundo y cómo no van a ser los dueños de Colombia.

SEMANA: ¿Cuál es su posición con respecto a la inflación? ¿Por qué es necesario ajustar la política monetaria?

A.S.: El artículo 373 de la Constitución dice que la política monetaria debe tener como objeto la conservación del poder adquisitivo de la moneda. La pandemia develó la esencia de la política monetaria. Le atribuyo a la política monetaria restricciones en demanda, en los mercados laborales, y se encuentra que esa política monetaria de conservación del poder adquisitivo de la moneda fracasó en la pandemia.

Uno de cada tres hogares no tiene tres comidas al día, dos de cada tres hogares comen tres comidas al día y uno de tres solo come dos o menos de dos, solo el 5 por ciento de los hogares pueden ahorrar, el 65 por ciento de los hogares dicen que lo que les entra o no les alcanza para vivir o apenas les alcanza para vivir.

¿Cuál ha sido el papel de la conservación del poder adquisitivo de la moneda? Mientras eso pasa, ¿qué sucede con una política de baja inflación? El crédito tiene un interés real mucho mejor. Muestro en el libro que Colombia tiene altos márgenes de intermediación a escala mundial, pero en sus socios de TLC tiene la tasa de interés más alta, con una baja inflación que es lo que tenemos, una tasa de interés efectiva mucho más concreta, real, pero el más favorecido es el inversionista extranjero.

Por eso la Ocde resalta tanto en la estabilidad económica como atractivo para la inversión, la baja inflación. El país debe tener una política monetaria mucho más laxa.

SEMANA: ¿Cómo debería ser esa política monetaria, cuáles son los perjuicios que ha traído “la concepción ortodoxa”?

A.S.: Creo que ha tenido un perjuicio fundamental, y es la primacía del capital financiero sobre los demás sectores de la economía. Si nosotros tomamos el crecimiento económico de 2006 a 2019, el 2020 es atípico, encontramos que la economía creció al 4 por ciento, el sector financiero creció al 7,7 por ciento. Hay un predominio del capital financiero, es un país al servicio del capital financiero y no un capital financiero apalancando el despeje de la economía. Sí creo que hay que regular esa tasa de interés.

SEMANA: ¿Deberíamos salir a emitir?

A.S.: Claro que el Banco de la República debe emitir. Hay momentos en que necesitamos que el gasto público y la política monetaria que el Gobierno coordine con el banco, tienen que ser un factor dinamizador de la economía. No puede haber un dogma de que eso es pecado o un sacrilegio. Creo que en Colombia hay que emitir, pero hay que emitir con criterios.

SEMANA: ¿Eso qué significa?

A.S.: Dónde se pone la plata. Y yo la pondría en las nóminas de las pymes, por el enganche, por el despegue. Aquí hay unos que piensan en emitir como un helicóptero, y salir a repartirles a los pobres. Eso no es ni populismo, eso es charlatanería. Hay que emitir con unas normas, con un cuidado. Si yo emitiera, haría una salvaguardia en importaciones para que la plata que ponga en la economía, no se vaya a importaciones. Hoy en Colombia, la variable que más está creciendo de oferta y demanda son las importaciones, al 45 por ciento. Entonces ve una economía creciendo al 7, pero unas importaciones creciendo al 45.

Pandora a la carta

Con base en la información conocida, pueden intuirse las artimañas a las que varios “notables” acudieron para pagar pocos o no pagar impuestos.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La Ley 1111 de 2006, de Álvaro Uribe y Alberto Carrasquilla, eliminó el impuesto del 7 por ciento al giro de utilidades al exterior de quienes por relaciones de dependencia o corporativas envían este tipo de remesas (Saqueo, pág. 86).

Las inversiones de nacionales en el exterior sumaban aquel año 23.943 millones de dólares, pero para 2017 ascendían a más de 53.000 (Saqueo, pág. 184). Protegido por la Ley 1111, el dinero se refugió “principalmente a partir de 2009” en Panamá, donde está el mayor porcentaje, 16 por ciento, con rentabilidades entre el 4,7 por ciento y el 6,8 (Banrep, Borradores de Economía, n.º 1068). También en España e Inglaterra por los tratados de protección de inversiones, los preferidos por el exfiscal Martínez Neira para registrar bienes raíces. Para monitorearlas, la Dian intercambia información con 48 jurisdicciones y solo hace dos años Panamá inició el proceso (El Tiempo, julio 2 de 2021).

La alianza periodística Connectas ha destapado los PanamaPapers (2017), en los que figuró el mismísimo Carrasquilla para tramitar el negociado de Bonos Agua, y ahora los Pandora Papers. El coro de que “todo es legal”, orquestado por Iván Duque, no elimina sospechas a empresas y magnates que se valen del mecanismo, ni menos logra cubrir a expresidentes y dirigentes políticos, en particular a los que, al iniciarse en la vida pública, estaban en deciles inferiores, y ni hablar de Junco, el director de la Dian, involucrados todos en el selectísimo grupo élite del 0,0012 por ciento de la población con tales prácticas. Con base en la información conocida, pueden intuirse las artimañas a las que varios “notables” acudieron para pagar pocos o no pagar impuestos.

Andrés Pastrana. Guardaba su patrimonio personal y familiar en una sociedad en comandita simple, Salatina Puyana y Cía. S., un viejo truco usual en familias adineradas para brincarse, por las características societarias, el pago del tributo a herencias. Al insertarla en Vanguard Investments Inc., en Panamá, dicho patrimonio pasó de pesos a dólares y quedó exento, fuera del impuesto a la riqueza, también del de renta sobre los beneficios causados. Es el típico personaje que “separa su suerte de la suerte de la Nación”. ¿Cuánto le dolerán nuestros infortunios al expresidente? Los explican dos refranes: “Donde está tu dinero está tu corazón” y “Mi patria, mi bolsillo”.

César Gaviria. Aparece como director de la sociedad panameña MC2 Internacional S. A., que absorbió a la radicada en Colombia MC2 SAS ESP (Cuestión Pública), del sector de hidrocarburos, en particular en distribución de gas en Colombia y Perú, asociada allá con la Organización Sarmiento Angulo y beneficiaria de contratos sin concurso en TGI y Ecopetrol. Gaviria también se mueve en el mercado de obras de arte, seguros y consultoría.

En claro aprovechamiento de la Ley 1111 de Carrasquilla y Uribe, remite a Panamá, sin pagar impuesto alguno, las ganancias a las que tiene derecho (¿el 100 por ciento?), venidas de la sociedad matriz colombiana, que caen al bolsillo de este otro expresidente en el 58 por ciento y el resto a familiares e íntimos. Impresentable.

Marta Lucía Ramírez. Las cuestionadas conexiones lucrativas de la vicepresidenta y canciller son de vieja data. Cuando fue ministra de Comercio Exterior, hubo de declararse impedida sobre zonas francas. Fue abogada de Philip Morris en pleitos con la Dian. Es conocida la sociedad constructora del Edificio Torres 85, que su firma familiar Hitos Urbanos pactó con el paramilitar Memo Fantasma. Y en el debate en el que el senador Robledo denunció la “indemnización” por 1,4 billones de pesos, que intentó pagarse por adelantado a los socios de la Ruta del Sol para evadir el fallo del tribunal de arbitramento, chispearon sus fuertes nexos con el Grupo Aval.

Marta Lucía Ramírez vuelve a escena por su asociación, de 2005 a 2012, en la comisionista de bolsa, Global Securities Management Corporation, basada en Islas Vírgenes Británicas, y con un socio condenado “lavador de dinero profesional”, para operar “en el mercado de valores con cobertura de diferentes países de Latinoamérica”. Según participaba desde la firma panameña Stulb Investments Corp., combinó Islas Vírgenes y Panamá, como modus operandi. ¿Qué pasó con las rentas en esos siete años? Sin mesura.

Gaviria, Pastrana, Ramírez y demás políticos nombrados en Pandora Papers como Peñalosa (“El negocio, socio”) o Alejandro Char (¡Cuándo no!), cada cual a la carta, deben ser esculcados a fondo. Tiraron lejos la admonición de Lleras Camargo, “no mezclar los negocios con la política”, y hoy pertenecen al club de superricos con una tarifa efectiva de tributación del 2,26 por ciento, la menor entre todas las de todos los contribuyentes (Garay y Espitia). Indignante.

Tres puntillazos a la producción nacional

Las amenazas al agro, al sistema cooperativo cafetero y al acero nacional no son extrañas al modelo económico prevaleciente y profundizado por Duque.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Duque se empeña en implantar políticas destructivas de ramas claves de la producción como la siderurgia, los fertilizantes y la comercialización del café, provocando la ruina de agricultores, de fábricas de acero y, en plena bonanza, de la red de cooperativas cafeteras.

Miles de caficultores, arroceros y maiceros viven una tragedia por la enorme alza de los precios de los fertilizantes en el último año. En la urea, por ejemplo, de 70.000 pesos a 150.000 por bulto de 50 kilos; en el Triple 15 y el DAP, incrementos de 90.000 pesos a 145.000 y de 100.000 pesos a 195.000. Los fertilizantes pasaron de ser 25 por ciento al 45 por ciento de los costos de producción del arroz, y los importes de producir una carga de café se treparon de 800.000 pesos a 1.100.000.

Es el resultado mixto de la devaluación del peso y de una subida mundial en el valor de los fertilizantes y sus materias primas, así como de los fletes, ya que ambos son importados. “La mayoría de los precios de los fertilizantes se dispararon en 2021, en particular los fosfatos y la urea, impulsados por la fuerte demanda” (Banco Mundial). A su vez, el valor medio global de transportar un contenedor pasó de 2.250 dólares a 10.517 (https://fbx.freightos.com/).

En tan trágico escenario, el Gobierno de Duque, mediante la Supersociedades, intervino, por razón opaca e información incierta, a Monómeros Colombo-Venezolanos. Al mirarse el mercado nacional de abonos, que, según el Banco Mundial y la FAO, es de los de mayor consumo en el mundo, se orienta hacia una alta concentración de la oferta a favor de la multinacional Yara, que prepondera desde 2014 con la compra de Abocol.

Como si fuera poco, Ferticol, factoría pública nacional de fertilizantes, sobresaliente por su producto Nitron 26 y proveída por la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, acaba de clausurarse por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, deshonrando su palabra de campaña.

Se avanza hacia un eventual monopolio para surtir los dos millones de toneladas utilizadas, de las cuales 400.000 se elaboran localmente y las otras son importadas por más de 700 millones de dólares, suma que, por lo visto, se duplicaría, ya que es el cuarto arancel que más carga moviliza. Duque, en vez de aliviar, refuerza las cargas sobre el agro.

En la siderurgia, el empujón al abismo es más recio. Por la coyuntura mundial, los precios del acero se han elevado, a pesar de lo cual la producción nacional aumentó 46 por ciento. Atendiendo demandas de las firmas constructoras, de gancho con las financieras, el Ministerio de Comercio, para abaratarlo, optó por rebajar los aranceles, del 10 al 5 por ciento, y propiciar el ingreso de más producto de China y Turquía, que ya captura una porción del mercado y reconocido por venir con dumping, debajo del costo de producción.

Las principales siderúrgicas en Colombia son de consorcios brasileños, y hay dos colombianas, en el Valle y en Boyacá. Suman 45.000 empleos entre todas y una capacidad de 2,6 millones de toneladas que apenas se utiliza al 60 por ciento, por la importación de productos extranjeros en condiciones espurias. Con la nueva disposición, las siderúrgicas marchan a la parálisis.

Las cooperativas cafeteras viven un apuro crucial. Destacado hasta por Duque como “éxito” el sistema de compras a futuro, en Andes, Antioquia (video minuto 1-40 a 2-30, https://www.youtube.com/watch?v=i3ygd8FR1p4), enfrentan un revés insólito por los altos precios internacionales. Al haber transado de antemano con miles de caficultores a valores cercanos a un millón de pesos por carga y con compromisos de entrega en el exterior, enfrentan un cuello de botella, pues los productores, al ver alzarse las cotizaciones a más de 1.800.000 pesos, decidieron incumplir y rehúsan mover su café hacia las cooperativas.

La falta, que podría llegar a 500.000 sacos de 60 kilos, con un sobrecosto de 200 millones de dólares, hundiría el sistema cooperativo, que ya perdió en 2020 casi 25.000 millones de pesos. Caerían entidades como las de Andes, Risaralda, algunas de Tolima y Valle en estados financieros negativos y otras con márgenes muy estrechos. ¿Se saldará a cargo del Fondo del Café? ¿Del ahorro patrimonial de los afilados? ¿De Expocafé?

Las amenazas al agro, al sistema cooperativo cafetero y al acero nacional no son extrañas al modelo económico prevaleciente y profundizado por Duque. La algarabía, por un crecimiento económico del 8,8 por ciento en el primer semestre de 2021, oculta que la variable más influyente son las importaciones, incluido el café en grano, que escalaron en el año corrido el 45 por ciento, por encima de cualquier otra.

Los puntillazos reseñados se suman a muchos del martillo del libre comercio contra la producción nacional. Otros tres más.

El yerno de Trump y las extensiones del TLC

Hubo sí una extensión del TLC, con jugaditas a favor del Norte y de ñapas a Europa con algo que denomina “recomendaciones exigentes”.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

El exministro de Hacienda de Juan Manuel Santos, Mauricio Cárdenas, publicó una suerte de novela económica, de “episodios y anécdotas”, titulada Cómo avanza Colombia, que suscita debate no solo por chocar con la opinión general, que vive lo contrario, sino por omitir asuntos trascendentales como el balance sobre los resultados de los TLC puestos en marcha como estrategia central por ese Gobierno, al que sirvió por 83 meses como ministro de Minas y luego de Hacienda.

Se complace de que Trump no hubiera invitado de manera directa a renegociar el TLC, como pasó con México (pág. 87). No obstante, sin miramientos y al tenor del ingreso a la Ocde, cuenta las cesiones a Estados Unidos en cinco “cabos sueltos” del Tratado: derechos de autor, licores, “chatarrización” de camiones, farmacéuticos (Res. 06-CNPD-agosto 6-2018) y asuntos laborales, estos últimos como taparrabo. Es decir, hubo sí una extensión de los TLC, con secretismo y jugaditas a favor del Norte y de ñapas para Europa, con algo que denomina “recomendaciones exigentes” (capítulo 2).

Destaca al yerno de Trump, Jared Kushner, el marido de Ivanka, como palanca para resolver “dos grandes obstáculos en la recta final” del ingreso a la Ocde, por lo que Cárdenas agradece su diligencia. Kushner, según narra, ayudó a ablandar –frente a las enmiendas en los capítulos enunciados– al representante comercial, Robert Lighthizer, que vio, en la obstinación de Colombia por entrar a la Ocde, un chance para “apretar tuercas” sobre los temas pendientes (pág. 90). ¿No conocía Cárdenas las denuncias sobre los Kushner acusados de múltiples ilegalidades vinculadas al tráfico de influencias? Hasta en Netflix están. ¿O no supo que siguió “participando en los negocios (…) beneficiándose de políticas que impulsó dentro de la administración”? (Wikipedia). ¿Kushner cobró? Inaceptable.

El que no se guarde mínimo recato en esta narrativa se explica por el dogma en que algunos convirtieron los TLC, “fuera del cual no hay salvación”, que todo lo justifica y vale y que cuenta entre sus destacados correligionarios a varios precandidatos como Óscar Iván Zuluaga, Juan Carlos Echeverry, a los propios Alejandro Gaviria y Enrique Peñalosa, y otros prosélitos como Iván Duque, Alberto Carrasquilla y Andrés Felipe Arias, quien defendió el acuerdo con Estados Unidos por el intercambio “de trigo por uchuva”. Le salió al revés: luego de nueve años, importamos en promedio anual 150 millones de dólares del cereal y exportamos menos de 3 millones de la fruta. Coinciden en la feligresía a los TLC, igualitos (USDA FAS-ProColombia).

Para refrescar la memoria de Cárdenas, sirve retomar cifras del balance de algunos TLC, vigentes desde Santos y varios negociados por Uribe, presentados como fuente substituta de ahorro para salvar la destorcida de los precios del petróleo y de la minería a partir de 2014. El déficit comercial acumulado por Colombia en el TLC con Estados Unidos entre 2012 y 2019 fue de -7.593 millones de dólares; con la Unión Europea, de -7.414; con México, espina dorsal de la Alianza del Pacífico, de -25.566; con Mercosur, de -14.876; con Canadá, de -2.989 y con Corea del Sur, de -3.819. Peor imposible (cálculo con datos MinCit).

La inversión extranjera directa no trajo la utopía que documentos oficiales le atribuían como “fundamentales para lograr el financiamiento de una tasa de inversión del 30,7 %” (Conpes 3837, 2015). Aunque esa modalidad creció 65.436 millones de dólares entre 2015 y 2019 (Banrep), el PIB creció solo 2,4 por ciento en promedio, el peor en lo corrido del siglo hasta entonces, y el PIB por habitante, en dólares constantes de 2015, apenas el insignificante 0,5 por ciento anual, menor que la tasa de crecimiento de la población, y, si se acoge el concepto de renta nacional de Piketty, que sustrae del PIB las utilidades del capital foráneo, el resultado sería más funesto.

Para cubrir tal estancamiento y el déficit externo, la deuda del sector público consolidado entre 2015 y 2019 creció de 438 billones de pesos a 593, un exorbitante 35 por ciento, y por habitante llegó a niveles del 57 por ciento del ingreso personal (Banrep). Así el lector puede comprobar si la estrategia de libre comercio y atracción a toda costa del capital extranjero, como variable de cierre, lleva, según aduce Cárdenas, “al progreso”. Mejores los datos que las anécdotas.

Dos precandidatos, De la Calle y Jorge Robledo, han planteado en forma abierta la revisión de los TLC. Incluso Petro avaló el ingreso a la Ocde, que, como se devela, se mezcló con el endurecimiento de los tratados. ¿Hay avance o hay retroceso? Aunque se vea remoto, este es el debate principal de la campaña política en curso y en consecuencia: ¿cambio o continuismo?

¡Manos arriba!

Cunde el pánico porque además se perciben la falta de una política integral de seguridad, sin diagnóstico certero, y palos de ciego en las medidas correctivas.

*Publicado originalmente en Revista Semana.

La inseguridad es tema prioritario de la agenda urbana en Colombia. Invamer dice que para 96 por ciento de la opinión está empeorando; Ecoanalítica, que el 15,3 por ciento lo ve como “primer problema”; Datexco, que 5 por ciento percibe mejoras. SEMANA-CNC mostró las secuelas sobre la favorabilidad de las distintas autoridades.

Cunde el pánico porque además se perciben la falta de una política integral de seguridad, sin diagnóstico certero, y palos de ciego en las medidas correctivas, como que se puede “disuadir” con 350 soldados de PM o con aumentar las penas a “los recurrentes” o que con sesgos xenófobos o que con culpar a los jueces se explican las causas. Experiencias internacionales, que podrían acogerse, no pasan por la mente del jefe nacional de la Policía, Iván Duque, y menos por la del ministro Molano, el del “protestódromo”, algo que mueve más a risa que a indignación.

Por ejemplo, el BID (2016), en ‘Delitos violentos en ciudades de América Latina’, afirma: “No comprender las causas de la delincuencia y descartar evidencia puede conducir a que los tomadores de decisión implementen estrategias ineficaces”. Definió cuatro factores concomitantes con el crimen: 1) Las penurias económicas; 2) La inestabilidad residencial, para los delitos contra la propiedad y lesiones; 3) La combinación de desintegración familiar, ausentismo escolar y estructura de edad de la población y 4) el consumo de alcohol. Sin desconocer particularidades, como en Colombia, donde contribuyen remanentes del conflicto armado y el narcotráfico.

También un compendio de The Guardian (junio 2015), ‘24 medios para reducir el crimen en las más violentas ciudades del mundo’, aporta otras ideas: “No usar lenguaje violento” (Padayachee); hacer “balance entre represión y prevención” (Muggah y Leite), y tratar la “violencia virtual”; incidir en la cultura por la convivencia y asistir con programas a asociaciones comunitarias y escuelas (De Boer-ONU); “atender la desigualdad” (Leite) y “reforzar controles de las armas ilegales” (Overton), que en Colombia crecieron de dos millones a 4.267.790 en 25 años, cuyo uso, fuera de homicidios, se triplicó hacia hurtos (www.ideaspaz.org). Rajados en todo.

Según la estadística delictiva (Policía Nacional) en el país, desde 2015 se cometen más de 12.000 homicidios al año. El robo a comercios se disparó de 23.060 a más de 60.000 en 2017, 2018 y 2019. Por la pandemia bajó, pero en 2021, con 25.000 que iban en agosto, pasarán de 40.000. El hurto a personas se triplicó entre 2015 y 2019, de 101.449 a 306.847, y descendió por la cuarentena, pero en 2021, a golpe de 21.000 mensuales, llegaría a 250.000, a 29 por hora, uno cada dos minutos.

En Bogotá se cuentan 271 atracos personales diarios, y a agosto 31 iban 65.207, tantos como en ese mes de 2018. Por hora se roban seis celulares y más de una bicicleta, y cada 120 minutos, una motocicleta (Secretaría de Seguridad y Convivencia). Se insiste en que “La guerra mundial contra las drogas es gran generadora de crimen, violencia e inseguridad” (Platt). En Colombia urbana es relevante. Aunque el consumo de sustancias ilícitas pasó del 2,7 por ciento de la población al 3,75 por ciento en una década, las capturas conexas con estupefacientes van en contravía: pese al mercado creciente, pasaron de 249 diarias en 2013 a 150 en 2019 (Cálculos-datos de MinJusticia y Gicri).

Sobre el microtráfico y las armas ilegales, se dice: “Todo se agrava en la medida en que las fuerzas de seguridad comienzan a confiar en estructuras corruptas”. La Policía Nacional no está exenta. Al consultar en Google “Policías corruptos en Colombia”, aparecen 894.000 resultados, más que en Ecuador, México y Francia, entre 420.000 y 768.000, pero menos que en Brasil y España, encima de un millón, fuera de reiteradas culpas en la observancia de los derechos humanos. En mayo de 2016, una “purga general” expulsó a “más de 2.000 uniformados” (SEMANA, mayo 2016). Entre 2016-2017 se destituyó por diversos delitos a 1.160 agentes, 54 por ciento por concierto para delinquir (MinDefensa). En 2018 había 2.488 policías detenidos (El Colombiano, 6 de noviembre de 2018). En Bogotá, entre junio de 2016 y 2019, se destituyeron a 547 (Publimetro) y un coronel y varios policiales fueron brazo de “ganchos” del Bronx.

“Si la sal se hizo insípida”, ¿quién le devolverá sabor? El debate debe iniciar por ahí y coincide con tres proyectos de ley, dos oficiales y uno de la oposición, para reformar a la Policía, de los que el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, ya anunció que se aprobará el “que el gobierno quisiera” (Navas). Gómez pone así “¡Manos arriba!” a sus colegas, mientras el Modelo de Transformación Institucional (MTI) propuesto por una comisión consultiva en 2017, con glosas sobre salarios, reclutamiento y transparencia en investigaciones internas, sigue engavetado.

Hoyo en uno

¿Se crean dos Cartagenas, una, del Mandela y Bazurto, y otra, paraíso elitista para quien aterriza con la talega de golf buscando un hoyo en uno?

*Publicado originalmente en Revista Semana.

Carlos Haime fue empresario en varios sectores económicos, en particular el de aceite de palma y jabones. Poseyó la hacienda Los Morros, en el norte de Cartagena, que extendió hasta abarcar miles de hectáreas, de lado a lado de la ciudad, fruto de la prescripción adquisitiva de dominio de posesiones precarias compradas al detal. Soñaba con expandir hacia allá la ciudad.

El sueño, por el empeño de herederos y socios, se va haciendo realidad. Por la vía que conduce a Barranquilla se edifica otra urbe, lejos del Corralito de Piedra, patrimonio cultural de la humanidad, libre no tanto del significado histórico sino de tachas que incomodan a las élites nacionales e internacionales, como la creciente pobreza, que abarca a una de cada dos personas (Dane, 2020), o la informalidad, en tres de cada cinco ocupados, expresada en miles de venteros en las playas de Bocagrande y Castillo, o la prostitución, que se ha hecho pública, o el turismo de masas con tumultuosos paseos de grupos venidos del interior.

La conurbación empezó con el conjunto residencial Barcelona de Indias, supuesta imitación de la española, que arrincona a consejos comunitarios como el de La Boquilla, según una crónica de Andy Robinson. Se va construyendo otra Cartagena, que también promueve ventas a “cachacos” para adquirir “segunda vivienda” o “vivienda de retiro”, atraídos además por las “mejores canchas de golf de América Latina”, como las diseñadas por Nicklaus, con club resort a bordo, o por atractivo turismo VIP en cadenas como Holiday Inn, Radisson o Meliá, en un exorcismo de lo autóctono para proyectar un Cancún u otra Punta Cana (“Barcelona de Indias no quiere afrocolombianos”, La Vanguardia, 9 de febrero de 2020).

La segunda fase es “Serena del Mar, ciudad soñada”. Abundan planes inmobiliarios de conocidas firmas cartageneras y del país, que incluyen inmuebles con vistas al mar y precios por metro cuadrado hasta de cinco millones de pesos o más, ambiente tropical, piscinas por montones, manglares y playa privada. Se gesta una operación de especulación sobre el suelo sin que se defina la participación en la plusvalía de ninguna instancia estatal, que pueda orientar dichos recursos a poblaciones marginadas e inversión social, no vía altruismo, sino como debe ser: como contribución fiscal.

La Universidad de los Andes ya plantó allí la sede académica del Caribe y le agregó un componente de finca raíz con un proyecto de oficinas. También la Fundación Santa Fe montó una moderna IPS, y los servicios públicos los presta una poderosa compañía particular. Nada público, todo privado, y “la oferta cultural la completan un campo de golf diseñado por Robert Trent Jones y un canal entre la Ciénaga y el mar para yates y motos de agua”. Entre tanto, los consejos comunitarios de Tierra Baja, Punta Canoa y Manzanillo del Mar declaran estar confinados a “unos islotes” (Robinson).

La fantasía se afina con la concesión a 30 años, en la modalidad de iniciativa privada o IP de un nuevo aeropuerto en Bayunca, corregimiento a 20,5 kilómetros al norte de Cartagena. Una “ciudadela aeroportuaria” de 650 hectáreas, que conectará con la doble calzada Cartagena-Barranquilla por La Cordialidad y que “podrá extender su capacidad hasta 30 millones de pasajeros”, para competir con Panamá como centro regional de operaciones aéreas. Por esta “acción urbanística del Estado” se acrecentarían todavía más las plusvalías.

El lote, en poder de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, decomisado a la mafia de Marquitos Figueroa, es el aporte de la nación cedido al futuro concesionario (El Universal, 13 de junio de 2019). Con la inversión de 800 millones de dólares tendrá, como en las privatizaciones aeroportuarias, 50 por ciento o más de los retornos derivados de las tarifas aeroportuarias que fija Aerocivil, pagadas por los usuarios, que en la prefactibilidad se calculan al triple del valor de las actuales, y 100 por ciento irán al concesionario, ni un peso al Estado, pues así se requiere para costear la obra que en los primeros diez años tendrá la misma capacidad que la actual terminal Rafael Núñez. Esta, en manos de la española Aena, el Grupo Aval y socios locales, se mantendrá “mientras llega el de Bayunca” (ANI) y se desconoce si se quedarán con ambas o si surgen otros jugadores tras el botín.

El negociazo que cerrarán en 2022 Iván Duque y la vicepresidenta, dedicada a temas de la Heroica, reforzará la visión urbana excluyente, de “ciudades competitivas”, refutado por entidades como ONU-Hábitat, que lleva a inquirir: ¿es necesario el aeropuerto en Bayunca? ¿Tal ordenamiento mejora la iniquidad local? ¿Se estudió el impacto ambiental del esquema? ¿Se crean dos Cartagenas, una, del Mandela y Bazurto, y otra, paraíso elitista para quien aterriza con la talega de golf buscando un hoyo en uno?